Viola derechos de las comunidades y pueblos originarios de la región, amenaza sus territorios y fuentes de sustento, como la apicultura; promueve la deforestación; implica un despliegue inusitado de agrotóxicos, con altos impactos a la salud, al medioambiente y a la biodiversidad, y pone en riesgo un ecosistema único de suelos kársticos de alta permeabilidad, a cenotes y cuerpos de agua subterráneos, lo que a su vez llevará a alta contaminación del agua potable con glifosato, agrotóxico declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud.
Algunos de estos factores y otros adicionales llevaron a que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y el entonces Instituto de Ecología emitieran dictámenes negativos a la liberación de soya transgénica en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. También a que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas expresara una larga lista de serias preocupaciones al respecto. Pese a esto y contra la expresa oposición de comunidades, apicultores, técnicos y pobladores de la península, la Comisión de Bioseguridad (Cibiogem) y la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) autorizaron a Monsanto en 2012 la siembra de 235 mil hectáreas de soya transgénica, en estos y otros estados del país.
Desde entonces, varias asociaciones de apicultores, comunidades y organizaciones no gubernamentales, que incluyen a la coalición MA OGM y Greenpeace, presentaron amparos contra este permiso. Las maniobras de empresas e instituciones gubernamentales implicaron un tortuoso camino que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, a finales de 2015,
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