Por: Zazil Carreras
Twitter: @ZazCarreras3_0
Los apicultores
de la Península de Yucatán han pedido que esta región del país sea
considerada como una zona libre de transgénicos.
De acuerdo a lo que
establece el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad y Organismos
Genéticamente Modificados, una zona puede ser declarada libre de
transgénicos para la protección de productos agrícolas orgánicos y otros
de interés de la comunidad que solicite esta categoría, si se puede
comprobar que se producen organismos de la misma especie a través de
procesos agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente
que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos
normativos para su certificación.
A través de su
Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, el Colegio de la
Frontera Sur (Ecosur) realizó en 2012 una investigación en localidades
del Soconusco con el fin de conocer más la influencia de los
transgénicos en la elaboración de miel y determinar con elementos
científico-técnicos si era viable la coexistencia entre apicultura y soya transgénica.
Derivado de esa
investigación, Ecosur emitió un informe técnico detallado en diciembre
de 2012 que desmiente las aseveraciones de AgroBio (asociación civil que
congrega empresas desarrolladoras de biotecnología agrícola, cuyos
miembros son Bayer, Dow AgroSciences, Monsanto, Pioneer y Syngenta) y
demuestra que las abejas sí visitan las flores de soya y -en
consecuencia- la gran mayoría de las muestras de miel y de polen
contuvieron polen de soya transgénica.
“Los contenidos de
polen de soya en las muestras fueron en algunos casos mayores al 40 por
ciento del total del polen. Las abejas pecorean en plantíos de soya que
distan hasta 2 kilómetros de las colmenas. En algunas muestras cercanas y
lejanas de los plantíos de soya se encontraron porcentajes muy altos de
polen de soya genéticamente modificada sobre el total del polen de
soya.”
Las muestras de miel
obtenidas por los investigadores de Ecosur fueron enviadas al
prestigiado laboratorio alemán Intertek, donde se determinó que la los
plantíos de miel transgénicos y los orgánicos no pueden tener una coexistencia viable.
A pesar de este
estudio, el secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem),
Ariel Álvarez Morales, asegura que aunque han recibido algunas
solicitudes para establecer zonas libres de transgénicos “hasta donde
sabemos no se estaban afectando los derechos de productores de miel
orgánica. Ellos son quienes tienen que hacer la solicitud. Es un
derecho, una posibilidad. No puede uno ir a decirles que tienen que
hacer la solicitud”.
Además de declarar
esto, Álvarez aseguró que si la apicultura orgánica tiene algún problema
lo van a revisar y “quizá hay que buscar alguna forma de hacer que
coexistan las tecnologías”. Refiere que cuando se dieron a conocer las
denuncias de los apicultores “no nos quedamos sentados a ver qué pasa.
Conseguimos información, fuimos a la Península, buscamos un grupo
independiente con expertos que nos pudieran asesorar y se les pagó el
estudio. Es gente del Departamento de Apicultura de la Universidad
Autónoma de Yucatán. Ellos son los expertos. A ellos les preguntamos,
ellos nos corroboraron los datos, ellos nos dijeron que veían muy
difícil que hubiera este problema”.
Pero las
irregularidades en materia de transgénicos apícolas no sólo se dan en el
cultivo mismo, sino en el lugar en el que se llevan a cabo. La reciente
autorización otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica), para la siembra comercial de soya
transgénica en territorio apícola, dio inicio a una batalla jurídica de
las comunidades para revocar el permiso.
“Sucede que las zonas
donde están otorgando permisos para sembrar son territorios indígenas.
La zona donde ya otorgaron permiso para la siembra comercial es
indígena, es donde vivimos nosotros y nadie nos preguntó nuestras
razones, si queríamos o no”, acusa Álvaro Mena. Siete amparos fueron
interpuestos. Dos de ellos en Yucatán, dos en Campeche, dos en Quintana
Roo y uno más en Chiapas.
Aunque el juez otorgó
la suspensión de oficio para Campeche mientras se resolvía el amparo,
Monsanto, el Senasica y la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación impugnaron la decisión. De
acuerdo con Fernández, la empresa y las dependencias de gobierno
argumentaron, entre otras cosas, que no había riesgo, que el glifosato se utiliza siempre.
El 30 de enero de
2013, el Tribunal Colegiado de Circuito de Campeche revocó la suspensión
de oficio y aunque el amparo sigue en curso no hay impedimento para la
siembra de soya transgénica a escala comercial en la entidad.
La Sagarpa autorizó a
Monsanto la siembra comercial de soya transgénica sobre 253 mil
hectáreas. En el territorio liberado habitan 41 mil familias, en su
mayoría, indígenas y campesinas que sobreviven de la miel que cosechan.
México es el tercer exportador y sexto productor de miel de abeja. La
autorización es apenas la última de 15 otorgadas para cultivos
transgénicos en las regiones. Los resultados: miel contaminada con polen
de organismos genéticamente modificados y el rechazo por parte de su
principal mercado, los consumidores de la Unión Europea.
Bajo el argumento de
que la liberación al ambiente de soya genéticamente modificada no
implica riesgo alguno, el 11 de mayo de 2012 la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales emitió un dictamen favorable. Y el 6 de
junio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación aprobó a Monsanto Comercial, S.A. de C.V. (proveedor
global de tecnología y productos para la agricultura), el cultivo a
escala comercial de su semilla en la Península de Yucatán, la Planicie
Huasteca y Chiapas (información en Contralínea número 325).
El permiso se otorgó a
pesar de que la siembra piloto y experimental de soya genéticamente
modificada habría contaminado 40 toneladas de miel producidas en la
Península de Yucatán, como lo demostró el desvío que hicieron los
comercializadores del cargamento dirigido originalmente a la Unión
Europea, ocurrido en 2012. También, los siete amparos que interpusieron
organizaciones y comercializadoras de miel para evitar la nueva
autorización.
El riesgo, ahora, es
mayúsculo. “Existe una coincidencia geográfica entre las zonas de
producción de miel en la Península de Yucatán y los polígonos propuestos
de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada”, observó la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(Conabio) en el Análisis de riesgo 007/2012. En éste se lee:
“recomendación final: no se considera viable la liberación en los
polígonos solicitados”.
México es el sexto
productor y tercer exportador mundial de miel de abeja después de
Argentina y China. El 85 por ciento de la producción nacional se destina
a la Unión Europea, principalmente a Alemania, donde goza de prestigio.
Alrededor de 41 mil apicultores mexicanos, en su mayoría campesinos e indígenas, dependen de la actividad. En 2010 produjeron 55 mil 684 toneladas de miel con un valor de casi 1,726 millones de pesos.
El 90 por ciento de
la producción de miel de la Península se exporta y corresponde a cerca
del 60 por ciento de toda la miel que sale del país.
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