| Giorgio Trucchi |
En el marco de los 20 años de la revista Biodiversidad,
activistas y profesionales de diferentes países de América Latina
debatieron en San José, Costa Rica, sobre las experiencias de luchas y
resistencia ante los embates del modelo extractivista del agronegocio.
La
defensa del derecho de rescatar, proteger, conservar y promover las
semillas criollas, luchando contra la expansión de los monocultivos, la
invasión de transgénicos y la creación de marcos jurídicos, que están
hechos a la medida de los intereses corporativos de las transnacionales
del agronegocio, es algo que acomuna diferentes países de América
Latina.
Carlos
Vicente, miembro del equipo regional de Grain, cuenta que la invasión
de la soja transgénica en Argentina ha alcanzado una extensión que
supera los 20 millones de hectáreas -cuatro veces el territorio de Costa
Rica-, y está acompañada por el uso anual de 30 millones de litros de
glifosato.
En
Colombia, el cultivo de maíz y algodón modificado genéticamente ha
venido creciendo vertiginosamente, superando las 100 mil hectáreas en
2012.
En
Chile, la siembra de transgénicos ha aumentado 1,200 por ciento durante
los últimos 15 años, ocupando casi 36 mil hectáreas, es decir el 4.8
por ciento del total de superficie agrícola.
Con
la expansión de la siembra de OGM, también ha venido creciendo la
agresividad de las grandes corporaciones que controlan el mercado de las
semillas.
Ley de Semilla: un tentáculo transnacional
Una
de las estrategias de penetración y control que transnacionales como
Monsanto están usando a lo largo y ancho de América Latina es la
creación o modificación de las leyes de semillas, en el marco de la
firma y ratificación de Tratados de Libre Comercio (TLC).
“Estas
leyes son prácticamente iguales en todos los países y son redactadas
por las mismas corporaciones. Aprovechan la ignorancia y la actitud
servil de gobiernos y políticos nacionales, y van adaptándolas a los
estándares internacionales de protección de la propiedad intelectual”,
dijo a La Rel, Camila Montecinos, agrónoma y miembro de Grain.
El
principal objetivo de este otro tentáculo de las transnacionales es
prohibir el derecho del agricultor y las familias campesinas a guardar
sus semillas criollas.
“Todo
esto es parte del control del agronegocio sobre los sistemas
alimentarios en su totalidad, lo cual genera una mayor ilegalización y
erosión genética de las semillas criollas, menor diversidad y oferta de
alimentos, mayores costos y una grave agresión a la soberanía
alimentaria de los países”, dijo Carlos Vicente.
De
acuerdo con datos de Grain, en el siglo pasado se perdió el 75 por
ciento de la diversidad agrícola mundial y la FAO reconoce que la
principal causa de esta pérdida es la agricultura industrial.
Las trasnacionales “descubren” semillas
Colombia
y Chile son ejemplos muy claros de cómo el intento de hacer aprobar
leyes en el marco de los TLC y del Convenio Internacional para la
Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91), desemboca en la
criminalización del campesinado y de las organizaciones que luchan por
el rescate, conservación, uso, manejo y libre circulación de las
semillas criollas.
Por
medio de la Resolución 970/2010 del Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), el gobierno pretende regular todo lo relacionado con semillas,
definiendo que la únicas semillas que pueden circular en Colombia son
las mejoradas y certificadas.
Para
las personas que utilicen una semilla protegida legalmente o
similarmente confundible con una protegida legalmente, la pena es de
entre 4 y 8 años de reclusión y hasta 1,500 salarios mínimos de multa.
En
Chile, el proyecto de ley para aprobar el UPOV 91, mejor conocido como
“ley Monsanto”, prohíbe reproducir y guardar semillas, so pena de
confiscación, destrucción de cultivos o cosechas, aplicación de multas y
hasta de reclusión.
“Quieren
privatizar las semillas criollas a través de artículos redactados de
manera maliciosa, bajo pretexto que se pueden descubrir variedades,
adueñarse de ellas y de las que son parecidas”, dijo Camila Montecinos.
“Tenemos
una enorme diversidad de maíces criollos que han venido adaptándose
desde hace cientos de años, y que ahora pasarían a ser ilegales porque
las grandes corporaciones los ‘descubren’ y los registran a su nombre”,
agregó Carlos Vicente.
“Es
el mundo al revés, porque todas las semillas supuestamente mejoradas se
hicieron a partir de las semillas criollas. Aquí se están violentando
los derechos colectivos de los agricultores, rompiendo el esquema
ancestral milenario de intercambio de las semillas”, ahondó Germán
Vélez, del Grupo Semillas de Colombia.
Resistencias
Pese
a las tantas dificultades, las resistencias se multiplican en el
continente latinoamericano y logran resultados importantes, elevando el
nivel de conocimiento, concientización y movilización de las poblaciones
y deteniendo, en las calles y en los tribunales, los proyectos de
muerte de la grandes corporaciones de las semillas.
“Hay
un espectro muy grande de lucha que está frenando el avance de los
agronegocios, al tiempo que va construyendo conciencia social sobre la
necesidad de una distribución equitativa de la tierra, la
diversificación de la producción agrícola y el rescate y conservación de
las semillas criollas”, concluyó Vicente.
- Giorgio Trucchi | Rel-UITA
Fuente: Rel-UITA - @nicaraguaymas - nicaraguaymas
http://alainet.org/active/76077&lang=es
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