40.000 personas votan en la consulta de una plataforma a favor de la democracia directa
La mayoría de ciudadanos quieren que la tierra se cultive sin
transgénicos, que la Generalitat deje de pagar la deuda que consideran
ilegítima, que se ejerza un control directo sobre el sector energético y
que las propuestas que se presentan a través de Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) sean sometidas a consultas vinculantes entre la
población. Estas son las principales conclusiones del resultado del
multireferéndum, una consulta ciudadana que contenía ocho cuestiones de
diferentes temáticas en la que han participado 37.500 personas. Los
promotores de la plataforma han presentado hoy el resultado de esos
sondeos ante el Parlament en un gesto simbólico para mostrar a los
políticos que ninguna ley puede barrar el deseo de la ciudadanía a ser
consultada y participar así de forma directa en la democracia.
"Presentamos estos resultados cuatro meses antes de la hipotética consulta. Si queremos, si se puede", ha sintetizado Gerard Batalla, uno de los organizadores, delante de sus compañeros, escoltados por una muralla de cajas de cartón que hicieron las veces de urnas. La iniciativa, sin embargo, no está relacionada con el referéndum soberanista más allá de la defensa que hace la plataforma del derecho a decidir. La idea del multireferéndun nació después de que en 2009 el Gobierno tripartito de José Montilla ignoró la ILP que presentó el colectivo Som el que sembrem (Somos los que sembramos) en contra de los transgénicos. No le hizo caso entonces Montilla pero tampoco Artur Mas, que era entonces líder de la oposición.
Con el apoyo de 1.200 voluntarios, las votaciones se realizaron entre el 17 y el 25 de mayo, día en que se celebraron las elecciones europeas, y en ellas participaron 37.495 personas. Las más de 271 mesas se diseminaron por unas 120 localidades de Cataluña. La votación fue impugnada por el Partido Popular, Ciutadans y Vox ante la Junta Electoral Batalla al considerar que podía entorpecer las elecciones europeas celebradas el día 25. La demanda comportó que los Mossos levantaron acta en 161 mesas -148 de ellas fueron clausuradas-; cinco urnas se requisaron y se identificaron a 510 personas.
En total fueron imputadas 23 personas por participar en las mesas: cuatro en Olot, que han sido llamadas a declarar por desobediencia por denuncia de la policía municipal; diez en Vic, condenadas a pagar una multa de 20 euros cada una por desobediencia; una en Castelló d'Empúries, tres en Berga, citadas por delito electoral por denuncias de apoderados; otra en Santa Coloma de Cervelló, pendiente de juicio por delito electoral por denuncia de apoderados, y cuatro en Vilafranca del Penedès y Sant Sadurní d'Anoia por los mismos motivos que la última. Batalla lamentó la actuación de la policía autonómica y la postura del departamento de Interior al acatar la instrucción de la Junta Electoral.
Batalla ha explicado que han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia al considerar contrario a los derechos fundamentales la decisión de la Junta Electoral. Los promotores elevarán ahora las conclusiones del multireferéndum al Parlament y al Gobierno de Artur Mas. La votación ha arrojado los siguientes resultados: un 98% de los participantes apoyaron ejercer control democrático directo sobre el sector energético, un 96,7% a la opción de hacer un referéndum vinculante para las Iniciativas Legislativas Populares, un 93,1% para dejar de pagar la deuda del Govern y los intereses que la ciudadanía considere ilegítima. Por detrás, un 92,4% de los votantes se opusieron al proyecto de pedrera en Argentera; un 91,5% abogaron por una agricultura sin transgénicos; un 90,5% por una gestión directa del servicio del agua en la ciudad de Lleida; un 85,3% rechazó la línea de Muy Alta Tensión (MAT) y un 73,9% al proyecto de BCN World.
"Presentamos estos resultados cuatro meses antes de la hipotética consulta. Si queremos, si se puede", ha sintetizado Gerard Batalla, uno de los organizadores, delante de sus compañeros, escoltados por una muralla de cajas de cartón que hicieron las veces de urnas. La iniciativa, sin embargo, no está relacionada con el referéndum soberanista más allá de la defensa que hace la plataforma del derecho a decidir. La idea del multireferéndun nació después de que en 2009 el Gobierno tripartito de José Montilla ignoró la ILP que presentó el colectivo Som el que sembrem (Somos los que sembramos) en contra de los transgénicos. No le hizo caso entonces Montilla pero tampoco Artur Mas, que era entonces líder de la oposición.
Con el apoyo de 1.200 voluntarios, las votaciones se realizaron entre el 17 y el 25 de mayo, día en que se celebraron las elecciones europeas, y en ellas participaron 37.495 personas. Las más de 271 mesas se diseminaron por unas 120 localidades de Cataluña. La votación fue impugnada por el Partido Popular, Ciutadans y Vox ante la Junta Electoral Batalla al considerar que podía entorpecer las elecciones europeas celebradas el día 25. La demanda comportó que los Mossos levantaron acta en 161 mesas -148 de ellas fueron clausuradas-; cinco urnas se requisaron y se identificaron a 510 personas.
En total fueron imputadas 23 personas por participar en las mesas: cuatro en Olot, que han sido llamadas a declarar por desobediencia por denuncia de la policía municipal; diez en Vic, condenadas a pagar una multa de 20 euros cada una por desobediencia; una en Castelló d'Empúries, tres en Berga, citadas por delito electoral por denuncias de apoderados; otra en Santa Coloma de Cervelló, pendiente de juicio por delito electoral por denuncia de apoderados, y cuatro en Vilafranca del Penedès y Sant Sadurní d'Anoia por los mismos motivos que la última. Batalla lamentó la actuación de la policía autonómica y la postura del departamento de Interior al acatar la instrucción de la Junta Electoral.
Batalla ha explicado que han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia al considerar contrario a los derechos fundamentales la decisión de la Junta Electoral. Los promotores elevarán ahora las conclusiones del multireferéndum al Parlament y al Gobierno de Artur Mas. La votación ha arrojado los siguientes resultados: un 98% de los participantes apoyaron ejercer control democrático directo sobre el sector energético, un 96,7% a la opción de hacer un referéndum vinculante para las Iniciativas Legislativas Populares, un 93,1% para dejar de pagar la deuda del Govern y los intereses que la ciudadanía considere ilegítima. Por detrás, un 92,4% de los votantes se opusieron al proyecto de pedrera en Argentera; un 91,5% abogaron por una agricultura sin transgénicos; un 90,5% por una gestión directa del servicio del agua en la ciudad de Lleida; un 85,3% rechazó la línea de Muy Alta Tensión (MAT) y un 73,9% al proyecto de BCN World.
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