22/01/13
Monsanto es la multinacional de semillas y agroquímicos más poderosa del
mundo. Cuenta con apoyo político y rentabilidad millonaria, y su modelo
implica corrimiento de la frontera agropecuaria, desalojos rurales,
desmontes y masivo uso de agroquímicos. Su desembarco en Córdoba de la
mano de la Presidenta y del Gobernador, maíz para agrocombustibles, la
nueva ley de semillas y la profundización del modelo.
“No soy la Presidenta de las corporaciones”
Cristina Fernández de Kirchner
10 de diciembre de 2011.
Cristina Fernández de Kirchner
10 de diciembre de 2011.
Discurso de reasunción, en el Congreso Nacional.
Juana es abuela, cabello rubio y canas, una bolsa de hacer mandamos en la mano y la decisión de enfrentar a la empresa de semillas y agroquímicos más poderosa del mundo: “No queremos a Monsanto”,
avisa con naturalidad y arroja la primera pregunta retórica: “¿Los
políticos defienden más a las empresas que a los vecinos?”.
Monsanto
tiene 111 años de historia, su sede central en Estados Unidos, una
facturación anual de 7297 millones de dólares, domina el 27 por ciento
del mercado se semillas a nivel mundial y acaba dar un paso más en su política expansiva: el gobierno nacional aprobó su nueva semilla de soja
transgénica, impulsa el cobro de regalías por el uso del producto,
impulsa una nueva ley de semillas (muy cuestionada por los campesinos) y
comienza la instalación de su planta más grande de Latinoamérica en
Córdoba, para avanzar con el maíz transgénico y redoblar la producción
de agrocombustibles.
Apoyo político, corrimiento de la frontera agropecuaria, desalojos campesinos, desmontes y masivo uso de agroquímicos. La profundización del modelo en su manera más explícita.
Más de un siglo
La historia oficial señala que Monsanto
Chemical Works fue fundada en 1901 por John Francis Queeny, “empleado
durante treinta años en la industria farmacéutica”, que tomó el nombre
de su esposa (Olga Méndez Monsanto) y creó una pequeña empresa, pero de
rápido crecimiento. Con sede central en Saint Louis (estado de
Missouri), su primer producto fue la sacarina. En la década del 20 ya
había convertido a la compañía en una de las principales fabricantes de
productos básicos de la industria química, entre ellos el ácido
sulfúrico.
En 1928, el hijo de Queeny, Edgar, tomó la presidencia de Monsanto, que
alcanzó su era de expansión en la década del 30 con la adquisición de
tres empresas químicas. “Desde la década del 40 hasta nuestros días, es
una de las cuatro únicas compañías que han estado siempre entre las diez
primeras empresas químicas de Estados Unidos”, señala Brian Tokar en su
investigación “Monsanto: Una historia en entredicho”.
Tokar aporta un dato, luego retomado por Marie Monique Robin en su libro
“El mundo según Monsanto”, que la empresa oculta de su historia
oficial. “El herbicida conocido como Agente Naranja, que fue usado por
Estados Unidos para defoliar los ecosistemas de selva tropical de
Vietnam durante los años 60, era una mezcla de químicos que provenía de
varias fuentes, pero el agente naranja de Monsanto tenía concentraciones
de dioxina muchas veces superiores al producido por Dow Chemical, el
otro gran productor del defoliante”, detalla Tokar, director de
investigación en biotecnología del Instituto de Ecología Social de
Vermont (Estados Unidos).
Según la investigación, ese hecho convirtió a Monsanto en el principal acusado en la demanda interpuesta por veteranos de la guerra de Vietnam,
que experimentaron un conjunto de síntomas atribuibles a la exposición
al Agente Naranja. “Cuando en 1984 se alcanzó un acuerdo de
indemnización por valor de 180 millones de dólares entre siete compañías
químicas y los abogados de los veteranos de guerra, el juez ordenó a
Monsanto pagar el 45,5 por ciento del total”, explica y recuerda otro
producto producido por Monsanto: PCB (elemento cancerígeno utilizado en
transformadores eléctricos)
En 1976, Monsanto comenzó a comercializar el herbicida Roundup
(a base de glifosato). “Pasaría a convertirse en el herbicida más
vendido del mundo”, señala aún hoy en su sitio de internet. En 1981 la
compañía se estableció como líder en investigación biotecnología. Y en
1995 fueron aprobados una decena de sus productos modificados
genéticamente, entre ellos la “Soja RR (Roundup Ready)”, resistente a glifosato.
