Distrito Federal— La empresa productora de transgénicos Monsanto está
desesperada: este mes comienza el ciclo primavera-verano de siembra en
el norte de México y no puede vender sus semillas de maíz modificado
genéticamente. En 2012 solicitó el permiso para distribuirlas en un
millón 840 mil hectáreas, pero un juez suspendió el procedimiento y otro
ratificó la pausa.
Según productores del cereal, se necesitan aproximadamente 80 mil
semillas de maíz para cubrir una hectárea, y cada bolsa de 60 mil
semillas de Monsanto cuesta 3 mil pesos. La utilización de esa simiente
implica además el uso exclusivo del herbicida de la trasnacional
Roundup. Así que el mercado mexicano es multimillonario para la
compañía: un ciclo de siembra le daría –sólo por venta de semilla– 5 mil
520 millones de pesos.
Signo de la desesperación de Monsanto es el ataque jurídico que
emprendió contra un juez que confirmó la decisión de frenar los permisos
experimentales, piloto y comerciales de maíz transgénico en el país.
Hasta 2012 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) sólo entregó licencias para sembrar
granos transgénicos con fines experimentales en superficies de pocas
hectáreas. Pero a partir del 7 de septiembre de ese año el Gobierno dio
luz verde a las empresas de biotecnología para solicitar autorizaciones
con fines comerciales.
En un año, entre el 7 de septiembre de 2012 y el 3 de septiembre de
2013, diferentes consorcios presentaron 14 peticiones de uso comercial
de maíz transgénico, a distribuirse en 5 millones 973 mil hectáreas de
Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sinaloa y Baja California Sur,
de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica).
La suspensión en la entrega de avales fue dictada por primera vez el
pasado 17 de septiembre por el Juzgado XII en Materia Civil del Distrito
Federal, en el juicio de demanda colectiva que interpusieron
organizaciones civiles contra la Sagarpa, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y sociedades productoras de
maíz transgénico.
En el texto de la demanda, cuya copia obtuvo Proceso, los demandantes
exigieron al juez una medida precautoria con el argumento de que
mediante la polinización los organismos genéticamente modificados (OGM)
se escapan de las zonas donde los confina la ley, contaminan otras
plantaciones y amenazan de esta manera la diversidad biológica de los
maíces en el país. El juez concedió la medida solicitada.
El fondo de la denuncia, empero, aún se discute: los inconformes piden a
la justicia reconocer claramente que, al expedir permisos comerciales
de siembra de maíz transgénico, se viola la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), instrumento que ordena
proteger el grano nativo. En otras palabras, las organizaciones civiles
reclaman la anulación definitiva de la entrega de autorizaciones.
Desde la resolución provisional, la Sagarpa, la Semarnat y las empresas
productoras han tratado de cancelar la medida. No obstante, diversos
fallos judiciales han frustrado sus intentos. Entre ellos se encuentra
el que emitió el magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta el pasado 20
de diciembre, al reconocer que la LBOGM protege al cereal nativo.
Puntualizó que la suspensión sólo aplicará mientras dure el juicio.
Marroquín arguyó que la medida precautoria no constituyó un “acto
privativo” contra los consorcios (que les quitara algún bien o derecho),
ya que las empresas todavía no empezaban la venta de semillas. Señaló
que no existen pruebas “que pongan en evidencia que alguna de las
demandadas esté sufriendo una afectación ruinosa”. Explicó en su
sentencia que cancelar la medida podría incitar a la Sagarpa y a la
Semarnat a extender las licencias actualmente en trámite y así liberar
el transgénico, sin que pudiera controlarse su expansión. Y agregó: “Se
podrían ocasionar daños de difícil o imposible reparación”.
Esas declaraciones, según Monsanto, ilustran la falta de imparcialidad
del magistrado. El pasado 28 de febrero la empresa interpuso un
“incidente de recusación” contra Marroquín, en el que exigió sacarlo del
juicio. El magistrado, según la empresa, “ha externado su opinión
respecto de las pretensiones demandadas, así como de la procedencia y
legalidad de la medida precautoria”.
En la recusación, Luis Miguel Velásquez Líbano –el abogado de Monsanto–
defiende también a la Sagarpa y a la Semarnat, encargadas de otorgar
los permisos: “No es justificable la actuación del juzgador cuando son
ellas (las dependencias) y nadie más quienes por mandato legal les
corresponde aplicar” (sic).
En su defensa, el magistrado Marroquín declaró, ante el juez encargado
de decidir su suerte, “no tener interés personal alguno en el asunto”,
por lo que “lo resuelto en las referidas resoluciones y en las que
eventualmente pudiera llegar a dictar se apegará estrictamente a la
ley”.
