Una nueva semilla transgénica dio un primer y muy importante paso para
su aprobación definitiva. Ya despertó incertidumbre y rechazo en amplios
sectores. En diciembre pasado fue aprobada por la Comisión Nacional
Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) un nuevo evento
biotecnológico: la soja DAS-444O6-6.
Por Fabían Chiaramello
Esta nueva semilla de la empresa Dow AgroSciences es resistente a tres agroquímicos: glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D. Según organizaciones ligadas a la lucha contra los agronegocios, científicos y movimientos sociales este paso previo para su aprobación total presenta varias irregularidades y comprende una amenaza para la naturaleza y la salud de las personas.
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció el funcionamiento irresponsable de Conabia. En un comunicado señalan que la comisión se desatiende abiertamente el orden público ambiental “al no prever la participación ciudadana y no efectuar un debido e integral estudio de impacto ambiental” de los organismos modificados genéticamente (OMG). También remarcaron la falta de intervención de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS).
El primer eje de las críticas pasa por la forma en que son aprobados los transgénicos en Argentina. El primer antecedente fue la aprobación de la soja RR, resistente al glifosato, en 1996. En aquel entonces, en un trámite rápido y a oscuras, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica y el uso del RaoundUp (glifosato) basándose casi por completo en informes realizados por la multinacional Monsanto que ni siquiera fueron traducidos. Desde ese entonces, la modalidad se repitió. Este caso no es la excepción.
El Celma remarcó que los estudios de riesgo fueron realizados en una matriz muy acotada denominada “agroecosistema”. “El agroecosistema es un subecosistema muy diferente al medio ambiente o ecosistema donde coexisten varios agroecosistemas (transgénicos y orgánicos) con otros subecosistemas”, explica el comunicado. Por lo que señalan que el estudio de impacto ambiental debe realizarse teniendo en cuenta la interacción con los subecosistemas lindantes y el efecto de los agroquímicos (o agrotóxicos) en las cercanías. El Celma presentó una impugnación en el Ministerio de Agricultura exigiendo las debidas audiencias públicas y una correcta evaluación del impacto ambiental.
El segundo eje tiene que ver con el impacto de esta nueva semilla en la salud, en la naturaleza y en el modelo del agronegocio. Los tres agroquímicos que serían utilizados con estas semillas son duramente cuestionados. El comunicado del Celma omite referirse al glifosato, ya que es más conocido por su gran uso y hace hincapié en los otros dos productos. Uno es el glufosinato de amonio, “un herbicida tóxico”, y su utilización representa un serio riesgo al medio ambiente y a la salud humana. “Según estudios realizados en la Unión Europea, el glufosinato de amonio causa daños a insectos en zonas circundantes y no está asegurada su inocuidad alimentaria, todo lo contrario resulta muy peligroso para los consumidores al ingerir alimentos que contengan residuos del herbicida”, explica el comunicado y continúa enumerando estudios y evidencias al respecto.
También da cuenta de la prohibición de este producto en la Unión Europea. Otro de los cuestionamientos aparece en torno al 2,4-D. Este producto nació durante la Segunda Guerra Mundial en medio de búsquedas de armas químicas. Combinado con otro herbicida y en una concentración más elevada que la usada en agricultura fue utilizado por el ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El famoso Agente Naranja, que contenía 2,4-D, fue fabricado por empresas como Dow y Monsanto, entre otras. Los efectos de este producto persisten aún hoy en las comunidades afectadas por la guerra.
Según el Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente, el poderoso químico es altamente tóxico y peligroso. Además es cuestionado en todo el mundo y fue prohibido en varios países. La forma en que se aprueban los transgénicos, el modelo del agronegocio basado en la sojización, la concentración, el mayor uso de tecnologías, el avance de la frontera agropecuaria y el atropello a derechos de campesinos e indígenas, son cuestionados por muchas organizaciones de agricultura familiar, campesina y de Pueblos Originarios. Entre tantas voces que fueron apareciendo, también se sumaron la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt), Campaña Paren de Fumigarnos, Alianza Biodiversidad y el Centro de Protección a la Naturaleza (CeProNat), quienes iniciaron una campaña internacional para detener la el avance de esta nueva semilla.
“El 2,4-D es un herbicida más peligroso que el glifosato, por lo que los impactos ambientales y en la salud de este nuevo cultivo transgénico serán aún más devastadores, especialmente teniendo en cuenta que en este nuevo transgénico se ha apilado una combinación de herbicidas”, deja en claro el texto que acompaña la junta de firmas. El Ministerio de Agricultura de la Nación debe dar la aprobación final para que esta nueva semilla entre en el mercado argentino. Mientras tanto se siguen sumando voces que alertan los riesgos de esta nueva soja y rechazan la falta de consulta en información ante estos hechos. El Celma es claro al respecto: “Si se considera que el 98% de la producción de soja del país es semilla transgénica, los aspectos que hacen al impacto ambiental, la producción agropecuaria y la salud pública, deben ser rigurosamente controlados por el Estado”
Fuente: SURsuelo
Esta nueva semilla de la empresa Dow AgroSciences es resistente a tres agroquímicos: glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D. Según organizaciones ligadas a la lucha contra los agronegocios, científicos y movimientos sociales este paso previo para su aprobación total presenta varias irregularidades y comprende una amenaza para la naturaleza y la salud de las personas.
