Organizaciones de productores, multiplicadores y acopiadores de soja
presentarán una denuncia contra la multinacional Monsanto por entender
que la empresa impone exigencias en sus contratos de venta de semillas,
que pueden constituir potenciales herramientas de concentración del
sector en toda la cadena de producción y comercialización.
Las organizaciones denunciantes son la Cámara Argentina de Semilleros
Multiplicadores (Casem),la Federación de Cooperativas Federadas
(Fecofe), las Cooperativas Agropecuarias Federdas de entre Ríos (Cafer),
la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (Fadia) y la
Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitada
(Facal), las que alegan prácticas “discriminatorias y que dificultan la
permanencia en el mercado de múltiples actores”.
Las observaciones se centran sobre los contratos para la adquisición y
utilización de semillas con tecnología RR2Y y RR2YBt, en los que se
establecen exigencias que condicionan la venta de la variedad de semilla
de soja por parte de la empresa Monsanto, a la que le atribuyen
“conductas que restringen la competencia en perjuicio para el interés
económico general”.
El tipo de semillas Intacta RR2 Pro es presentada por Monsanto como la
nueva biotecnología que provee a las variedades de soja incremento en el
rendimiento, reducción de costos y simplicidad de manejo, y que permite
la menor utilización de insecticidas.
Para las entidades agrarias, los contratos que Monsanto exige firmar con
los compradores de este tipo de semillas “condicionan a los
adquirientes y a sus posteriores acciones o ventas, interviniendo así en
toda la cadena de producción y comercialización”.
En particular, consideran que en los contratos se restringe la venta de
la producción sólo a los comercializadores autorizados por Monsanto, que
son tres Asociados Don Mario S.A., Nidera S.A. y la Asociación de
Cooperativas Argentinas, y se restringe geográficamente la siembra de
las semillas a algunas provincias del territorio nacional.
También se entiende que se acota la comercialización del grano obtenido
exclusivamente a los exportadores o elevadores participantes del sistema
y se obliga al comprador a pagar la regalía por este tipo de tecnología
por cada uso de la misma: al momento de la compra, al momento de la
declaración y siembra para uso propio o al momento de la entrega al
elevador o exportador.
“El sistema de comercialización de estas tecnologías es establecido por
Monsanto, quien determina quiénes pueden comprar y acopiar el grano y
quiénes no y regula así la totalidad de la cadena productiva”,
denunciaron las entidades al agregar que “se le concede el derecho de
inspeccionar los lotes de los productores y los cargamentos”.
Al respecto Esteban Motta, de Fecofe, manifestó que “la biotecnología
debe ser parte de un proceso de desarrollo nacional inclusivo y con
accesibilidad a los distintos sectores de la cadena. Los contratos que
promueve Monsanto son una herramienta que avanza en la concentración, no
solamente para quedarse con el control de la tecnología y el desarrollo
tecnológico sino también con el control de la comercialización y del
desarrollo del sector agropecuario de la Argentina.”
Por su parte, Raúl Pagnoni, presidente de Cámara Argentina de Semilleros
Multiplicadores, señaló que “complementariamente a la presentación de
la denuncia contra Monsanto se solicitó a la Comisión de Defensa de la
Competencia que adopte medidas de carácter provisional previstas en el
artículo 35 de la ley 25.126 a fin de ordenar el cese de la conducta
lesiva durante la tramitación del procedimiento”.
La multinacional Monsanto, en tanto, explicó ante una consulta de Télam
“que la denuncia de concretarse quedará desfasada de la realidad tras la
presentación que hizo la semana pasada la empresa respecto a la
flexibilización de las condiciones comerciales y el acceso de los
productores a las semillas de soja con tecnología Intacta RR2 PRO”.
La empresa explicó que dispuso “una campaña comercial más adaptada a la
realidad actual del productor” que permite ampliar las condiciones de
pago con alternativas de financiación, adapta los tiempos de pre campaña
otorgando mayor flexibilidad y reduce el precio a pagar al momento de
la entrega del grano a 15 dólares por tonelada.
Monsanto aseguró que las nuevas condiciones comerciales permiten el
“desarrollo de alternativas de pago adicionales para esta y futuras
campañas, que permiten a los productores pagar por hectárea,
independientemente de su productividad”.
Además, aclaró que el pago de la tecnología se realizará cuando se
adquiere la bolsa de semilla certificada, dando al productor una
cantidad de kilogramos libres para entregar su producción, al tiempo que
se desarrollan alternativas de pago de la tecnología por hectárea
sembrada con semilla certificada o de uso propio, que libera al
productor del control en la entrega del grano y evita la segregación de
tecnologías.
Más allá de las aclaraciones de la multinacional, los distintos sectores
de la cadena que resultan denunciantes anticiparon que solicitarán a la
Comisión de Defensa de la Competencia “que adopte medidas para el cese
de prácticas discriminatorias y que dificultan la permanencia en el
mercado de múltiples actores, generando una situación de dependencia
comercial”.
En ese sentido, consideraron que esta situación permite “el aumento
unilateral de costos” y en consecuencia “una limitación de la capacidad
productiva de las empresas que operan en la cadena”, al ser Monsanto
-según la denuncia- la que “selecciona los eslabones actuantes en cada
eslabón, y desplaza al resto de los competidores”.
También aseguraron que “no se pudo comprobar que el Instituto Nacional
de Propiedad Intelectual haya concedido a Monsanto el derecho de patente
sobre la construcción genética que rinda resistencia al glifosato y
sobre la nueva tecnología Intacta RR2 Pro, a pesar de que la empresa lo
dice públicamente”.
De:
http://www.telam.com.ar/notas/201408/76411-productores-presentaran-una-denuncia-ante-la-comision-nacional-de-defensa-de-la-competencia.html
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