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Bajo un sol inclemente, entre un mar de plantitas de maíz recién
brotadas, Gladys Cortez muestra su preocupación porque se acabe su
empleo en la cooperativa que produce semillas para el gobierno
salvadoreño, si Estados Unidos logra que sus empresas participen en el
negocio.
“Aquí tenemos nuestra fuente de ingresos para mantener a nuestros
hijos”, dijo la agricultora a IPS, mientras realizaba sus habituales
tareas en la Cooperativa La Maroma, una de las productoras de semillas,
ubicada en el cantón La Noria, del municipio de Jiquilisco, en el
oriental departamento de Usulután.
El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajadora en El
Salvador, Mari Carmen Aponte, condiciona la entrega al país de un
paquete de ayuda no reembolsable de 277 millones de dólares, el llamado
Fondo del Milenio II, a que este país centroamericano licite y abra a
compañías estadounidenses la compra de semillas certificadas.
Excluirlos, ha dicho la diplomática a medios locales, viola cláusulas
del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y
Centroamérica-República Dominicana (CAFTA RD, en inglés), suscrito por
El Salvador en 2004.
Desde el 2011, el gobierno salvadoreño compra anualmente a 18
productores los 88.000 quintales de semilla de maíz que anualmente
distribuye para la siembra unos 400.000 campesinos, para reanimar el Plan de Agricultura Familiar. A cada uno le entrega 10 kilógramos de semilla mejorada y 45 kilógramos de fertilizantes.
Entre esos 18 productores están la cooperativa La Maroma y cuatro más
de la zona del El Bajo Lempa, en el sur del departamento de Usulután.
Estas tierras fueron parceladas y entregadas a excombatientes del entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tras los acuerdos de paz de 1992 que pusieron fin a 12 años de guerra civil, en la que hubo 75.000 muertos.
Fue el primer gobierno del FMLN, en el poder desde 2009, el que abrió
la participación de productores locales en el negocio de la semilla
certificada.
La administración de Salvador Sánchez Cerén, un excomandante
guerrillero que llegó a la Presidencia el 1 de junio, mantiene la
relación con las cooperativas, pero también ha mostrado su disposición a
que las licitaciones incluyan a compañías internacionales.
Las semillas certificadas son variedades que ofrecen mejor
rendimiento y reaccionan mejor a los efectos adversos del clima. Son
resultado de cruzar material genético pero sin modificarlo, a diferencia
de las transgénicas. Las cooperativas también producen algunas semillas
nativas, aunque a menor escala.
La calidad del grano es monitoreada y avalada por el Ministerio de Agricultura
salvadoreño, que en conjunto pagó 25,9 millones de dólares en 2013 por
la adquisición de semillas, mayormente de maíz y frijol, fundamentales
en la dieta salvadoreña.
Hasta que en 2011 se aplicó el nuevo modelo, 70 por ciento del
mercado lo copaba una subsidiaria del gigante estadounidense de la
biotecnología Monsanto, Semillas Cristiani Burkard.
Desde entonces se sumaron otros actores, como las cooperativas, con
semillas certificadas de mejor calidad y precios más competitivos.
La compra del año pasado se hizo por decreto ejecutivo, aprobado por
el Congreso legislativo en diciembre del 2012, que en la práctica dejaba
fuera a las empresas estadounidenses. La embajada exigió una licitación
pública y “transparente”.
En enero del 2014, los legisladores aprobaron un nuevo decreto que
permitió un proceso de licitación con participación a las empresas
internacionales. Pero el proceso, realizado en abril, lo ganaron los
mismos 18 productores.
La embajadora Aponte presiona ahora para una licitación distinta, que
favorezca a sus compañías, en una posición muy criticada por
organizaciones sociales y productores rurales, que en junio protestaron
ante la sede diplomática en San Salvador.
