En 2013 un grupo de ciudadanos,
académicos y organizaciones civiles y campesinas agrupados en la
Colectividad en Defensa del Maíz presentaron una demanda en la que
argumentan que la siembra en el país de maíz transgénico vulnera derechos de los mexicanos,
como utilizar las razas nativas y la diversidad biológica, así como la
salud y la alimentación, incluida la comida nacional que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Luego de 21 meses de proceso legal y más de 91 apelaciones e impugnaciones de la parte demandada —Semarnat,
Sagarpa y empresas comercializadoras de transgénicos en el país:
Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience y Pioneer—, el Poder Judicial
Federal aceptó iniciar un juicio contra la siembra de maíz transgénico
en México.
Se espera que los tribunales
definan si el cultivo de maíz genéticamente modificado dañará el derecho
humano a la diversidad de maíces nativos; también determinarán si
mantienen la suspensión del cultivo, pues en tres millones de hectáreas
hay 83 solicitudes detenidas de las empresas comercializadoras de transgénicos.
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