La empresa publicitaba que el Roundup
era “biodegradable” y resaltaba el carácter “ambientalmente positivo”
del químico. La Fiscalía General de Nueva York reclamó durante cinco
años por publicidad engañosa. Recién en 1997 Monsanto eliminó esas
palabras en sus envases. Tuvo que pagar 50 mil dólares de multa. “Es la
última de una serie de grandes multas y decisiones judiciales contra
Monsanto, incluyendo los 108 millones de dólares por responsabilidad en
la muerte por leucemia de un empleado tejano en 1986; una indemnización
de 648 mil dólares por no comunicar a la EPA datos sanitarios requeridos
en 1990; una multa de un millón impuesta por el fiscal general del
estado de Massachusetts en 1991 por el vertido de 750 mil litros de agua
residual ácida; y otra indemnización de 39 millones en Houston (Tejas),
por depositar productos peligrosos en pozos sin aislamiento”, acusa el
investigador Brian Tokar.
Monsanto continuó promocionando el Roundup
como “un herbicida seguro y de uso general en cualquier lugar, desde
céspedes y huertos hasta grandes bosques de coníferas”. Pero el 26 de
enero de 2007 fue condenada por el tribunal francés de Lyon a pagar
multas por el delito de “publicidad mentirosa”.
En Argentina, Monsanto cuenta con una planta en Zárate (Buenos Aires)
desde 1956. Hace doce años realizó una ampliación, su planta de
producción de glifosato pasó a ser la más grande de América Latina. En
1978 se instaló en Pergamino y, en 1994, sumó una planta en Rojas
(Buenos Aires).
En 1996, el gobierno argentino aprobó la soja transgénica con uso de glifosato. Con la firma del entonces secretario de Agricultura,
Felipe Solá, la resolución 167 tuvo luz verde en un trámite exprés:
sólo 81 días, y en base estudios de la propia empresa Monsanto. El
expediente, de 146 páginas, carece de estudios sobre efectos en humanos y
ambiente, y –sobre todo– el Estado argentino no realizó investigaciones
propias sobre los posibles efectos del nuevo cultivo, se limitó a tomar
como propios los informes presentados por la parte interesada
(Monsanto).
Patentes
En 1996 la soja
ocupaba en Argentina 6,6 millones de hectáreas. En el 2000 ya llegaba a
10,6 millones. En 2011 llegó a 19,8 millones de hectáreas, a un
promedio de expansión de 800 mil hectáreas por año. Representa el 56 por
ciento de la tierra cultivada del país.
Luego de la devaluación de 2002, y cuando la demanda externa de soja
aumentó, Monsanto intentó cobrar regalías por el “derecho intelectual”
de la semilla transgénica. Federación Agraria Argentina (FAA) y el
Gobierno rechazaron el pago.
Monsanto llegó hasta los tribunales europeos, donde intentó frenar
judicialmente los barcos con soja proveniente de Argentina. Pero la vía
judicial no prosperó.
Lejos estaba la empresa de tener problemas económicos. En 2006 había
facturado 4476 millones de dólares. En Latinomérica, en sólo el primer
trimestre del 2006, facturó 90 millones de dólares. Al año siguiente,
mismo periodo, tuvo un incremento del 184 por ciento: 256 millones de
dólares. “Gran parte se debió al mayor precio del herbicida glifosato”,
anunciaba la empresa, que señalaba al glifosato como el responsable de
la mitad de sus ganancias. En 2007 la facturación llegó a 7.300
millones. El presidente ejecutivo de Monsanto, Hugh Grant, expresó en
2009 a la agencia de noticias (Reuters) que la compañía planeaba
expandir el negocio de las semillas a una tasa de crecimiento anual de un 20 por ciento entre el 2007 y el 2012.
El Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración)
estudia desde hace 25 años la concentración del mercado agropecuario
mundial. “Monsanto tiene actualmente el 27 por ciento del mercado
mundial de semillas,
de todo tipo (transgénicas o no) y de todas las variedades. En semillas
transgénicas, Monsanto tiene el 86 por ciento del mercado mundial. Es
uno de los dos monopolios industriales más grandes del planeta y de la
historia de la agricultura
e incluso, del industrialismo. Solamente Bill Gates (con Microsoft)
tiene un monopolio similar, cerca del 90 por ciento del mercado”,
explicó Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC.
