Este cambio en el mapamundi agrícola alarma a muchos, alegra a unos cuantos e inquieta a casi todos.
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Según
afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (por sus siglas FAO), en el planeta ya hay 170.3 millones
de hectáreas con cultivos modificados genéticamente, un 6% más que
durante 2011. De hecho, Estados Unidos (69.5 millones de hectáreas),
Brasil (36.6), Argentina (23.9) y Canadá (11.6) copan la superficie
plantada.
Pero, por vez primera, las naciones en vías de desarrollo cultivan una superficie mayor (52%) que las desarrolladas (48%). Que una semilla modificada genéticamente sea conocida en el mercado con este sobrenombre es hacer oposiciones a su rechazo. Más todavía cuando descubrimos que su gran cualidad es producir una segunda generación de semillas estériles.
Hablamos de un sector que se extiende por el mundo. No todo el campo lo entiende igual. Cuando los agricultores compran algunas de estas semillas, relatan en la industria, firman un acuerdo que establece que no pueden guardar simientes para resembrar. Así, deben comprar semillas nuevas cada año.
Este cambio en el mapamundi agrícola alarma a muchos, alegra a unos cuantos e inquieta a casi todos. En primer lugar, a la todopoderosa industria alimentaria estadounidense, que soporta cada vez más presión para que informe en las etiquetas de sus productos de los contenidos transgénicos.
Esta desconfianza viaja sobre todo a las grandes empresas de cultivos transgénicos: la empresa Monsanto, con fama de defender con fiereza sus patentes frente a los agricultores, Dupont, Bayer, Syngenta, Basf y DowAgro Sciences. Entre estas seis compañías controlan la gran mayoría de las patentes e investigaciones genéticas. Esta concentración genera problemas.
Compañías como Monsanto usan su monopolio virtual en las semillas para subir los precios de las variedades genéticamente modificadas y sacar del mercado a muchas o a todas las opciones que no son transgénicas.
Es más, cuando científicos independientes encuentran efectos adversos, son atacados inmediatamente por los intereses de las biotecnológicas. Sus datos incriminatorios son distorsionados y negados. Ahora bien, para comprender de dónde proviene esta desconfianza hay que saber que se comercializan dos tratamientos genéticos en la agricultura modificada. Uno aporta resistencia frente a los herbicidas (HT, por sus siglas en inglés) y el otro protege de los insectos (Bt).
Con esta alteración, muchos cultivos pueden resistir altas dosis de herbicidas, permitiendo al agricultor usar cantidades elevadas sin matar la cosecha. Sin embargo, las dudas se acumulan. El 90% de los cultivos transgénicos mundiales se dedica al maíz, la soya y el algodón. Tampoco causa gran tranquilidad saber que algunas de las compañías que fabrican los herbicidas son las mismas que diseñan las semillas que lo soportan. Monsanto produce Roundup, un potente herbicida, a la vez que vende su línea de semillas Round Ready (soya, algodón, colza, azúcar, alfalfa y maíz), que toleran ese compuesto químico.
Nuestros agricultores son hombres de trabajo forzado, de inquebrantable fuerza que toman sus decisiones en función de lo que es mejor para sus mercados y sus ingresos. Las corporaciones aseguran que los alimentos transgénicos son seguros para comer y que son iguales que los alimentos naturales, aunque sean genéticamente distintos (por lo tanto no es necesario que el consumidor sepa que los está consumiendo).
Y sólo basta entender que cada quien defiende sus propios intereses y no comparten los intereses comunes; en años recientes hemos conocido de las autorizaciones que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha otorgado a Monsanto para sembrar sus productos en tierras yucatecas, situación que por cierto causó gran revuelo entre agricultores, empresarios del ramo y hasta periodistas, quienes siempre pusieron en tela juicio la pertinencia de esas autorizaciones que a todas luces daban muestra de poder a gran escala.
Sin embargo en febrero de este año la delegación de la Semarnat en Yucatán manifestó que ante las propuestas de nuevas siembras de soya transgénica que se proyecta cultivar en el último trimestre del año en nuestro estado, esa delegación federal está considerando la posibilidad de no autorizar dicha siembra para proteger a los 11 mil apicultores yucatecos.