Contactados por este semanario, representantes de la trasnacional
aseveraron: “Monsanto reitera su respeto a las leyes mexicanas y el
apego al derecho de sus autoridades para resolver conflictos de manera
justa. (…) En este momento no estamos en una posición para informar o
especular sobre la situación actual de los permisos”.
El pleito legal
El pasado viernes 4, la directora de la fundación Semillas A.C., y
representante común de la acción colectiva, Adelita San Vicente Tello,
entregó al III Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa los
argumentos de las organizaciones civiles contra las acusaciones de
Monsanto.
El documento, del que este semanario también posee una copia, se
refiere a una resolución que emitió el magistrado Walter Arellano
Hobelsberger el pasado 30 de enero, en la que negó a la empresa un
amparo contra la medida precautoria.
En la solicitud de ese amparo, la compañía aseveró que la medida viola
la ley y “paraliza la actividad de la administración pública”. Por lo
tanto, abundó, la medida “sería atentatoria del orden público e interés
social”, así como de “la libertad de comercio”. Denunció también que el
juez no otorgó el derecho de audiencia ni a las corporaciones ni a las
secretarías —federales.
En su decisión, Arellano Hobelsberger reconoció que las aseveraciones
de Monsanto eran “fundadas”, pero enseguida las calificó de
“ineficaces”. Y usó prácticamente los mismos términos que Marroquín para
mantener la medida precautoria: “La sola o mera posibilidad de que se
afecte el medio ambiente es suficiente para mantener vigente la medida
cautelar”.
Según René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas A.C., y representante
legal de las organizaciones civiles en la demanda colectiva, el
argumento emitido por Arellano Hobelsberger –magistrado del V Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de mayor jerarquía que
Marroquín– comprueba que este último se apegó a la ley cuando confirmó
la medida precautoria.
En el expediente que las organizaciones civiles entregaron para
rechazar la revocación de Marroquín, se lee que “las comunidades locales
y los movimientos sociales de todo el mundo oponen resistencia y
rechazan a Monsanto y el modelo agroindustrial que representa”.
El documento evoca el juicio en contra de Mahyco-Monsanto “por el
delito de biopiratería” que se efectúa en India. Agrega que en América
Latina las protestas también han crecido, como en Perú, donde el
gobierno aprobó una moratoria de 10 años a los transgénicos.
Asimismo, asevera que “Monsanto y otras empresas de biotecnología
enfrentan demandas judiciales en Estados Unidos, entre ellas juicios con
los que (el Gobierno) pretende evitar que los cultivos transgénicos se
propaguen en refugios nacionales de vida silvestre”. Las organizaciones
retoman dos decisiones de la justicia francesa, en las que condenó a
Monsanto por publicidad engañosa. Los quejosos también plantean que a
raíz de la expansión de las semillas modificadas y, por lo tanto, del
Roundup, su famoso plaguicida, aparecieron “supermalezas” resistentes al
glifosato, el principio activo del insecticida.
El juez Manuel Suárez Fragoso desechó la petición de Monsanto el lunes
21 y dio la razón a Marroquín. En su resolución, argumentó que Marroquín
se apegó a la ley cuando confirmó la medida precautoria, ya que respetó
el “buen derecho” y “el peligro de la demora”, y asentó que su decisión
“no pone en peligro la seguridad o la economía nacionales”.
Resistencias
Del 5 de julio de 2013 –cuando las organizaciones civiles depositaron
la demanda de acción colectiva– a la fecha, el juicio lleva 49
impugnaciones en cuatro diferentes tribunales. “El juicio apenas
empieza”, señala a este semanario Adelita San Vicente Tello. Y el
abogado Sánchez Galindo añade: “nos tratan de cansar”.
Hasta la fecha, las secretarías federales y las empresas de
biotecnología interpusieron 11 amparos contra la medida cautelar –dos de
ellos provenientes de la Sagarpa– y tres contra la demanda.
Las dependencias fueron las primeras en interponer recursos, el 9 y el
10 de octubre respectivamente. Como lo documentó Proceso, argumentaron
la violación a su derecho de audiencia.
El pasado 14 de febrero, la Sagarpa solicitó un nuevo amparo contra la
medida cautelar. Esta vez arguyó que se violaba su seguridad jurídica.
De:
http://diario.mx/Nacional/2014-04-27_4f62c2f4/monsanto-da-pelea-por-vender-maiz-transgenico-en-mexico/
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