Coincidencias
La Presidenta anuncia, desde Estados Unidos, la nueva planta de Monsanto en Argentina
Un juicio histórico que, enmarcado en la Ley de Residuos Peligrosos ((24051), abría la puerta para encuadrar las fumigaciones como delito y la posibilidad de condenar a cárcel a los productores y fumigadores.
Tres días después de iniciado el juicio, el 15 de junio, en un almuerzo
en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment
económico estadounidense) y frente a las mayores corporaciones de
Estados Unidos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró:
“Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una
inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy
contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia
de eventos biotecnológicos (…) Aquí tengo, y esto la verdad que se los
quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una
inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia
de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico”.
El 21 de agosto, luego de más de dos meses de juicio, la Cámara I del
Crimen dictó sentencia: dictaminó que los dos hechos denunciados (dos fumigaciones,
una de 2004 y otra de diciembre de 2008) violaron la normativa vigente y
fueron catalogadas como delito. Y condenó a un productor Francisco
Rafael Parra y al aerofumigador (Jorge Pancello) a tres años de prisión
condicional, cuatro años de trabajos comunitarios y ocho años de
prohibición para manipular agroquímicos.
Ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, en la presentación de la nueva semilla de Monsanto.
Ese mismo día, el Ministro de Agricultura
de la Nación, Norberto Yauhar, presentó la nueva semilla de soja (“RR2
Intacta”) junto a los directivos de Monsanto. La gacetilla de prensa del
Ministerio de Agricultura tituló con una cita del vicepresidente de
Monsanto Argentina, Pablo Vaquero: “Trabajamos con un Gobierno que ha
abierto el diálogo”. La gacetilla oficial hace propia la publicidad de
Monsanto y resalta las supuestas bondades de la semilla: “Esta nueva
tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el
medio ambiente”.
El ministro Yauhar celebró: “Es un día muy especial para Argentina,
porque vamos por una segunda generación de soja, hoy aprobamos el evento
número 27 y la biotecnología es una herramienta para el crecimiento
sustentable”.
Semillas
En la principal feria de agronegocios de Argentina, Expoagro, de marzo
de 2012, las empresas Monsanto, Nidera y Don Mario (la principal
semillera de Argentina) tenían un objetivo principal: remarcar la
necesidad de que el Gobierno apruebe la nueva soja RR2.
“Esto que ves acá es la nueva tecnología”, invitaba Juan Manuel Bello,
ingeniero agrónomo de semillera Don Mario, una de las empresas líderes
del sector (Mu abril 2012). Se refería a una pecera de vidrio, sobre una
mesa, de un metro de alto y dos de largo, dividida al medio. De un
lado, la soja transgénica que se utiliza en la actualidad (llamada
“RR”), tallos quebrados, hojas rotas y con agujeros de vaya a saber de
qué bicho. A su lado, la nueva soja “RR2”, impecable, verde oscura,
perfectas. Prometían mayor productividad, un 11 por ciento, que la soja
RR.
“La idea es que se pueda comparar a simple vista. La soja RR2 BT tiene
un doble gen, el RR y el gen BT, que le otorga la resistencia a
insectos, patentada por Monsanto. Acá la comercializaremos cuando se
logre consenso en toda la cadena, desde producción hasta exportación.
Hoy se trabaja con productores para sumar voluntades, suman su adhesión
para utilizar esta biotecnología, firman un acta acuerdo para darle la
bienvenida a esta avance de la ciencia”, detalló.
“El consenso”, traducido al criollo, es la aceptación de los productores
locales a pagar regalías. Hasta marzo de 2012, productores y Gobierno
parecían resistir el cobro de regalías.
Wikileaks
“A lo largo del gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina
Fernández después, importantes funcionarios y congresistas de Estados
Unidos, además de sucesivos embajadores, presionaron a la Casa Rosada
para que facilitara a la empresa Monsanto el cobro de regalías por el
uso de semillas transgénicas. Lo que empezó como un duro enfrentamiento,
con cargamentos de harina de soja incautados en puertos europeos en el
2004 y 2005, se encaminó hacia una negociación sobre la nueva generación
de semillas, dejando atrás el intento de cobro de Monsanto, señala una
serie de cables filtrados por Wikileaks”, escribió el jefe de la sección
Internacionales de Página12, Santiago O’Donnell el 3 de marzo de 2011,
donde cables hasta entonces secretos de la embajada mostraban una
supuesta resistencia del Gobierno respecto a ceder a Monsanto.
