El Parlamento Europeo vota a favor de dar libertad a los estados pese a las autorizaciones positivas
Los ecologistas y las empresas de biotecnología muestran sus discrepancias por motivos diferentes
Los países de la Unión Europea podrán restringir o prohibir a su voluntad el cultivo de transgénicos (organismos modificados genéticamente, OGM), en su territorio o en parte de su territorio, según el acuerdo alcanzado en el Parlamento Europeo. La reforma de la legislación llevaba cuatro años bloqueada por los desacuerdos entre los estados pro y antitransgénicos.La nueva disposición, que entrará en vigor la próxima primavera, recibió 480 votos a favor, 159 en contra y 58 abstenciones. La reforma de la legislación, presentada en el 2010, llevaba años bloqueada. En la actualidad, diversos países, como Francia, Austria, Luxemburgo, Grecia o Hungría, cuentan con medidas nacionales contra el cultivo de transgénicos aunque están autorizados a nivel europeo, lo que crea ciertas dificultades legales.
Los diputados del PPE y los socialdemócratas respaldaron mayoritariamente las nuevas normas, y muchos de ellos indicaron en el debate previo a la votación que, aun sin ser la solución ideal, permitirá resolver las dificultades existentes desde hace años en relación a la autorización de transgénicos.
"Los Estados miembros y los consumidores pueden sentirse ahora más seguros sobre los transgénicos", dijo el diputado socialdemócrata Matthias Groote, que lamentó no obstante que no se haya previsto financiación para compensar a los agricultores cuyos cultivos se contaminen con OGM. La diputada del PPE Pilar Ayuso recordó que se había llegado a una situación "insostenible" en relación a las autorizaciones de OGM.
EFECTOS CONTRADICTORIOS
En principio, la normativa ha normativa ha sido impulsada por los países más reacios a los transgénicos y parece salvaguardar sus derechos, pero las asociaciones ecologistas se apresuraron a destacar que la nueva norma podría tener efectos contraproducentes al dar más libertad a los estados que se muestran más partidarios, como España.Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, entre otros, aseguran que "el Estado podría abrir la puerta a muchas más variedades". Greenpeace, no obstante, se felicitó porque permitirá a las comunidades autónomas dar pasos para evitar el cultivo en sus territorios. Algunas, como Asturias y el País Vasco, ya se han manifestado a favor de prohibirlos.
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