El pasado mes de noviembre la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de las comunidades mayas que se ampararon para suspender la autorización de siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán.
Si bien la sentencia de la Suprema Corte fue un triunfo de la sociedad civil organizada —de los apicultores organizados, de organizaciones como Ma OGM Colectivo sin Transgénicos y Equipo Indignación, de académicos, activistas, empresarios, artistas y miles de ciudadanos—, también es cierto que se trata de una victoria parcial, aún limitada, y que queda mucho por hacer.
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