En los cables, Monsanto aseguraba que el 85 por ciento de la soja que se
producía en Argentina se hacía con su fórmula, pero menos de un tercio
pagaba regalías. “Si bien el lobby oficial estadounidense a favor de
Monsanto fue incesante, hasta los propios analistas de la embajada
reconocieron en los cables que el reclamo era dudoso: ‘Los granjeros
argentinos tienen derecho a replantar –no a revender– semillas generadas
en una cosecha originada en semillas registradas sin pagar regalías,
pero no a venderlas’, dice un cable de marzo del 2006 firmado por el
entonces embajador Lino Gutiérrez”, explicó el editor jefe de Página12.
Cambios
El primer anunció de la soja RR2 fue realizado el 4 de julio de 2009 en
Clarín Rural, uno de los principales voceros de los agronegocios (junto
con el diario La Nación, socios en la muestra Expoagro). Prometía un
mayor rendimiento, entre 10 y 15 por ciento mayor a la primera soja
transgénica.
En septiembre de 2011, la Presidenta presentó en Tecnopolis el Plan
Estratégico Agroalimentario (PEA), con objetivos cuantitativos a
alcanzar en 2020. En cuanto a producción granaria destaca que el
objetivo es aumentar un 60 por ciento la producción (de los 100 millones
de toneladas, llegar a 160), con el consiguiente avance sobre nuevos
territorios.
El 28 de febrero de 2012, la Presidenta anunció que investigadores de la
Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Conicet y de la empresa
Bioceres habían logrado una semilla de soja resistente a la sequía y que
lograba “altos rendimientos”, lo que posibilitaría el avance sobre
regiones en la actualidad hostiles al monocultivo. En Bioceres tiene
participación accionaria Gustavo Grobocopatel, titular de uno de los
mayores pool de siembra del continente (“Los Grobo”).
Organizaciones ambientales y campesinas aportaron la mirada ausente en
el acto oficial: el corrimiento de la frontera agropecuaria, con más
desmontes, más poblaciones desalojadas y más uso de agrotóxicos.
En el discurso de junio de 2012 ante los empresarios estadounidenses, la
Presidenta recordó el “avance” de los científicos de la UNL, Conicet y
la empresa Bioceres. Y abordó por primera vez en público el tema tabú de
las patentes de semillas: “Estaban muy contentos (los directivos de
Monsanto) porque Argentina hoy está a la vanguardia en materia de
eventos biotecnológicos. También en repatriación de científicos hacía la
Argentina y fundamentalmente en respeto a las patentes. Como ahora
nosotros hemos logrado patentes propias nos hemos convertido también en
defensores de las patentes”.
Al regreso de ese viaje, los tiempos se aceleraron. Monsanto tuvo vía
libre para la nueva soja. E incluso visto bueno para el cobro de
regalías.
El 9 de agosto, desde el XX Congreso de la Asociación Argentina de
Productores de Siembra Directa (Aapresid), el secretario de Agricultura
lo confirmó: “La estaremos aprobando en breve”.
Al día siguiente, la crónica del diario La Nación es elocuente. “En el
marco de Aapresid, el tema de la nueva soja fue motivo de un encuentro
informal entre directivos de Monsanto -entre ellos, el vicepresidente,
Pablo Vaquero- y dirigentes de la Comisión de Enlace, como Eduardo Buzzi
(presidente de la Federación Agraria Argentina), Carlos Garetto
(presidente de Coninagro), Luis Miguel Etchevehere (vicepresidente
segundo de la Sociedad Rural Argentina) y José Basaldúa (directivo de
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estaba el jefe del
gremio de trabajadores rurales (Uatre), Guillermo Venegas. En un stand
de Monsanto, todos compartieron una improvisada picada”.
Once días después, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó
la nueva soja junto a los directivos de Monsanto. “Hay que respetar la
propiedad intelectual”, reclamó ese mismo día el Ministro de Agricultura
y afirmó que el Gobierno está trabajando en una nueva ley de semillas,
que contemple el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas
transgénicas.
Regalías
Tan milenaria como la agricultura es el derecho a guardar parte de la
cosecha como semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio”
de la semilla.
