El país está militarizado y en manos del monocultivo transgénico.
Campesinos y miembros de sindicatos marchan en Asunción, capital de Paraguay, durante una huelga general en la que demandan derechos sindicales y una reforma agraria, entre otras reivindicaciones, marzo de 2014.
“Ha ejercido el cargo de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad”. Éstos fueron los argumentos esgrimidos el 22 de junio de 2012 por los diputados de la oposición para expulsar al entonces presidente paraguayo, Fernando Lugo, a través de un controvertido juicio político, calificado por analistas y parte de la ciudadanía como "golpe de Estado parlamentario". Siete días antes, el violento desalojo de unos campesinos que ocupaban unas tierras terminó en masacre: murieron once agricultores y seis policías. Se cumplen 24 meses de todo aquello.
Aquellas horas, que supusieron la expulsión de Paraguay de varios organismos supranacionales de América Latina,“marcaron un antes y un después en el país”, subraya Cristina Coronel, del movimiento Servicio Paz y Justicia. La efeméride coincide con el juicio oral a los 12 campesinos imputados por la masacre. A partir del 26 de junio, sólo ellos responderán por lo sucedido en el sangriento desalojo. Ningún policía ha sido siquiera imputado.
La tragedia de Curuguaty fue la excusa perfecta para acabar con el Gobierno del ex obispo que, en 2008, había protagonizado la primera alternancia democrática tras los 61 años de poder del Partido Colorado, 35 de ellos bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, a quien apoyaban. La salida de Lugo impulsó al poder al Partido Liberal (la otra formación tradicional del país) hasta las elecciones de abril del año pasado, cuando los colorados volvieron a tomar las riendas, esta vez, de la mano de Horacio Cartes, uno de los empresarios más ricos de Paraguay y a quien se ha relacionado con el narcotráfico y el contrabando.
“Todo proceso político que, dentro de los cauces institucionales o no, cuestione el control de la tierra es destruido en su fase embrionaria. Para la elite terrateniente es vital dar un castigo desproporcionado para evitar que a cualquier otro grupo campesino se le ocurra recuperar un latifundio ilegal resistiendo al desalojo. Y esto justificó hasta el golpe de Estado que destituyó ilegalmente a un presidente”, explica el abogado paraguayo Hugo Valiente.
Desigualdad en la distribución de tierra
Dentro de unos márgenes estrechos y en coalición con los liberales, Lugo había logrado al menos cuestionar la expansión de los monocultivos y los transgénicos en el país de América Latina con mayor desigualdad en la distribución de la tierra: el 85% del territorio está en manos del 2,6% de los propietarios, la gran mayoría extranjeros. La tendencia arranca en la época de la dictadura y aún hoy sigue sin resolverse: de los 12 millones de hectáreas que Stroessner iba a dedicar a la reforma agraria, ocho fueron repartidos entre sus amigos. Esas tierras, conocidas como "mal habidas", son un problema “estructural y sobre el que no hay interés de solucionar”, incide Coronel.
Los conflictos por la tierra son una constante que desangra las zonas rurales de Paraguay, el sexto productor y el cuarto exportador de soja del mundo. La soja abarca actualmente tres millones de hectáreas, el 80% de la tierra de cultivo. La mitad de ellas pertenecía a familias campesinas e indígenas, muchas de las cuales han terminado engrosando las filas de pobres urbanos. Este desplazamiento ha agravado la concentración de la propiedad de la tierra y la pobreza rural, según explica la ONG Oxfam, que ha lanzado una campaña de recogida de firmas. Según datos de esta organización, en los últimos diez años, 900.000 personas han sido expulsadas del campo, 585.000 de ellas menores de 30 años.
Valiente recuerda que Paraguay, rodeado por dos gigantes como Brasil y Argentina, es un país agroganadero no industrializado en el que la exportación de materias primas agrícolas es la única fuente de generación de riqueza: “De ahí que las disputas sobre la propiedad de la tierra (que en el caso de los latifundios tiene muchos claroscuros en términos legales) sea una cuestión estratégica por donde pasa la distribución del poder económico y político”, incide.