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció el funcionamiento irresponsable de Conabia. En un comunicado señalan que la comisión se desatiende abiertamente el orden público ambiental “al no prever la participación ciudadana y no efectuar un debido e integral estudio de impacto ambiental” de los organismos modificados genéticamente (OMG). También remarcaron la falta de intervención de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS).
El primer eje de las críticas pasa por la forma en que son aprobados los transgénicos en Argentina. El primer antecedente fue la aprobación de la soja RR, resistente al glifosato, en 1996. En aquel entonces, en un trámite rápido y a oscuras, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica y el uso del RaoundUp (glifosato) basándose casi por completo en informes realizados por la multinacional Monsanto que ni siquiera fueron traducidos. Desde ese entonces, la modalidad se repitió. Este caso no es la excepción.
El Celma remarcó que los estudios de riesgo fueron realizados en una matriz muy acotada denominada “agroecosistema”. “El agroecosistema es un subecosistema muy diferente al medio ambiente o ecosistema donde coexisten varios agroecosistemas (transgénicos y orgánicos) con otros subecosistemas”, explica el comunicado. Por lo que señalan que el estudio de impacto ambiental debe realizarse teniendo en cuenta la interacción con los subecosistemas lindantes y el efecto de los agroquímicos (o agrotóxicos) en las cercanías. El Celma presentó una impugnación en el Ministerio de Agricultura exigiendo las debidas audiencias públicas y una correcta evaluación del impacto ambiental.
El segundo eje tiene que ver con el impacto de esta nueva semilla en la salud, en la naturaleza y en el modelo del agronegocio. Los tres agroquímicos que serían utilizados con estas semillas son duramente cuestionados. El comunicado del Celma omite referirse al glifosato, ya que es más conocido por su gran uso y hace hincapié en los otros dos productos. Uno es el glufosinato de amonio, “un herbicida tóxico”, y su utilización representa un serio riesgo al medio ambiente y a la salud humana. “Según estudios realizados en la Unión Europea, el glufosinato de amonio causa daños a insectos en zonas circundantes y no está asegurada su inocuidad alimentaria, todo lo contrario resulta muy peligroso para los consumidores al ingerir alimentos que contengan residuos del herbicida”, explica el comunicado y continúa enumerando estudios y evidencias al respecto.
También da cuenta de la prohibición de este producto en la Unión Europea. Otro de los cuestionamientos aparece en torno al 2,4-D. Este producto nació durante la Segunda Guerra Mundial en medio de búsquedas de armas químicas. Combinado con otro herbicida y en una concentración más elevada que la usada en agricultura fue utilizado por el ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El famoso Agente Naranja, que contenía 2,4-D, fue fabricado por empresas como Dow y Monsanto, entre otras. Los efectos de este producto persisten aún hoy en las comunidades afectadas por la guerra.
Según el Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente, el poderoso químico es altamente tóxico y peligroso. Además es cuestionado en todo el mundo y fue prohibido en varios países. La forma en que se aprueban los transgénicos, el modelo del agronegocio basado en la sojización, la concentración, el mayor uso de tecnologías, el avance de la frontera agropecuaria y el atropello a derechos de campesinos e indígenas, son cuestionados por muchas organizaciones de agricultura familiar, campesina y de Pueblos Originarios. Entre tantas voces que fueron apareciendo, también se sumaron la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt), Campaña Paren de Fumigarnos, Alianza Biodiversidad y el Centro de Protección a la Naturaleza (CeProNat), quienes iniciaron una campaña internacional para detener la el avance de esta nueva semilla.
“El 2,4-D es un herbicida más peligroso que el glifosato, por lo que los impactos ambientales y en la salud de este nuevo cultivo transgénico serán aún más devastadores, especialmente teniendo en cuenta que en este nuevo transgénico se ha apilado una combinación de herbicidas”, deja en claro el texto que acompaña la junta de firmas. El Ministerio de Agricultura de la Nación debe dar la aprobación final para que esta nueva semilla entre en el mercado argentino. Mientras tanto se siguen sumando voces que alertan los riesgos de esta nueva soja y rechazan la falta de consulta en información ante estos hechos. El Celma es claro al respecto: “Si se considera que el 98% de la producción de soja del país es semilla transgénica, los aspectos que hacen al impacto ambiental, la producción agropecuaria y la salud pública, deben ser rigurosamente controlados por el Estado”
Fuente: SURsuelo
De:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_la_nueva_soja_y_el_2_4-D
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