Organizaciones
ambientalistas y de asuntos ciudadanos además de mexicanos a título personal
están presentando quejas ante la Comisión de
Derechos Humanos del país contra el presidente, Enrique Peña Nieto, por los planes de aprobar las
autorizaciones de maíz transgénico, violando así los derechos de salud, informó
ayer Greenpeace.
La ONG comunicó que la
queja es contra Peña Nieto
y otros funcionarios “por la posible aprobación de las
solicitudes de siembra comercial (de transgénicos), ya que en caso de
aprobarlas estarán violando el derecho a la salud, a la alimentación, a un
medio ambiente sano y a los derechos culturales de los mexicanos”.
Actualmente en México
existen cultivos transgénicos experimentales y los campesinos no cuentan con la
información de dónde están localizados ni los resultados de sus análisis.
Desde la Universidad de
Caen en Francia surgió un estudio científico que revela graves enfermedades en
animales que consumieron maíz transgénico regularmente y por tiempo prolongado.
Además, los campesinos temen los efectos nocivos que traen los desinfectantes
tóxicos que usan estos cultivos, los cuales llegan a las aguas afectando todo
el hábitat y la biodiversidad.
Pese a la oposición de la
comunidad agrícola, en México entre los grandes impulsores del negocio de los productos genéticamente modificados asociados a Monsanto, y las patentes
de semillas, están los millonarios, Carlos Slim y Bill Gates.
Greenpeace anunció en tanto, que la
queja presentada por las ONG contra el Presidente de México, “puede ser
replicada por todos”, accionando una iniciativa para que toda la comunidad que
se opone a los transgénicos en el país participe.
Destacó que puede ser
enviada por “cualquier ciudadano a título personal y por otras organizaciones
interesadas, ya que son los derechos de todos los mexicanos los que están en
riesgo”.
Se sumaron en ello el
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, Convergencia de
Organismos Civiles, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
O.P. y el Poder del Consumidor, entre otros.
Fundamentos
de la queja
La queja se basa en el
artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, además de los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, fracciones I, II, inciso a,
VII, VIII, XIII, 24, 25 y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. Se suman a ello medidas cautelares aplicables del Reglamento Interno
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Con fundamento en los
artículos 40 de la Ley de la CNDH(...), con el objeto de evitar la imposible
restitución en el goce de nuestros derechos solicito de manera urgente la aplicación
de medidas cautelares”, señala la queja.
Las medidas consisten en
que las autoridades integradas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), dependiente de la Secretaria Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), incluyendo la Dirección General de Impacto y
Riesgo Ambiental (DGIRA), “se abstengan de otorgar los permisos y dictámenes
favorables que están solicitados para la siembra de maíz transgénico para fines
comerciales hasta en tanto se resuelva el fondo de la queja”.
En el documento se destacan
los derechos de una alimentación sana. A su vez se citan las palabras del
Relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier
Schutter, en visita oficial a México del 13 al 20 de junio de 2011.
Schutter señaló que “el
problema de los cultivos transgénicos tiene una resonancia particular en
México, dada la importancia del maíz en la cultura mexicana”.
Planteó además, graves
riesgos a la diversidad de variedades nativas de maíz debido a las
características del flujo de genes del maíz.
El
polen es capaz de recorrer largas distancias contaminando a los campesinos que
se encuentren en la vecindad, dijo
Schutter.
Aclaró a su vez que también
hay hábitos de intercambios de semillas entre los agricultores mexicanos, lo
que esparciría la contaminación al resto de los cultivos más lejanos.
La prensa mexicana publicó
que los campesinos mexicanos afectados por la contaminación de sus campos no
tienen a quien demandar por los daños. Las entidades que hoy están realizando
las experimentaciones, no informan a los afectados.
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