El Pleno del Parlamento andaluz ha
instado este jueves a la Junta, con los votos de PSOE-A e IULV-CA y
el rechazo del PP-A, a poner en marcha, en el marco de sus
competencias, mecanismos políticos, administrativos y legales al
objeto de prohibir los cultivos transgénicos en espacios naturales
protegidos y en zonas donde la producciónecológica tiene una
presencia importante y de interés social y económico.
Así se recoge en una proposición no
de ley de IULV-CA donde se planteaba también, aunque ha sido
rechazado con los votos de PSOE-A y PP-A, que se prohibieran tanto
los ensayos experimentales con cultivos transgénicos (sobre todo, de
maíz transgénico NK603 y trigo transgénico) como el cultivo del
maíz MON810 y la patata AMFLORA, y que, a corto-medio plazo, también
se pusiera fin a las importaciones de materias primas y alimentos
transgénicos, principalmente soja y maíz para alimentación animal.
En el debate, la diputada de IULV-CA
María Dolores Quintana ha manifestado que con esta iniciativa se
pretende dar cumplimiento a uno de los puntos recogidos en el acuerdo
de Gobierno firmado con el PSOE-A, concretamente, al que recogía el
"establecimiento de una moratoria en Andalucía sobre la
liberación de cultivos transgénicos hasta que se lleve a cabo la
revisión de la normativa española en esta materia".
Ha señalado que la situación andaluza
presenta un contexto agroalimentario, medioambiental y político que
"exige la prohibición" de estos cultivos para garantizar
"una alimentación sana, segura, de calidad y sostenible que
solo es posible sin transgénicos". Para ello, ha argumentado
que es necesario que se activen los mecanismos políticos,
administrativos y legales que obran en poder del Gobierno autonómico
para iniciar un proceso a corto-medio plazo, en diálogo con la
sociedad civil, que lleve a que Andalucía sea una zona libre de
transgénicos.
Ha señalado que actualmente, nueve
países europeos han prohibido el cultivo en su territorio del maíz
transgénico MON 810, mientras que el pasado 5 de julio de 2011 el
Parlamento Europeo apoyó el derecho de los estados miembros a
restringir el cultivo de transgénicos en sus territorios en base a
argumentos no científicos. Ha mostrado su preocupación por que
España sea "el único país en la Unión Europea que cultiva
transgénicos a gran escala, a pesar del rechazo del consumidor".
El diputado del PSOE-A Miguel
Castellano ha manifestado que la competencia reside en la Unión
Europea, pero que el Estado español puede ejercer un papel
fundamental a la hora de utilizar cláusulas de salvaguarda para
prohibir algunas producciones. En este sentido, el PSOE-A planteó
una enmienda a la iniciativa de IULV-CA en el sentido de que la
Junta, en el marco de sus competencias, ponga en marcha mecanismos
políticos, administrativos y legales al objeto de "articular"
—en lugar de "prohibir"— medidas para regular los
cultivos tránsgenicos en espacio naturales protegidos.
El PSOE-A también planteó en otra
enmienda que se instara a la Junta a demandar al Gobierno español
que tome las medidas necesarias para concluir los estudios
científicos de las variedades OMG que actualmente disponen en el
país de autorización para su cultivo, en el que se analice la
posible existencia de riesgos para el medio ambiente o para la salud
humana.
De las siete enmiendas que el grupo
socialista planteó a la iniciativa de IULV-CA, solo fue aceptada
una, la relativa a tener en cuenta la voz de los consumidores.
Izquierda Unida no aceptó las enmiendas socialistas que planteaban
la eliminación de varios puntos de la iniciativa, como los referidos
a las prohibiciones de ensayos experimentales, del cultivo del maíz
MON810 y patata AMFLORA en territorio andaluz, y de las importaciones
de materias primas y alimentos tránsgenicos.
Por su parte, el diputado del PP-A
Miguel Ángel Arauz ha manifestado que no estamos ante una cuestión
ideológica o de creencias, sino ante un debate de mucha importancia,
rigor y futuro, porque estamos hablando de lo que tiene que ser la
agricultura del futuro. Ha indicado que la moratoria que reclama
IULV-CA no se puede aprobar ni por la Junta ni por el Parlamento
porque no tienen competencias para ello y sería ilegal, sino que la
única autoridad competente es la de seguridad alimentaria de la
Unión Europea.
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