“La posición de la embajada es para promover las semillas de
Monsanto”, dijo a IPS el ambientalista Ricardo Navarro, en referencia al
líder mundial en semillas transgénicas, contra la que abundan
movilizaciones en países latinoamericanos.
La embajadora nunca mencionó a la transnacional en sus argumentos,
pero para Navarro “está implícito que ella se refiere a Monsanto, la más
grande del sector”, cuya filial local “perdió un mercado que creía
suyo”.
La sede diplomática no otorgó una entrevista con el asesor económico John Barret, que solicitó IPS.
Pero el miércoles 2 emitió un comunicado de prensa en el que dice
estar complacida de que el gobierno salvadoreño se haya comprometido a
poner en marcha “un mecanismo transparente, competitivo y de respeto” a
leyes nacionales como la del CAFTA, en las futuras compras de semillas.
Monsanto, por su parte, se limitó a enviar a IPS un correo
electrónico, firmado por el vocero Tom Helscher, en el que niega
cualquier participación en la campaña de la embajada.
La disputa llegó hasta Washington. Dieciséis congresistas enviaron el
martes 1 una carta al secretario de Estado estadounidense, John Kerry,
en la que expresan su preocupación por la presión ejercida por la
Oficina del Representante del Comercio (USTR, en inglés), que impulsa la
campaña de su embajada en San Salvador.
Nathan Weller, director de EcoViva,
una organización estadounidense que trabaja en proyectos de desarrollo
en el Bajo Lempa, dijo a IPS que ha habido compañías del país
norteamericano que ganaron contratos del gobierno salvadoreño, pero no a
través de licitaciones públicas, sino por compras directas o por
invitación.
Ambas mecanismos son legales, pero carecen de la transparencia que exige ahora la embajada para las semillas.
Por ejemplo, en el 2009 y 2010 se otorgó a Chevron Caribbean el
suministro de combustible por contratación directa, por 340.000 dólares y
361.000 dólares respectivamente, según información del Ministerio de
Agricultura.
Esas empresas “ofrecieron un producto a un precio mucho más alto (que
la competencia), y sin embargo, el USTR no comentó esto”, alegó Weller.
La simiente de una vida mejor
La siembra de semillas, además, ha promovido fuentes de empleo en una zona con mucha pobreza.
En el área rural, 43 por ciento de los hogares viven en pobreza,
frente a 29,9 por ciento de los urbanos, según la encuesta anual del
Ministerio de Economía de 2013.
“Además de la generación de empleo, estamos poniendo en evidencia el
potencial productivo de las cooperativas de la zona”, señaló a IPS el
dirigente campesino Juan Luna, Coordinador del Programa Agrícola de la
Asociación Mangle.
Gladys Cortez, afanada en cuidar las plantitas de maíz en la
cooperativa La Maroma, es una de las beneficiadas con un empleo generado
por el programa de semillas.
“Además de que tenemos trabajo, también nos regalan las semillas para
que nosotros las cultivemos para nuestra alimentación”, comentó Cortez,
una mujer de 36 años, que debe lidiar sola con el cuidado de sus dos
hijos, de un adolescente de 17 años y una niña de 13.
Junto a ella, medio centenar de hombres y mujeres laboraban en uno de
los sembradíos de maíz, en La Maroma. Casi todos vestían camisas de
manga larga y gorras o sombreros, para evitar las quemaduras del sol, la
jornada en que IPS visitó el lugar. Todos ganan cinco dólares diarios.
Solo en esta zona del Bajo Lempa, alrededor de 15.000 campesinos
dedicados al cultivo del grano mejorado tienen empleo, calculan los
cooperativistas, por periodos más largos que en las tradicionales
siembras, ya que requiere de mayor atención y cuidado.
“No es que estemos ganando mucho, pero ya el que tengamos un ingreso,
es una gran cosa para una madre sola como yo”, dijo Cortez.
De:
http://www.ipsnoticias.net/2014/07/campesinos-salvadorenos-se-enfrentan-a-eeuu-por-las-semillas/
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