Los movimientos contra la agricultura transgénica se están convirtiendo en una constante en toda América Latina,
donde comunidades indígenas y campesinas se levantan frente a las
legislaciones privatizadoras de los recursos agrarios, que los
activistas definen como “un bien común esencial para la vida”.En Chile, tras meses de presión de los movimientos sociales, se ha conseguido retirar el trámite parlamentario de la conocida como “Ley Monsanto”, que según sus opositores, beneficiaba principalmente a la empresa multinacional de la biotecnología de origen estadounidense.
Esta ley habría supuesto duras medidas contra los pequeños agricultores, como obligarlos a pagar una cuota anual a empresas semilleras, o impedir que guardasen las mejores semillas de una cosecha a otra, o intercambiarlas entre ellos. La ley también permitía la destrucción de cultivos, la confiscación de semillas, o las denuncias entre campesinos que no respetasen los derechos de propiedad de la compañía semillera.
Monsanto, así como otras corporaciones como Bayer, Dow y Basf, hacen negocio principalmente con semillas genéticamente manipuladas, más resistentes a herbicidad y plaguicidas, y que se venden en conjunto con la tecnología necesaria para su tratamiento, todo con el sello de la misma empresa.
Una agricultora Mapuche asegura que “las multinacionales quieren apropiarse del poder ancestral de nuestro pueblo, que lleva siglos seleccionando en choclo o la papa […] Las mujeres siempre hemos sido guardianas de las semillas, pero no nos hemos considerado sus dueñas”.
Las comunidades mapuches, apoyadas por movimientos sociales como Vía Campesina o la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas, han presionado al gobierno de Bachelet para revisar esta ley, lo que fue una promesa de su campaña electoral. La presidenta ha retirado el trámite parlamentario, escuchando las reclamas populares.
También en Colombia el verano pasado se consiguió paralizar la Resolución 970, que obligaba a los agricultores a utilizar exclusivamente semillas patentadas. El movimiento de oposición a esta resolución publicó el documental 970, donde denunciaba confiscaciones de cosechas no patentadas, o desinformación sobre la ley entre los pequeños agricultores. El Tribunal Constitucional declaró este lay ilegal por no haberse sometido a consulta a los pueblos indígenas.
En Argentina más de 10.000 personas se han rebelado contra su particular “ley Monsanto”. La ley aún no avanza, pero los movimientos sociales vigilan de cerca todo su proceso, en defensa de la soberanía alimentaria y de los pequeños agricultores.
Alba Sánchez Serradilla
Redacción
Leer más:
Soberanía alimentaria y agroecología
Bolivia protege la Tierra
De:
http://enpositivo.com/2014/04/campesinos-latinoamericanos-contra-la-privatizacion-de-las-semillas/
No hay comentarios:
Publicar un comentario