El proyecto de ley que pretende establecer una moratoria indefinida
a la liberación y cultivo de organismos vivos modificados
(transgénicos) en el país tiene un panorama complicado en la Asamblea
Legislativa, pese al apoyo manifiesto de los ministerios de Agricultura y
Salud.
La propuesta de ley fue presentada durante la legislatura anterior
por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, con el respaldo
de varios diputados de la pasada fracción del PAC. Hoy se encuentra bajo
análisis en la Comisión de Asuntos Agropecuarios.
Tanto el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, como la
ministra de Salud, María Elena López, se han manifestado a favor de
establecer la moratoria, mientras el país no cuente con las condiciones
que garanticen la “bioseguridad” a la hora de liberar organismos vivos
que hayan sido modificados genéticamente mediante biotecnología.
Sin embargo, la propuesta cuenta con el rechazo de las cámaras
empresariales, de alguna parte de la comunidad científica y, desde
luego, de las compañías que representan los intereses de las
transnacionales dedicadas al desarrollo de este tipo de organismos
modificados.
Ecologistas y académicos que respaldan la iniciativa consideran
necesaria la moratoria, hasta que el país tenga los instrumentos
técnicos y legales que garanticen la seguridad en la liberación de los
transgénicos.
En medio de esta discusión, la Sala Constitucional la semana
anterior declaró parcialmente con lugar un recurso, estableciendo que la
información relativa a los expedientes de cultivos transgénicos no
tiene por qué ser confidencial y debe estar al alcance del público.
“Es segura”
Martín Zúñiga, director ejecutivo de CropLife Latin America
(empresa que representa a varias transnacionales vinculadas a la
producción de transgénicos, entre ellas Monsanto), considera que la
moratoria no tiene razón de ser y sostiene que los transgénicos son
seguros.
“Con las normas de bioseguridad apropiadas, que ya están normadas
en el país, es una tecnología que le permitirá al país una agricultura
de avanzada y continuar siendo uno de los proveedores de semilla de alta
tecnología para el mundo”, comentó.
Zúñiga cree que una moratoria representaría una “gran pérdida” para
el país, en los esfuerzos de investigación que se han hecho desde la
academia y de formación de profesionales en el área de biotecnología.
“La mejor evidencia viene de los países desarrollados donde la
tecnología ha sido aprobada, aunque en algunos países de Europa aún se
mantienen reservas; países como España, Rumanía y Rusia las tienen,
Estados Unidos obviamente, y en América Latina grandes productores
agrícolas como Brasil y Argentina tienen muchos años de usar la
biotecnología”, argumentó.
Zúñiga asegura que los transgénicos no tienen riesgos de
contaminación genética o problemas de resistencia a herbicidas, más allá
de los que presentan los organismos no modificados, y que la semilla
transgénica se entrega siempre con un “paquete tecnológico” que permite
cultivarlos con seguridad.
Este criterio no lo comparte el catedrático en Biología de la
Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Estatal a Distancia
Jaime García, para quien no existen pruebas contundentes de la seguridad
de los transgénicos al ser liberados.
“Una vez que se libera un organismo vivo al ambiente, nadie puede
controlarlo. Ninguna norma puede atajar un organismo vivo una vez
liberado al ambiente; no podemos estar las 24 horas controlando, y
aunque pudiéramos, ¿cómo se controla el polen?, ¿cómo se controla que
animales o personas lleven semilla de un lado a otro?”, cuestionó
García.
Para este académico, el país requiere de una moratoria, no de plazo
definido, sino hasta que se cumpla con una serie de condiciones, como
tener una ley de bioseguridad, que no existe actualmente.
“No se está haciendo un análisis de riesgo-beneficio. ¿Dónde están
los beneficios para Costa Rica de cultivar transgénicos en relación con
los riesgos? Algo tan básico como esto no se está haciendo”, criticó.
García indicó que si bien está clara la posición de los ministerios
de Agricultura y Salud a favor de la moratoria, en contraste, el
Ministerio de Comercio Exterior se ha expresado en contra, dejando ver
que el tema no se ha tocado en el Consejo de Gobierno, pese a que fue
uno de los compromisos adquiridos por el presidente Solís en el “Pacto
Ambiental”.
El investigador expuso que al Cómex debería preocuparle el tema, ya
que un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) registra 198 casos de rechazo a
importaciones, por haberse detectado contaminación de transgénicos en
países desarrollados.
Considera que pese al rechazo a la posibilidad de una moratoria por
parte de algunos académicos y científicos relacionados con el tema, el
proyecto de moratoria no interrumpe las investigaciones, y recordó que
el año anterior el Consejo Universitario de la UCR recomendó una
moratoria al cultivo de transgénicos en suelo nacional.
García, quien es miembro de la Comisión Nacional Técnica en
Bioseguridad, estima que será difícil que el proyecto de moratoria se
apruebe en la Asamblea Legislativa, ya que cuenta con la oposición de
partidos como Liberación Nacional y el Movimiento Libertario, por lo que
piensa que el Gobierno debería valorar la posibilidad de establecer la
moratoria mediante un decreto.
- Javier Córdoba Morales (Javier.cordoba@ucr.ac.cr)
23 de Septiembre de 2014
De:
http://www.alainet.org/active/77447&lang=es
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