Bolivia por la ruta de los transgénicos
Foto: oiedc.blogspot.com
Luego de que en 1973 se registrara la primera generación de organismos
genéticamente modifi- cados (ogm) en el mundo, han sido muchos más los
desaciertos, los riesgos e impactos negativos que los beneficios
anunciados a tiempo de su creación, al punto de que en la actualidad
diversos países han decidido su prohibición.
Normativa
En Bolivia, la legislación nacional se orienta hacia la prohibición de
la producción, importación, distribución y comercialización de
ogm-Transgénicos, sin embargo, la realidad es bastante diferente a lo
que establecen las normas.
El Artículo 255 de la Constitución Política del Estado (cpe) prohíbe
toda forma de producción, importación, y comercialización de ogm.
Asimismo, un paquete de leyes, decretos y resoluciones afirma, en alguna
medida, el mandato constitucional.
Desde el 2005 está en vigencia la Resolución Administrativa vrnma Nº
135/05 que libera al maíz de cualquier posibilidad de contaminación
transgénica.
A partir de 2009 se establece mediante Decreto Supremo 181 (artículo
80) la prohibición de compra de alimentos genéticamente modificados en
Compras Estatales y alimentación complementaria escolar.
Desde la aprobación de la Ley de Derechos de la Madre Tierra queda
establecido “el derecho a la preservación de la diferenciación y la
variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados
genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial…”.
La controversial Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria resguarda
especies de origen y diversidad nacional, entre las que se encuentra el
maíz, de cualquier posibilidad de contaminación transgénica.
Asimismo, el Artículo 24 de la Ley Marco de la Madre Tierra y
Desarrollo Integral para Vivir Bien establece que, a través de una norma
específica, se debe garantizar la implementación de las acciones
necesarias para la eliminación gradual de cultivos de ogm autorizados en
el país.
Situación actual
Este engranaje jurídico constitucional que protege al país de la
producción transgénica es el resultado de la resistencia y la lucha de
los movimientos sociales de Bolivia.
Empero, los avances a nivel normativo aún no han logrado asegurar y
garantizar que los ecosistemas y el medioambiente estén libres de
alteraciones y contaminación, tampoco han permitido resguardar nuestro
material genético generado en miles de años por las y los agricultores
indígenas y campesinos y mucho menos salvaguardar la salud de la
población.
En la actualidad la soya es el único producto con autorización legal
para su producción transgénica, sin embargo, se conoce que existen otros
transgénicos diseminados en territorio nacional.
Según datos de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas
Protegidas, el 100 por ciento de las muestras de algodón seleccionadas
en el Municipio Pailón, en Santa Cruz, para pruebas de detección de
organismos genéticamente modificados era producción transgénica.
Asimismo, ensayos realizados el 2010 en la región del Chaco –Santa
Cruz, Chuquisaca y Tarija– evidenciaron que cuatro de 187 muestras de
maíz eran transgénicas.
Sin duda son datos alarmantes, pero preocupa aún más que ante esas
evidencias no se haya realizado el seguimiento y no se haya adoptado
acciones pese a tratarse de especies de las que nuestro país es centro
de diversidad genética.
Eso demuestra que no se aplica la legislación nacional y, por tanto, no
se protege la diversidad genética del país, principal fuente de
soberanía alimentaria y base elemental para enfrentar cualquier
adversidad generada por el cambio climático.
Vulneración
Lejos estamos de lograr lo que ocurre en otros países, en los que, en
base a reportes científicos que advierten sobre los diversos impactos
ambientales, sociales y en la salud provocados por los transgénicos, se
aplican políticas de moratoria, prohibición y etiquetado de estos
productos. En Bolivia no sólo se incrementa la producción, sino que
también se promueve el consumo.
El 2012, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) ha
reportado que el cien por ciento de la producción de soya en el país es
transgénica. Si esto es así, es por demás evidente que se incumple el
decreto de autorización de la soya transgénica en el que se establecen
mecanismos para el control de la segregación, seguimiento ambiental,
destino, entre otros.
Aún más, la expansión de este cultivo consolida el poderío de una elite
agroempresarial que acapara las mejores tierras cultivables del
territorio nacional y se beneficia con el subsidio a los hidrocarburos y
otras políticas estatales, provocan- do la continua extranjerización
de la tierra, conflictos ambientales, inseguridad alimentaria,
dependencia productiva y comercial campesina, entre muchos otros
impactos y efectos.
Llama la atención que, pese a saber que la mayor parte –100% según
Anapo– de la producción de soya nacional es transgénica, el Gobierno
haya incluido este producto en el paquete alimentario del subsidio
prenatal y de lactancia.
Aún más, sorprende que en la etapa de desabastecimiento de algunos
productos básicos de la canasta familiar –azúcar, arroz y harina– la
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) los haya
comercializado “casados” con la carne de soya transgénica, priorizando
las solicitudes del agronegocio soyero en detrimento de la salud de la
población e incumpliendo el Decreto Supremo No 28225 de 1 de julio de
2005, que establece que la soya transgénica producida en el país es
exclusivamente para exportación.
Es sabido que la producción transgénica llega a los hogares en forma de
aceite o algunos productos de importación y contrabando, ante lo cual
tampoco se aplica medidas ni se cumple la legislación.
Sólo en aceite de soya, según registros, cada boliviano ingiere
aproximadamente 9,4 kg (ya que el consumo total es de 12,5, de los
cuales el 75% corresponde a soya) sin contar con la mínima información
sobre lo que se lleva a la mesa y los riesgos a los cuales es sometido
con el consumo de este producto que procede de un paquete tecnológico
(transgénico y pesticida) tan cuestionado en el mundo.
Evidentemente, no se trata simplemente de hacer cumplir las normas,
sino de la voluntad política para hacerlo y para impulsar verdaderamente
los sistemas comunitarios indígenas y campesinos mediante el
fortalecimiento de mercados locales para su producción y políticas
claras de fomento de la investigación y revalorización.
Esto significaría orientarnos de forma real a promover el verdadero cambio en el rumbo agroalimentario nacional.
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