El conflicto entre las entidades agropecuarias y la multinacional
Monsanto se inició hace casi un año, cuando la firma resolvió cobrar un
arancel de U$S 15 dólares por tonelada de soja que ingresa al acopio o a
la cerealera si el grano presenta antecedentes genéticos vinculados con
la compañía estadounidense, aprovechando el vacío legal que existe,
producto de una Ley de Semillas que data de la década de los ’70 y no
contemplaba los eventos biotecnológicos.
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