Campaña 17 de Abril de 2013, Día de Las Luchas Campesinas. 2ª entrega
El
25 de febrero de 2013, los estados miembros de la Unión Europea (UE)
acordaron un protocolo para las pruebas que evalúan la toxicidad de los
alimentos transgénicos destinados a alimentación humana y animal. Dichas
pruebas toxicológicas se realizan alimentando ratas de laboratorio,
hasta ahora durante 17 días, ampliados a 90 por el nuevo protocolo. De
27 estados miembros participantes en el Comité Permanente sobre Cadena
Alimentaria y Salud Animal, 20 votaron afirmativamente, cuatro votaron
en contra (Reino Unido, Holanda, Bélgica y Suecia) y se abstuvieron
Portugal y Letonia.
Este acuerdo se produce tan sólo 5 meses
después del revuelo provocado por la publicación, en la revista
científica “Food and Chemical Toxicology” el 19 de septiembre de 2012,
de un estudio de toxicidad a largo plazo (2 años) del glifosato Round up
Ready y del maíz transgénico NK-603 resistente a este glifosato
propiedad de Monsanto. Este estudio, realizado por Gilles Eric Seralini y
su equipo, probó que se producían daños en riñones e hígado y se
desarrollaban tumores tras una alimentación prolongada con este maíz
transgénico. Estos daños se agudizaban si los animales bebían agua en la
que se había diluido glifosato.
Esta investigación fue desautorizada
inmediatamente por Monsanto, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
y científicos vinculados a las multinacionales biotecnológicas. La
acusaron de “métodos científicos poco rigurosos” a pesar de ser
utilizados también por esta multinacional. Algunos científicos
defendieron la conveniencia de evaluar los riesgos a largo plazo y el
carácter innovador de este estudio al combinar transgénicos resistentes a
herbicidas y los herbicidas que se aplican en el propio cultivo que
alimenta a seres vivos. La difusión de esta controversia en medios
científicos y de divulgación ha promovido que, agencias de seguridad
alimentaria de los países de la UE –en particular la Agencia francesa de
Seguridad Alimentaria (ANSES)- se sumen a las reclamaciones de las ONGs
sobre normas más rigurosas para las pruebas experimentales.
Aunque esta nueva legislación parece un
avance a favor de la seguridad alimentaria, no lo es porque pasar de 17 a
90 días no es suficiente. En primer lugar, se trata de un cambio formal
porque el 75% de los estudios que presentan las multinacionales
realizan pruebas toxicológicas a 90 días, sin los cuales, no podrían
acreditar el 80% de significación estadística obligatoria para que sean
aceptables sus resultados.
En segundo lugar, 90 días no bastan para
evaluar efectos crónicos sobre la salud y comprobar si se producen
tumores y daños en órganos como riñones e hígado, encargados de eliminar
tóxicos. El estudio de Seralini ha demostrado que se necesitan, al
menos, 2 años de seguimiento y no sólo tener en cuenta el transgénico
sino también el paquete agrotóxico que lo acompaña.
En tercer lugar, la evaluación de riesgos
seguirá empleando la Evaluación Comparativa, procedimiento desarrollado
desde el año 2000 por el International Life Science Institute (ILSI),
institución creada por la industria biotecnológica para influir en los
protocolos científicos de evaluación de riesgo de la Unión Europea (UE),
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la
Alimentación (FAO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Codex
Alimentarius (Comisión creada en 1963 por la FAO y la OMS que establece
las reglas sanitarias que se aceptan como científicas en caso de
conflicto comercial entre países y a la que se ha denunciado por su
alineamiento con la industria).
La Evaluación Comparativa es una nueva
versión del desacreditado Principio de Equivalencia Sustancial
desarrollado por la OCDE en 1993 . “Evaluación Comparativa” y “Principio
de Equivalencia Sustancial” sirven para escamotear una evaluación de
riesgos exhaustiva al considerar que existen semejanzas (en el primer
caso) o equivalencias (en el segundo) entre transgénicos y sus homólogos
convencionales. Por tanto, son procedimientos aparentemente científicos
para exonerar a la industria de pruebas toxicológicas completas,
ahorrándoles costes y facilitando su autorización. Hace años que se
denuncia que diversos científicos que participan o han participado en el
Grupo evaluación de transgénicos (GMO Panel) de la Agencia europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA) han pertenecido al ILSI. Pero estas
denuncias no acaban con el compadreo entre instituciones públicas e
institutos privados al servicio de las multinacionales.
