Monsanto y la seguridad jurídica

La instalación de Monsanto tiene una ilegalidad de origen que muchos buscan ocultar. La zonificación del predio elegido no permite la radicación de un establecimiento industrial.

El pasado miércoles 11 de junio, la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó la Ley de Política Ambiental Provincial número 10.208, en un contexto de violenta represión a integrantes de asambleas y organizaciones sociales, que terminó con la detención de 20 personas.

Sin entrar en un análisis valorativo sobre la ley en cuestión, destacamos una de sus disposiciones, que tiene directa aplicación en el conflicto eco-territorial que se suscitó a raíz de la intención de Monsanto de instalar una planta de acondicionamiento de semillas en la localidad de Malvinas Argentinas.
El artículo 20 de dicha ley establece: “... Todo proyecto que fuere desestimado o rechazado por la autoridad de aplicación no puede presentarse nuevamente para su evaluación”.

El 10 de febrero del presente año, el secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba (autoridad de aplicación) resolvió desestimar el estudio de impacto ambiental de la pretendida planta presentado por Monsanto. En consecuencia, por aplicación del segundo párrafo del artículo antes citado, la multinacional ya no tiene caminos institucionales para obtener el certificado de aptitud ambiental de su proyecto, condición necesaria para el inicio de las obras y el funcionamiento de la actividad.
Está conclusión es obvia, no hay otra interpretación posible, y sólo alejándose expresamente de lo establecido por la ley la administración cordobesa podría dar paso al inicio de una nueva evaluación ambiental.
La instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas tiene además una ilegalidad de origen que muchos buscan ocultar. La zonificación del predio elegido no permite la instalación de un establecimiento industrial como la planta de acondicionamiento de semillas que se pretende poner en funcionamiento.
Debe entenderse que la seguridad jurídica –que tanto se declama– no corre sólo para las empresas, para los negocios o para los que ostentan el poder. También están los derechos de la ciudadanía en general, la que en este caso sólo demanda que se respete la legislación ambiental vigente, sin privilegios para nadie. En otras palabras, la verdadera seguridad jurídica es aquella que otorga certidumbre a todos los habitantes de que lo establecido en las leyes se aplicará a todos sin excepciones, aún a las corporaciones más poderosas.
Por su parte, la firme resistencia de los vecinos de Malvinas Argentinas que se oponen a que a metros de sus casas se manipulen toxinas y transgénicos, que no son de ningún modo inocuos para los seres humanos e impactan enormemente en el ambiente (el uso de plaguicidas treparía a 1.750.000 litros/año), evidencia la ausencia de licencia social del proyecto.
Recordemos que en octubre de 2013, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión sobre mil casos (de Córdoba capital y el resto de la provincia), de los cuales el 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la planta y el 66,8 por ciento expresó su acuerdo con los vecinos que se oponen. También cuestionaron a la planta nada menos que las tres casas de altos estudios más importantes de la provincia: la Universidad Católica (UCC), la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Igualmente, la Justicia impugnó el emprendimiento cuando, en enero de este año, la sala segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba ordenó paralizar la obra, al dar lugar al amparo presentado por los vecinos de Malvinas Argen t inas.
Pese a todo esto y a que por aplicación del artículo 20, antes citado, la discusión debiera ya estar cerrada, todo indica que Monsanto insistiría –ilegalmente– en su afán de instalarse, lo que pondría en vilo no sólo el ambiente y la salud de los habitantes de Malvinas Argentinas, sino también a la propia vida democrática, sus instituciones y leyes, que pasarían a ser manipuladas y violadas para garantizar el negocio de una gigantesca corporación.
*Socióloga, investigadora principal del Conicet, y miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, respectivamente


De:
http://www.lavoz.com.ar/opinion/monsanto-y-la-seguridad-juridica