La agricultura familiar posee menos de dos millones hectáreas, a pesar que desde el Estado fueron asignadas casi cuatro millones a estos minifundios, según revela el censo agropecuario de 2008: “Esto significa que en ese período han pasado a manos de grandes y medianos propietarios la mitad de las tierras que habían sido distribuidas a personas sujetas a la reforma agraria”, aclaran desde Oxfam.
“Estábamos presos y ahora logramos nuestra libertad”. Habla el vicelíder de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, Leonardo González. Desde mayo, 150 personas de este colectivo acampan junto a la catedral de Asunción exigiendo así la restitución de sus tierras, de las que fueron expulsados por el terrateniente alemán Heribert Roedel hace 23 años. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Paraguay que devolviera las tierras ancestrales a esta comunidad indígena del pueblo Enxet, pero aún no se ha hecho efectivo. De momento, la Cámara de Diputados ha aprobado una legislación para devolver 14.404 hectáreas de tierras y la ley aguarda ahora ser promulgada por el presidente de la República.
Situaciones similares de reclamo de tierras, de acampadas y de ocupaciones, de desalojos cada vez más violentos, así como “el incendio de viviendas de campesinos e indígenas son una realidad lamentable”, denuncia el senador liberal Luis Alberto Wagner. Miles de mujeres y hombres campesinos han sido encarcelados y se han registrado más de 130 ejecuciones extrajudiciales de líderes comunitarios desde el final de la dictadura, según las estimaciones de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay.
Un juicio en entredicho
El 15 de agosto de 2013, Cartes juró como presidente del país. Apenas ocho días más tarde se firmabauna nueva ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que deja en manos del propio Presidente la decisión sobre la intervención de las Fuerzas Armadas. Desde entonces, el Ejército controla tres departamentos del país. Además, ocho de las nueve variedades de semillas transgénicas habilitadas han recibido el visto bueno tras el derrocamiento de Lugo. Y la pérdida de masa boscosa es otra de las consecuencias del aumento de la frontera agroganadera del país, subraya un reciente informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF en sus siglas en inglés).
“El Gobierno no está avanzando nada en lo relacionado con la tierra a favor del pequeño productor. Sólo hay mejor equipamiento de la policía, represión y desalojos de varios asentamientos campesinos e indígenas”, explica el abogado Abel Darío Areco. El clima de tensión se ha profundizado: desde agosto se han registrado 26 desalojos (algunos muy violentos), se han producido numerosos enfrentamientos entre la población del campo y la policía, que vigila que nadie entorpezca las fumigaciones, e incluso, por vez primera en 18 años, se convocó una huelga general.
El próximo capítulo de la madeja paraguaya, que se terminó de enredar hace dos años pero cuyos hilos nacen en épocas remotas, será el juicio oral de los campesinos imputados por el caso de Marine Kue. Las organizaciones sociales ya han puesto el grito en el cielo.“No goza de credibilidad porque sólo se ha tomado una línea de investigación, la de que los campesinos mataron a los policías, pero no se han investigado las ejecuciones de los campesinos, ni los pedidos de auxilio por parte de éstos, ni la situación de los niños y niñas que estaban presentes”, recuerda Cristina Coronel. Los casquillos de armas de enorme calibre, la presencia de un contingente policial desproporcionado, la negativa al diálogo… componen una larga lista de detalles sin datos oficiales.
De momento, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ha certificado (aunque todavía no los ha inscrito en el registro de propiedad) que esos terrenos son del Estado y no de la empresa Campos Morombí, compañía del fallecido empresario y ex presidente del Partido Colorado Blas N. Riquelme. Los imputados, entre los que se encuentra una menor de edad, deben responder a las acusaciones de invasión de mueble ajeno, asociación criminal y tentativa de homicidio doloso. Si las tierras son públicas los dos primeros cargos no tienen sentido.
El senador Wagner termina su relato: “Para adueñarse de esas tierras, los Riquelme asesinaron a indígenas, quemando sus ranchos. Comunidades enteras fueron masacradas. Por eso existe la fundada sospecha que fueron ellos quienes contrataron mercenarios para generar la masacre”. Las relaciones del fiscal con esta familia también despiertan recelos. “No se puede hacer un juicio sin garantías e imparcialidad”, sentencia Coronel.
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