Esta decisión levanta la moratoria
relativa que mantenía la Comisión Europea al tener que reconocer –tras
la denuncia de Seralini- que los estudios de evaluación que se han
estado validando todos estos años, no eran suficientes. De hecho, la
Unión Europea había suspendido las autorizaciones pendientes hasta
adoptar una decisión sobre los protocolos oficiales y acordar un test
toxicológico obligatorio de 90 días. Sin embargo, los gobiernos han
acordado en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria, que la nueva
legislación no se aplicará a los 93 casos pendientes que se regirán por
la legislación anterior, lo que ha permitido la autorización sistemática
de la mayoría de los transgénicos solicitado hasta la fecha. Es decir,
el acuerdo entre gobiernos sólo ha servido para agilizar de nuevo el
proceso, sin que nada cambie.
Las empresas químicas, farmacéuticas y
biotecnológicas tienen que probar la efectividad de los productos que
sacan al mercado, pero también su inocuidad. Pero las investigaciones
deben acortarse lo más posible para que el negocio sea rentable. Por
eso, el complejo químico-farmacéutico-biotecnológico presiona a las
autoridades encargadas de las autorizaciones y del seguimiento de los
productos en el mercado, para que los protocolos sean lo menos
exhaustivos posible. A su vez, para evitar la competencia, pero también
para no sean acusados de falta de rigor científico (aunque no tienen
empacho en desacreditar los estudios de científicos independientes que
llegan a conclusiones contrarias a sus intereses), procuran poner a
científicos afines en las instituciones de evaluación que, por un lado,
avalen sus resultados diciendo que son eficaces y seguros y, por otro,
que no revelen los datos en los que se basan dichos resultados apelando
al secreto comercial.
Aparece también una controversia que no es menor: los estudios toxicológicos experimentales emplean animales de laboratorio, lo que va contra el bienestar y una mínima ética en nuestra relación con los animales. La Comisión Europea está desarrollando iniciativas para reducir el testeo con animales. En esta carrera para exigir a las empresas exhaustividad y minimizar los daños por la introducción de tóxicos en nuestras vidas, cada vez se realizan más estudios en los que llevan la peor parte los animales que nacen, viven y mueren en el laboratorio. Su existencia está destinada a crearles enfermedades mediante la manipulación genética y otros métodos y después probar en ellos los nuevos tratamientos. En el caso que nos ocupa, en el laboratorio los animales son sometidos a pruebas toxicológicas de alimentos transgénicos que no necesitamos y, fuera de él, están causando daño a animales, plantas y personas en un experimento social a gran escala en el que el único beneficio cierto es el negocio de las multinacionales.
Aparece también una controversia que no es menor: los estudios toxicológicos experimentales emplean animales de laboratorio, lo que va contra el bienestar y una mínima ética en nuestra relación con los animales. La Comisión Europea está desarrollando iniciativas para reducir el testeo con animales. En esta carrera para exigir a las empresas exhaustividad y minimizar los daños por la introducción de tóxicos en nuestras vidas, cada vez se realizan más estudios en los que llevan la peor parte los animales que nacen, viven y mueren en el laboratorio. Su existencia está destinada a crearles enfermedades mediante la manipulación genética y otros métodos y después probar en ellos los nuevos tratamientos. En el caso que nos ocupa, en el laboratorio los animales son sometidos a pruebas toxicológicas de alimentos transgénicos que no necesitamos y, fuera de él, están causando daño a animales, plantas y personas en un experimento social a gran escala en el que el único beneficio cierto es el negocio de las multinacionales.
El 13 de enero de 2013, la Agencia
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) anunció en un comunicado que
iniciaba un proceso de transparencia en la evaluación de riesgos dando
acceso al público y a los científicos que lo requirieran a los estudios
de evaluación toxicológica que justifican sus decisiones. En ese
comunicado divulgaba los datos del maíz NK603, de los estudios propiedad
de Monsanto, añadiendo una nota en la que decía que no asumía la
responsabilidad legal del copyright de estos informes.
Inmediatamente, Monsanto amenazó con
denunciarla si revelaba datos confidenciales de los maíces transgénicos
de la compañía. No se ha dado acceso a ningún otro dossier sobre los
transgénicos de Monsanto u otra multinacional desde entonces a pesar del
casi centenar de autorizaciones pendientes. No resulta muy creíble que
la EFSA lleve a cabo una reforma para priorizar la seguridad de l@s
consumidor@s y la protección del medio ambiente y la imponga al complejo
químico-farmacéutico-biotecnológico. Más bien parece que intenta lavar
su imagen.
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Consejo Rector de La Garbancita Ecológica
Fuente:
http://www.lahaine.org/index.php?p=68509
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