Con la nueva soja, Monsanto articuló un modo privado de cobro de
regalías, que elude al Estado. Firmó contratos individuales con
productores (según Monsanto, ya firmó con el 70 por ciento de los
productores de soja) y articuló acuerdos con acopiadoras y exportadoras,
que controlarán las cargas de camiones que llegan a los acopios. Allí
se realizará un test a los granos y, si se detecta que la soja es de
Monsanto, se le descontará al productor el cobro de regalías. Monsanto
implementó un sistema que ubica al Estado en un lugar de simple
observador.
La decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza, es
alterar el derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de
respetar la “propiedad intelectual”. Y, junto con el Gobierno, avanza en
una nueva ley de semillas.
Carlos Vicente, de la organización internacional Grain (organización
referente en el estudio del mercado de semillas y las corporaciones
agrícolas). “La ley actual, de la década del 70, permite el uso propio.
Durante miles de años los campesinos criaron, mejoraron y cambiaron
semillas, sin que nadie se las apropiara. Pero se crea un derecho de
propiedad intelectual, no es la patente sino a la ‘obtención vegetal’, y
se puede tener derecho de propiedad intelectual, un monopolio sobre la
semilla que quita reconocimiento a los miles de años de historia
campesina. Ahora alguien, las corporaciones, pueden ser dueños de las
semillas”, alerta y remarca que las organizaciones campesinas se oponen
de manera radical a cualquier freno al libre intercambio y circulación
de las semillas “ya que esto significa frenar el histórico proceso de
creación de diversidad que los campesinos han sostenido por miles de
años”.
Vicente apunta a la Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con
sede en Ginebra (Suiza), constituida en 1961, donde tienen gran
incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados
(entre ellos, claro, Argentina). En 1978, la UPOV crea la norma UPOV 78
que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que
va en línea con la patente en manos de empresas, pero también reconoce
el uso propio de semillas, para volver a sembrar las semillas sin pagar
regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir
mejoras sobre cada semilla nueva.
La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora
de semillas. “La UPOV91 limita el uso propio y la investigación, ya que
una empresa puede monopolizar una semilla e incluso exige que, si otros
quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy
grave, es la apropiación de la vida”, denuncia Carlos Vicente, de Grain.
-¿Cómo se relaciona Monsanto, la nueva ley de semillas que prepara el Gobierno y la UPOV 91?
Vicente no duda: “Monsanto había anunciado a inicios de 2000 que no iba a
realizar nuevas inversiones en Argentina porque no se le garantizaba
seguridad jurídica. De la mano de la Presidenta en Estados Unidos, el
anuncio de Monsanto de instalar su mayor planta de maíz transgénico en
Córdoba, hay un acuerdo que le devuelve ‘seguridad jurídica’, se aprueba
la nueva soja, le permiten en cobro de regalías por un sistema privado y
se aprestan a modificar la ley de semillas”.
Vicente remarca que la modificación de la ley “va por todas las
semillas, no solo la soja”, la enmarca en la “tremenda ofensiva del
agronegocios” en todo el continente y la resume de una forma que mete
miedo: “Es un paso hacia la privatización de las semillas, la
privatización de la vida en manos de las corporaciones”.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) explicitó en julio
pasado su rechazo a la nueva ley de semillas. En un comunicado, la
catalogó como un “premio para los agro saqueadores” y denunció que
“legitima el robo y la apropiación genética”.
“Las especies y variedades que han sido obtenidas por la selección de
campesinas e indígenas durante diez mil años, ahora serían de quien la
patenta primero, o quien modifica un gen de los 40 mil que pueden
caracterizar una planta. Las semillas son patrimonio de los pueblos al
servicio de la humanidad y no una mercancía al servicio del capital”,
reclamaron.
¿Contradicciones?
“Yo le comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una
Patagonia en la cual algún productor argentino tiene producción, por
ejemplo, forrajera y que uno lo puede observar en medio de la estepa
patagónica los círculos que solamente con riego producen forraje de
primerísima calidad. Y tenemos también agua en la Patagonia (…). Esto
nos da la idea de que el elemento vital, agua, nos va a permitir
extender la frontera agropecuaria”, propuso la Presidenta ante los
empresarios estadounidenses el 15 de junio pasado.
