Un grupo de europarlamentarios del grupo de los Verdes lleva meses estudiando
los datos científicos, procedentes de estudios de la industria, que la
EFSA utilizó para su evaluación sobre el glifosato. Estos datos resultan
clave para resolver la polémica
que empezó en marzo de 2015, cuando la IARC - que sólo tiene en cuenta
la bibliografía disponible públicamente - clasificaba el glifosato como
probablemente carcinogénico para los seres humanos. Sin embargo, los
estudios realizados por las empresas están protegidos por la legislación
de propiedad intelectual, lo que ha hecho tremendamente difícil que se
pudiera acceder a ellos desde un primer momento - incluso se llegó a
sugerir una "sala secreta" como la utilizada para los documentos del
TTIP.
En esta ocasión, los europarlamentarios señalan que los documentos que consiguieron que la EFSA les enviara están incompletos, y solicitan que se les envíen las partes que faltan, que consideran esenciales para evaluar la metodología utilizada. La presión de la población resulta esencial para que puedan demostrar que existe un interés público en estos datos que está por encima del derecho al secreto comercial de las empresas. En este sentido, la Iniciativa Ciudadana Europea que acaba de registrar la Comisión podría ser de gran ayuda en el futuro.
En esta ocasión, los europarlamentarios señalan que los documentos que consiguieron que la EFSA les enviara están incompletos, y solicitan que se les envíen las partes que faltan, que consideran esenciales para evaluar la metodología utilizada. La presión de la población resulta esencial para que puedan demostrar que existe un interés público en estos datos que está por encima del derecho al secreto comercial de las empresas. En este sentido, la Iniciativa Ciudadana Europea que acaba de registrar la Comisión podría ser de gran ayuda en el futuro.
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