Ampliar foto Tipos de maiz ( Greenpeace)
Dos nuevas solicitudes para liberar maíz transgénico en México fueron presentadas este mes
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) por parte de empresas transnacionales.
Varios
grupos de congresistas exigieron del gobierno información sobre la
política alimentaria del país y el uso de Organismos Genéticamente
Modificados (OGM).
SAGARPA y el Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) publicaron el 4
de septiembre las solicitudes de las transnacionales Dow AgroSciences “para liberación comercial de maíz transgénico” y de Syngenta Agro para la “liberación de maíz transgénico en programa piloto”, con la que podrían ser autorizadas a liberar esta polémica forma de vida al medioambiente.
De manera casi simultánea fue publicada ayer en la gaceta del senado la aprobación de un dictamen por el que se le solicita a SAGARPA que informe sobre los “productos agropecuarios y agroalimentarios genéticamente modificados”
que “se encuentran en el mercado nacional, y las medidas que ha tomado
para dar cumplimiento al etiquetado de alimentos transgénicos”
Irregularidades en los Permisos
La iniciativa promovida por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) indica que el
Gobierno Federal permitió a grandes transnacionales la siembra y
comercialización e importación de transgénicos en el territorio nacional
y que no obstante, los permisos para realizar estas actividades “observan muchas irregularidades”.
Dado
que “se trata de alimentos para el consumo humano” es obligación del
Estado informar sobre los OGM a través del etiquetado, en cumplimiento
de la Ley de Bioseguridad de OGM, lo que no se ha cumplido aún, dice el
Dictamen.
Se menciona concretamente que “las tortillas que se comercializan en los supermercados” son elaboradas con maíz amarillo genéticamente modificado que proviene de EE.UU. vulnerando con ello “el derecho de los consumidores a conocer el origen de sus alimentos”.
Política Alimentaria del Gobierno
En
agosto pasado otro grupo de congresistas mexicanos pidió al Sagarpa
información sobre “la política alimentaria del gobierno en materia de
productos que contienen OGM”.
La iniciativa de la senadora Luz María Beristain Navarrete del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con apoyo de otros legisladores como el diputado Ricardo Cantú Garza del
Partido del Trabajo (PT), se aprobó el 31 de julio y busca que el
gobierno brinde esta información ya que “existen empresas, que como Monsanto, comercializan semillas genéticamente modificadas en maíz y soya”.
Además
refirieron que ante el hecho de que “un porcentaje importante del maíz
que se importa de Estados Unidos, proviene de semillas transgénicas” el gobierno debe informar sobre cualquier estudio realizado “para determinar si no existe daño a la salud de los mexicanos, por el consumo de productos que contienen organismos genéticamente modificados”.
Desde
2009 se han aprobado 367 permisos de liberación experimental y piloto
de OGM. Además, se tienen 56 permisos bajo el criterio de análisis, de
acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), lo cual significa que aún no se ha
desechado la posibilidad de que se aprueben.
Argumentos Científicos y Humanistas vs Transgénicos
En el mes de julio, los congresistas Luisa María Alcalde Luján y Ricardo Monreal Ávila
del Movimiento Ciudadano solicitaron ante la Comisión Permanente del
Congreso, que SAGARPA pondere “los argumentos científicos y humanistas
de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, para
desechar las solicitudes de licencias piloto y experimentales de
organismos genéticamente modificados que se encuentran en trámite”.
Los
legisladores argumentaron que “pese a que los acelerados avances en
materia genética y agro-biodiversidad crecieron bajo el pronóstico del
progreso y la salud, en muchos casos ha resultado lo contrario”.
También
citaron investigaciones realizadas al maíz transgénico de Monsanto
NK603 como las del científico francés Gilles Eric Séralini, que “arrojaron reportes de muerte prematura por cáncer en pruebas con roedores”.
Asimismo mencionaron que en el caso de Argentina el uso de OGM provocó problemas adicionales por el uso de glifosfato, compuesto activo de plaguicidas como el RoundUp-Ready
(cuyo principal comercializador es Monsanto), que permite a los
agricultores rociar este herbicida de manera indiscriminada “por encima
del cultivo en crecimiento, matando el resto de semillas sin que afecte
al cultivo transgénico”.
En este sentido pasaron a
explicar las consecuencias del uso indiscriminado del glifosfato según
la Sentencia del Tribunal de Córdoba, Argentina, del 4 de septiembre de
2012, que revela “la relación directa del uso de glifosfato y la incidencia de cáncer de médula, leucemia y malformaciones, así como intoxicación crónica
(que produce movimientos desordenados del cuerpo, convulsiones y
espasmos, entre otros males), destacando también el reconocimiento de
los daños causados por estos pesticidas en comunidades por inhalación,
contacto y contaminación del agua y tierra”.
“México es parte fundamental de la conservación de especies al tener un acervo genético invaluable de 59 razas nativas de maíz y miles de variedades
del mismo, así como otras especies de su generosa biodiversidad”
explica la petición de los legisladores, a lo que añaden que “es por
esto que no puede ser depositario de riesgos potenciales bajo ninguna
circunstancia”.
Como resultado de estas propuestas el
Congreso también aprobó el dictamen el 6 de agosto, solicitándole a
SAGARPA un informe sobre las solicitudes de licencias piloto y
experimentales de organismos genéticamente modificados.
Crece la Conflictividad Socio Ambiental
Estas
propuestas parlamentarias se dan en medio de un panorama de un gran
antagonismo social en el que “el mundo del gobierno, la clase política
profesional y de los grandes medios está cada vez más lejano de un país
inconforme, molesto y rebelde ante las políticas y medidas que se les
imponen desde arriba”, según una nota del diario El Economista del 13 de
septiembre.
El diario menciona que en el país están activos cerca de 300 conflictos socio-ambientales entre los que incluye el de “1.500 comunidades campesinas que se oponen al maíz transgénico”.
En
este contexto un mensaje falso que circuló entre las redes sociales e
internet el pasado mes de agosto decía que Monsanto había sido
autorizado por el gobierno para sembrar “cientos de miles (y hasta
millones) de hectáreas de maíz transgénico”.
Monsanto se
desvinculó de esta nota pero en opinión del diario la Jornada del 24 de
agosto, quizá el comunicado falso haya sido una tentativa de empresas o
grupos pro transgénicos “para medir qué reacción habrá” si esto
ocurriera, dado que realmente Monsanto aguarda por esta aprobación del
gobierno ignorando así “la enorme y argumentada oposición social,
nacional e internacional de científicos, campesinos, artistas,
intelectuales, trabajadores, activistas, consumidores, maestros y muchos
más”, enfatizó el diario.
http://www.lagranepoca.com/29470-irregulares-solicitudes-para-transgenicos-mexico-enfrentan-cuestionamientos-sociales
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