Quince días después, el miércoles 27 de junio y desde San Luis, la
Presidenta insistió: “Debemos extender aún más la frontera agropecuaria,
tenemos que hacerlo (…) Cuando venía con el helicóptero veía esos
inmensos círculos aquí, en medio de esta llanura puntana, que tal vez en
otro momento solo tenía pasto o criaba y engordaba terneros, como me
decía el Gobernador, y que hoy, a través del riego están permitiendo
generar follaje, están permitiendo generar producción en zonas
impensadas en la Argentina”.
En cadena nacional, la Presidenta dio un paso más: “Yo sueño con que en
mi Patagonia, que es una estepa, también podamos hacer producción
intensiva de follaje de maíz. No es una fantasía, estos mismos círculos
que he visto aquí, los he visto también en los campos de un conocido
empresario y productor que tiene estancias en mi provincia (…) y sabemos
que vamos a producir también un maíz con una variedad transgénica que
nos va a permitir, precisamente, en ese lugar constituir una las zonas
también donde podamos extender toda la frontera agropecuaria y la
ciencia y la tecnología”.
El Movimiento Campesino Indígena (MNCI) es uno de los espacios más
novedosos de la lucha agraria, con presencia en diez provincias. Integra
la Vía Campesina Internacional (el movimiento mundial de campesinos y
trabajadores del campo) y de la Coordinadora Latinoamericana de Organización del Campo (Cloc).
Durante la resolución 125 cuestionaron a la Mesa de Enlace, pero sobre
todo apuntaron al modelo agropecuario. En noviembre de 2009 recibieron
en Quimilí (Santiago del Estero) al entonces ministro de Agricultura,
Julián Domínguez. En noviembre de 2011, luego del asesinato del
campesino Cristian Ferreyra (miembro del MNCI), la organización
explicitó su diálogo con el Gobierno. La Cámpora, el Frente Transversal,
Nuevo Encuentro y el Movimiento Evita se movilizaron junto al MNCI, en
diciembre de 2011, al Congreso Nacional y presentaron un proyecto de ley
de freno a los desalojos campesinos (que aún no fue tratado).
El 27 de julio pasado, el MNCI difundió un duro comunicado contra el
Gobierno Nacional. “Democracias o corporaciones transnacionales: tiempos
de elección”.
“La Bienvenida y entrega de nuestros bienes naturales a las
transnacionales es una gran contradicción con otros principios
enunciados desde el gobierno nacional (…) ¿Cómo explicamos que los
‘dueños’ de la tierra y las transnacionales estén embolsando fortunas y
en nuestros barrios y comunidades aún nos rodea la pobreza? ¿Cómo
debemos leer estas caricias discursivas a Monsanto, Vale, Barrick? La
Mesa de Enlace ve satisfecha cómo se reconoce su discurso y su modelo.
El ‘yuyo’ ya no es maldito, ahora es bendecido, y los ruralistas van por
más”.
El Movimiento Campesino Indígena sabe que el avance del agronegocios
implica un avance sobre sus territorios, con más desalojos, desmontes,
agrotóxicos y represión: “Nuestra posibilidad de vivir, trabajar y
producir se ve amenazada con cada paso que dan las transnacionales en
nuestro territorio, y es por esto que vamos a combatirlas hasta nuestra
última gota de aliento. Se trata de vidas, de millones de vidas que
están en juego”.
Tres semanas después del comunicado del MNCI, el Gobierno aprobó la nueva soja de Monsanto.
Maíz en Malvinas Argentinas
“La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió hoy con
directivos de la empresa Monsanto, quienes le anunciaron un plan de
inversiones de 1.500 millones de pesos para desarrollar una planta de producción de maíz en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba. Implica la creación de 400 nuevos puestos de trabajo
(…). La nueva planta tendrá como función el tratamiento y
acondicionamiento de semillas de maíz. Con las mencionadas
instalaciones, la Argentina contará con las dos plantas más grandes del mundo de producción de semillas, ambas pertenecientes a Monsanto”, precisó el 15 de junio el comunicado de la compañía con sede el Estados Unidos.
Monsanto argumentaba que el maíz era importante para el desarrollo del
agro argentino porque era la mejor opción para rotar con la soja,
“mejora el balance de nutrientes, hace que la erosión del suelo sea
menor y mejora el rendimiento”.
Argentina posee 19,6 millones de hectáreas con soja y 4,5 millones con maíz.
Dos meses después, invitados por Monsanto a Iowa (Estados Unidos), los
propios periodistas de agronegocios de Clarín y La Nación revelaron la
nueva avanzada del modelo agropecuario: ampliar la superficie cultiva de
maíz para destinarla a agrocombustibles.
