lunes, 8 de septiembre de 2014

Debaten legislación sobre semillas. Monsanto bajo la lupa

El 5° Congreso Nacional e Internacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas Públicas, se desarrolló en Paraná los días 28 y 29 de agosto pasado. Participaron científicos de diversas disciplinas, productores agrarios y campesinos, cooperativas y organizaciones de profesionales, empresarios y estudiantes universitarios.
Durante el Congreso se realizaron cuatro talleres de debates y propuestas que reunieron a diversos actores productivos, académicos y funcionarios del sector público municipal, provincial y nacional.
Un tema que ocupó una parte muy importante del debate fue la propiedad intelectual sobre vegetales y, en especial, la legislación sobre semillas y protección de las obtenciones de nuevos vegetales. Desde las diversas disciplinas no sólo coincidieron en las críticas a la actual legislación sino que se mostraron muy preocupados por las propuestas de reformas a la ley.
Dichas preocupaciones y requerimientos fueron resumidos brevemente en el cierre del congreso, con el fin de que la sociedad argentina y los poderes públicos las conozcan:
1. Por la importancia que reviste para los diversos actores del proceso productivo
agroalimentario y agroindustrial, para el avance de la ciencia y la tecnología en la materia, para la participación laboral en el agregado de valor y para los intereses nacionales de corto y largo plazo no sólo económica y financiera, en especial en materia de alimentos, es necesario que el debate sobre la legislación en materia de propiedad intelectual sobre variedades vegetales y sobre semillas se aborde con suficiente publicidad y participación social. Además se debe garantizar el ágil acceso de los multiplicadores a las variedades registradas.
2. Los Derechos del Agricultor reconocidos nacional e internacionalmente deben contemplar en su manifestación legal el estricto respeto de los derechos al uso propio de los productores, sin restricción alguna con la eventual excepción de grandes productores y/o pooles financieros.
3. Se deben aplicar con rigor las normas de defensa de la competencia, investigando los abusos monopólicos de las grandes corporaciones, conocidos por la publicación de imposiciones a los productores y adquirentes de semillas.
4. Destacar que los sistemas contractuales que se imponen a productores, acopiadores, procesadores y exportadores en esta cadena de contratos sustituye la soberanía estatal sobre las políticas públicas en materia agrícola y alimenticia por la imposición soberana y autoritaria de las políticas públicas alimentarias por corporaciones transnacionales.

Monsanto quiere controlarlo todo

El correlato de los puntos recién descriptos se encuentra en la denuncia que realizaron ayer la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem) y la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica y productores agropecuarios, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), contra la empresa Monsanto por abuso de posición dominante.
Salvador Darío Bergel, abogado patrocinante de la denuncia, conversó con Página/12 en el 5º congreso y de aquel intercambio el periodista Sebastián Premici realizó un artículo titulado “Abuso de Monsanto con la venta de semillas” detallando la situación.

El contrato

Bergel explicó que la multinacional “ha diseñado un nuevo modelo de negocios a través de un sistema de producción y comercialización para una nueva especie de soja (Intacta)” que impone “condiciones restrictivas a la competencia en su comercialización, procesamiento y acopio, asignando funciones y tareas de fiscalización y retención a determinadas empresas semilleras”.

Las elegidas

Los únicos semilleros autorizados para comercializar la nueva soja de Monsanto son Nidera, Asociados Don Mario S. A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), entidad vinculada a Coninagro. Entre las dos primeras, concentran el 80 por ciento del mercado de semillas. También puede participar la empresa Asgrow, que es propiedad de Monsanto.
Según la denuncia, este contrato privado ejerce una regulación tácita sobre los productores, los multiplicadores de semillas y los acopios. A los primeros se les impide el ejercicio del derecho al uso propio de la semilla, en los términos avalados por el artículo 27 de la Ley de Semilla 20.247. El mismo expresa que “No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien reserva y siembra semilla para su propio uso, o usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación fitogenética”.
Sin embargo, este artículo no tiene vigencia-existencia en la legislación del principal productor de transgénicos. En el punto 4 del contrato se lee: “sin perjuicio de que el sistema se encuentra actualmente en proceso de desarrollo, reconozco que el mismo incluirá los siguientes principios, los cuales acepto”. Y agrega que “el uso de la Tecnología Intacta estará limitado al territorio de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y San Luis”. Para extender la geografía “habrá que pedir autorización a Monsanto. Únicamente aquellas personas físicas o jurídicas que hayan optado por participar del sistema y lo cumplan podrán sembrar soja con la tecnología Intacta y venderla a los exportadores que participen del sistema. Los exportadores evaluarán la presencia de la tecnología en el grano que reciban. Monsanto podrá evaluar la presencia de Intacta en los campos del productor, mediante inspección y toma de muestras”.

Y como si fuera poco

En la denuncia presentada en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, los productores expresaron que se les obliga a pagar “regalías extendidas”, correspondientes a 14 dólares por bolsa de semillas.
“Al entregar la soja al acopiador deberá probar que pagó el canon según un cálculo que determinará cuánta semilla se necesitaba para lograr la cosecha que se vende. Por ejemplo, si la cosecha es producto de 100 hectáreas, deberían haberse utilizado 300 bolsas de semillas, a 14 dólares de canon por bolsa, el abono sería de 4200 dólares. Si no se demuestra el pago, Monsanto lo podrá descontar del precio de venta”, se especifica en la denuncia”, explicaron.
Un dato muy importante que brinda Aldo Casella, especialista en legislación agropecuaria es que “no hay registros en la oficina de propiedad intelectual que Monsanto haya patentado esta innovación. A su vez, tampoco la ampara ningún derecho para establecer semejantes cláusulas en un contrato privado. Sólo su posición dominante y de presión le permite hacer semejante contrato, que se choca de lleno con la ley de defensa de la competencia”.
Si bien Monsanto, explica Casella, obtuvo en varios países el derecho de patente sobre la construcción genética que brinda resistencia al glifosato y sobre la nueva tecnología Intacta, no ha ocurrido lo mismo en Argentina. Es decir, la empresa obtuvo autorización para comercializar esta variedad de soja por parte del Ministerio de Agricultura, pero no existe registro de su patente en el país. Por eso, además de solicitar una medida cautelar para frenar la suscripción de estos contratos, los denunciantes también reclaman que sea librado un oficio al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para determinar si Monsanto tiene derechos exclusivos sobre la soja Intacta, bajo la sospecha de que la multinacional impone su posición dominante, sin contar con una patente exclusiva.
Cabe resaltar que Monsanto no sólo es líder mundial en la producción de semillas transgénicas y representante de la violación sistemática de la soberanía de los pueblos, sino que es también el creador de uno de los productos que ha provocado serios problemas de salud en distintas poblaciones del país y el mundo: el glifosato.

De:
http://www.8300.com.ar/2014/09/03/debaten-legislacion-sobre-semillas-monsanto-bajo-la-lupa/

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