Ahora sólo basta esperar si las declaraciones son las adecuadas pues la delegación sólo valora la manifestación de impacto ambiental, es decir, sólo una parte del proceso para obtener la autorización, pero hasta en las mejores familias “las palabras nunca son inocentes”.
Pero, por vez primera, las naciones en vías de desarrollo cultivan una superficie mayor (52%) que las desarrolladas (48%). Que una semilla modificada genéticamente sea conocida en el mercado con este sobrenombre es hacer oposiciones a su rechazo. Más todavía cuando descubrimos que su gran cualidad es producir una segunda generación de semillas estériles.
Hablamos de un sector que se extiende por el mundo. No todo el campo lo entiende igual. Cuando los agricultores compran algunas de estas semillas, relatan en la industria, firman un acuerdo que establece que no pueden guardar simientes para resembrar. Así, deben comprar semillas nuevas cada año.
Este cambio en el mapamundi agrícola alarma a muchos, alegra a unos cuantos e inquieta a casi todos. En primer lugar, a la todopoderosa industria alimentaria estadounidense, que soporta cada vez más presión para que informe en las etiquetas de sus productos de los contenidos transgénicos.
Esta desconfianza viaja sobre todo a las grandes empresas de cultivos transgénicos: la empresa Monsanto, con fama de defender con fiereza sus patentes frente a los agricultores, Dupont, Bayer, Syngenta, Basf y DowAgro Sciences. Entre estas seis compañías controlan la gran mayoría de las patentes e investigaciones genéticas. Esta concentración genera problemas.
Compañías como Monsanto usan su monopolio virtual en las semillas para subir los precios de las variedades genéticamente modificadas y sacar del mercado a muchas o a todas las opciones que no son transgénicas.
Es más, cuando científicos independientes encuentran efectos adversos, son atacados inmediatamente por los intereses de las biotecnológicas. Sus datos incriminatorios son distorsionados y negados. Ahora bien, para comprender de dónde proviene esta desconfianza hay que saber que se comercializan dos tratamientos genéticos en la agricultura modificada. Uno aporta resistencia frente a los herbicidas (HT, por sus siglas en inglés) y el otro protege de los insectos (Bt).
Con esta alteración, muchos cultivos pueden resistir altas dosis de herbicidas, permitiendo al agricultor usar cantidades elevadas sin matar la cosecha. Sin embargo, las dudas se acumulan. El 90% de los cultivos transgénicos mundiales se dedica al maíz, la soya y el algodón. Tampoco causa gran tranquilidad saber que algunas de las compañías que fabrican los herbicidas son las mismas que diseñan las semillas que lo soportan. Monsanto produce Roundup, un potente herbicida, a la vez que vende su línea de semillas Round Ready (soya, algodón, colza, azúcar, alfalfa y maíz), que toleran ese compuesto químico.
Nuestros agricultores son hombres de trabajo forzado, de inquebrantable fuerza que toman sus decisiones en función de lo que es mejor para sus mercados y sus ingresos. Las corporaciones aseguran que los alimentos transgénicos son seguros para comer y que son iguales que los alimentos naturales, aunque sean genéticamente distintos (por lo tanto no es necesario que el consumidor sepa que los está consumiendo).
Y sólo basta entender que cada quien defiende sus propios intereses y no comparten los intereses comunes; en años recientes hemos conocido de las autorizaciones que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha otorgado a Monsanto para sembrar sus productos en tierras yucatecas, situación que por cierto causó gran revuelo entre agricultores, empresarios del ramo y hasta periodistas, quienes siempre pusieron en tela juicio la pertinencia de esas autorizaciones que a todas luces daban muestra de poder a gran escala.
Sin embargo en febrero de este año la delegación de la Semarnat en Yucatán manifestó que ante las propuestas de nuevas siembras de soya transgénica que se proyecta cultivar en el último trimestre del año en nuestro estado, esa delegación federal está considerando la posibilidad de no autorizar dicha siembra para proteger a los 11 mil apicultores yucatecos.
Ahora sólo basta esperar si las declaraciones son las adecuadas pues la delegación sólo valora la manifestación de impacto ambiental, es decir, sólo una parte del proceso para obtener la autorización, pero hasta en las mejores familias “las palabras nunca son inocentes”.
http://sipse.com/opinion/los-cultivos-transgenicos-45989.html
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