“Después de la fiebre de inversiones que hubo en plantas de biodiésel a
base de soja en la Argentina, el próximo turno será para el etanol de
maíz. Ya hay una veintena de proyectos de plantas que suman inversiones
por 1500 millones de dólares. Se estima que este biocombustible podría
hacer crecer en poco tiempo 10 por ciento el área con maíz. El dato lo
saben en la compañía de semillas Monsanto, que organizó una gira con
periodistas por los Estados Unidos para visitar, entre otras cosas,
plantas de etanol y analizar el estado actual de esta industria”,
sincera la crónica de Fernando Bertello, en La Nación del 31 de agosto.
En Río Cuarto (Córdoba), donde Monsanto también instalará una planta
experimental, avanza en la producción de agrocombutibles en base a maíz
la empresa Bio4, de empresarios locales. También avanzan proyectos de la
Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en Villa María (Córdoba),
Aceitera General Deheza (del ex legislador kirchnerista Roberto Urquía),
la aceitera Vicentín (con una planta en Santa Fe). Con un total de al
menos 20 plantas, también se producirá agrocombustibles en Salta, Entre
Ríos, San Luis y Bahía Blanca.
Los agrocombustibles acumulan una larga lista de cuestionamientos. La
más reciente, en Argentina, provino en agosto pasado de la Cátedra de
Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional del Comahue: “Generar
agrocombustibles significa destinar la parte de la superficie
cultivable a la producción de granos para alimentar motores en vez de
alimentar a la población. Se está siguiendo al pie de la letra las
metas planteadas por el Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial (PEA) en materia de objetivos productivos sin tener en
cuenta las consecuencias sociales, ambientales, económicas y culturales
que acarrea”.
La Cátedra, un espacio novedoso e interdisciplinario que problematiza e investiga el modelo extractivo, denunció: “Es
obligación saber que aceptar el cultivo masivo de plantas para producir
agrocombustibles supone incrementar la presión sobre la tierra y no
justamente para producir alimentos para las poblaciones locales, lo que
se traduce en el aumento de nuestra vulnerabilidad alimentaria”.
Asamblea
“Salón de fiestas y eventos Santina”. Un prolijo rectángulo de diez
metros de ancho por veinte de largo. Piso de cemento, paredes blancas.
Detrás de una iglesia y frente a la plaza principal, sobre la calle San
Martín, la principal del barrio Malvinas Argentinas, de casas bajas,
cruzado por dos rutas que corren paralelas (88 y la 19) y dividen al
barrio en tres (bautizados “primera sección”, “segunda” y “tercera”).
El salón de fiestas está ubicado en la Segunda Sección. Es miércoles a
la noche de calor y es la cuarta reunión de la “Asamblea Malvinas lucha
por la vida”, espacio autoconvocado luego de que se enteraran por
televisión, en vivo y directo de boca de la Presidenta, que Monsanto se
instalaba en su barrio, 32 hectáreas que ya están cercadas con alambre y
con máquinas apisonando la tierra.
Matías Marizza tiene 30 años, es maestro de segundo grado en la escuela
del barrio. Cara redonda, barba rala, jeans amplios. “Nos desayunamos
con el anuncio de la Presidenta”, recuerda.
El boca en boca comenzó a circular y se gestó la primera reunión de
vecinos autoconvocados, el 24 de julio. “Muchos vecinos tienen parientes
en el barrio Ituzaingó, conocen de las fumigaciones,
del juicio. No fue una noticia agradable escuchar que Monsanto se
instala en el barrio, a menos de un kilómetro de una escuela”, explica.
Yanina Barzboza Vaca tiene 21 años, habla rápido y siempre vivió en
Malvinas Argentinas. “No sólo que conocemos de cerca el Ituzaingó,
conocemos de cerca las fumigaciones.
Acá estamos rodeados de soja. A sólo cinco cuadras de San Martín (calle
principal), ya tenés soja y fumigaciones. Hace mucho que se denuncia
que hay chiquitos con problemas para respirar, pero nunca nos hicieron
caso”. Además, en la localidad vecina (Monte Cristo) viven familias que
desde hace seis años denuncian los efectos de las fumigaciones.
A la primera asamblea llegaron concejales, pero los vecinos los echaron.
