miércoles, 22 de mayo de 2013

Municipio libres de transgénicos: Un ejemplo de autogestión de la justicia

De los 81 cantones que tiene el país, 57 ya se han declarado libres del cultivo de transgénicos. Estas declaratorias municipales se han dado gracias a la participación comunitaria: grupos en su mayoría integrados e impulsados por jóvenes que han estudiado el tema, hecho propuestas y que gracias a esto se ha logrado que una instancia del Estado acoja sus argumentos y avance en un modelo económico distinto al que se impone desde el poder hegemónico del neoliberalismo. Un movimiento que resiste desde la defensa del bienestar común realizando marchas, actividades de información, ferias, huertas, mercados locales y hasta fiestas. Nadie, puede decir que este movimiento no es propositivo.

Los organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos son organismos vivos a los cuales se les ha introducido un gen para que tengan una “nueva” característica. La gran mayoría de estos nuevos organismos, contienen características que les dan resistencia a herbicidas fabricados por las mismas empresas que llevan a cabo este tipo de experimentos. Hace 20 años cuando comenzaron a hacer y liberar transgénicos no se sabía a ciencia cierta cuales eran los impactos que estos producen. A dos décadas de la llamada “Revolución Biotecnológica”, múltiples estudios desde la misma academia y los movimientos sociales esclarecen los verdaderos impactos que esta tecnológica conlleva.

Hace 50 años prometieron solucionar problemas del campo con la Revolución Verde que creó el sistema agroindustrial responsable de producir entre un 26% – 33% de las emisiones de efecto invernadero (solo contabilizando la producción y el cambio de uso de suelo (1). A diferencia de lo que nos dicen, esta situación no se solucionará con la Revolución Biotecnológica porque propone exactamente lo mismo: monocultivos, agrotóxicos, descampecinización con el factor adicional de los OGM contaminan genéticamente y producen a su vez más impactos ambientales y sociales. Al mismo tiempo tienen el potencial de afectar los derechos humanos básicos con los que contamos todas las personas: el derecho a la salud y el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debemos señalar que solamente la amenaza a estos derechos humanos implica su violación y de esta forma, existe una serie de instrumentos y principios jurídicos que han sido desarrollados para su salvaguarda.

Hace ocho años, un grupo ecologista de Paraíso de Cartago, llevó ante el Consejo Municipal una propuesta para que el cantón se declarara libre de cultivos transgénicos y lo logró. De esta forma, Paraíso no solo se convirtió en el primer cantón libre de transgénicos de Centroamérica sino que también avanzó al evitar la contaminación genética y los impactos a la salud, el medio ambiente y salvaguardar los agricultores y agricultoras.

Luego de Paraíso siguieron; San Carlos, Alajuela, Tarrazú, León Cortés, Acosta, Poas, Valverdevega, Santa Bárbara, Upala, Puntarenas, Liberia, Heredia, Atenas, La Unión, Flores, Guácimo, Goicoechea, El Guarco, Puriscal, Escazú, Grecia, Guatuso, Naranjo, Palmares, San Ramón, Alvarado, Oreamuno, Turrialba, Abangares, Hojancha, Nandayure, Nicoya, Santa Cruz, Barva, Belén, San Isidro, Santo Domingo, Talamanca, Aguirre, Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Esparza, Osa, Aserri, Desamparados, Dota, Montes de Oca, Moravia, Perez Zeledón, San José, Santa Ana, Tibás, Garabito y San Pablo, sumando al rededor del 70% del territorio nacional.

El movimiento ecologista a través de dos organizaciones desarrolló un trabajo de información pública y logró que la Defensoría de los Habitantes emitiera un pronunciamiento contra los OGM en el año 2005 y llevó a cabo pruebas en laboratorios para detectar la presencia de los mismos en la venta de semillas y granos. Además logró tener dos representantes en la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, un órgano poco conocido hasta ese momento, que sugiere al Estado políticas y decisiones en relación a permisos de siembra de OGM.

Este movimiento fue creciendo y empezó a evidenciar las relaciones existentes entre los OGM con un modelo agrícola dominado por grandes transnacionales que no benefician al país. De igual modo ha hecho público cómo cultivos esenciales para la soberanía alimentaria, tal como el maíz, se verían afectados por la liberación de especies de maíz OGM.

Este movimiento ha ejercido su derecho, nuestro derecho, a la participación civil autogestionada, un derecho que según el principio X de la Convención de Río, es de suma importancia para la toma de decisiones que afecten lo ambiental. Y como suele suceder, grupos de poder que ven afectados sus intereses económicos por toda esta participación -y por ende por todas las declaratorias de municipios libres de transgénicos- han empezado a interponer acciones en la Sala Constitucional -lo mismo sucedió con las declaratorias de moratorias al cultivo de piña en cantones del atlántico en las que se favoreció a las agro-empresas. Esperamos que esta vez la Sala privilegie no solo esta participación civil que apunta a un modelo de desarrollo más justo en términos sociales y ambientales al tiempo que vela por el derecho humano a la salud y a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

(1) http://www.grain.org/article/entries/4364-alimentos-y-cambio-climatico-eleslabon-olvidado 


Fuente:
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/81500

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