La segunda asamblea fue el 30 de julio. “Las dos primeras fueron muy
desorganizadas, todos teníamos necesidad de contar lo qué veíamos y los
temores”, recuerda Marizza. La tercera asamblea fue el 4 de agosto.
Donde, casualidad o no, se cortó la luz en esa parte del barrio.
Consiguieron un grupo electrógeno y la asamblea continuó.
Ese día se aprobó una actividad informativa al costado de la ruta, para
el 15 de agosto. Se repartieron folletos a todo vehículo que cruzaba el
barrio y a los vecinos. Tuvo buena repercusión en los medios de
comunicación de Córdoba.
Daniel Arzani va por su cuarto mandato. En la asamblea todos los llaman
“Daniel”, a secas, es un barrio donde todos se conocen. Arzani es
radical, al igual que los siete concejales que le dan mayoría
automática. La oposición: una concejal de Unión por Córdoba, del
gobernador José Manuel De la Sota, que también apoya la instalación de
Monsanto.
El Concejo Deliberante aprobó el 13 de marzo la instalación del obrador
en las 32 hectáreas. “No se hizo ningún estudio de impacto ambiental que
obliga la ley, no se informó a la comunidad. El Intendente hizo
reuniones en casa de familias, algo habitual acá, convocadas por
punteros, pero ni ahí tuvo apoyo. Los vecinos le dijeron ‘siempre te
bancamos, pero en esta no’”, afirma Marizza.
La asamblea de vecinos cuenta con unos diez jóvenes que coordinan las
actividades decididas por el plenario de vecinos. “Hacemos operativo lo
que se aprueba en asamblea. No decidimos nada nosotros solos”, avisa
Yanina Barboza.
La asamblea de hoy se espera movida. Un volante firmado por “vecinos por
el sí” convoca a una reunión para mañana y remarca el apoyo a Monsanto.
No saben quiénes son, pero apuestan fichas a que son de la
Municipalidad. Segunda novedad: una decena de encuestadoras recorrieron
el barrio y preguntaron la opinión de los vecinos respecto del
Intendente, del Gobernador, de la Presidenta y, claro, de Monsanto.
¿Quién hizo la encuesta? Sólo se identificaron como “una consultora”.
Masiva marcha en Córdoba contra Monsanto (septiembre de 2012)
Paciencia y consenso
Un argumento recurrente son los 400 puestos de trabajo que promete
Monsanto y los gobiernos repiten (desde el municipal, hasta el nacional,
sin olvidar al provincial). “Nos movimos, estuvimos averiguando y
confirmamos que Monsanto publicó en su sitio web una convocatoria para
profesionales de agronomía, química, contaduría, mecánica y marketing
para jóvenes de entre 21 y 27 años, con nivel de inglés medio. Está
claro que el trabajo no será para los vecinos. Según el último censo, en
Malvinas no hay más de 50 estudiantes universitarios. Que no nos
mientan más”, reclama Marizza.
Marizza y Barboza coinciden que la llegada de Monsanto posibilitó
visibilizar las fumigaciones que rodean al barrio y también la lógica
paternalista, inconsulta, de la clase política.
Convocada para las 20, la asamblea comenzó con 39 minutos de demora.
Unas 150 personas, muchas mujeres con chicos, parejas jóvenes, hombres
con su bolso de recién vuelto del trabajo. Primer tema, repaso de las
condenas por el juicio del barrio Ituzaingó Anexo. Le siguió el panfleto
de los vecinos que supuestamente sí quieren a Monsanto, acciones para
frenar a Monsanto durante las próximas semanas, posibilidad de recurrir a
una acción legal y la necesidad de presionar políticamente.
Por momentos la asamblea se dispara de temas. Todos quieren hablar. El
clásico “compañero” de los ámbitos militantes se reemplaza por “vecino”.
Muchos nunca asistieron a una asamblea, e intentan seguir discutiendo
incluso luego de las votaciones. Se votó bloquear la entrada a Monsanto y
concurrir, al día siguiente, a la convocatoria que apoya a Monsanto. Se
aprueban ambas. Y luego algunas vecinos quieren volver a discutir. Los
coordinadores vuelven a explicar la metodología, pero igual abren el
juego. Saben que la batalla será larga y de la paciencia y el consenso
dependerá su suerte. Enfrente está el Gobierno (en sus tres niveles) y,
claro, la corporación más grande del agronegocios.
Ecoportal.net
* Versión completa del artículo publicado en la revista MU de septiembre de 2012.
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