Entre
1989 y 2013 fueron ejecutados 115 campesinos paraguayos por fuerzas de
seguridad y sicarios. Agronegocio, ilegalidad y complicidad estatal
están en la base de esta matanza, un modelo que se profundizó en los
últimos años.
Chokokue
es una palabra en guaraní que significa campesino, o agricultor, y es
el nombre del informe que hace pocos días publicó la Coordinadora de
Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) acerca de los asesinatos de
campesinos cometidos en ese país en los últimos 24 años. El trabajo toma
como fecha de comienzo de la investigación el 3 de febrero de 1989, día
en que el general Andrés Rodríguez encabezó un golpe de Estado que
destituyó al dictador Alfredo Stroessner luego de 35 años de gobierno.
Es a partir de allí que comienza la llamada Transición Democrática,
período que, según varios analistas, aún está en desarrollo. La Codehupy
señaló en su informe que desde la caída del dictador hasta agosto de
2013, 115 campesinos fueron asesinados por fuerzas de seguridad o
sicarios al mando de grandes terratenientes con el fin de amedrentar la
lucha por la tierra. Un dato que los investigadores vinculan
directamente con el avance del agronegocio y la concentración de la
tierra producidos durante la Transición Democrática.
Paraguay
tiene un índice de concentración de la tierra muy elevado. Según datos
oficiales, el 2,6% de los propietarios tienen el 85% de la tierra
cultivable del país. Un proceso que en las últimas dos décadas se ha
acentuado. Entre 1991 y 2008, las fincas menores a 100 hectáreas de
extensión disminuyeron en un 15%, mientras que las más extensas
aumentaron en un 43% ocupando 30.107.408 hectáreas cultivables del país.
A esto se le suma el fenómeno de las tierras malhabidas, campos que
debían destinarse a la reforma agraria y terminaron en manos de
simpatizantes de la dictadura stroenista o amigos de altas autoridades
del Estado paraguayo. Entre 1954 y 2003 fueron adjudicadas de manera
fraudulenta 7.800.000 hectáreas de tierra.
“En
ese contexto de alta concentración de la tierra, de una gran cantidad
de tierras malhabidas, de una deuda pendiente de la transición
democrática que es la reforma agraria, los diversos actos de atropello y
violencia contra los campesinos se producen en respuesta a los reclamos
que los movimientos vienen haciendo hace mucho tiempo”, explicó Enrique
Gauto, secretario ejecutivo de la Codehupy. “Son reivindicaciones que
pasan por una reforma agraria que incluya la recuperación de las tierras
malhabidas y el mejoramiento de las condiciones de vida de las
comunidades campesinas. Es importante señalar que la reforma agraria en
nuestro país tiene rango constitucional.” En su trabajo, la coordinadora
recopiló cada uno de los 115 casos detectados, incluyendo
reconstrucciones de los asesinatos, y documentos que prueban la
vinculación de los mismos con históricos sectores de poder. “Hay
claramente un plan impulsado por terratenientes, sectores de poder
político y económico para ir desplazando progresivamente a la población
campesina de sus tierras y apropiarse cada vez más del territorio
campesino”, explicó Gauto. “Estos sectores ven a la tierra como un
capital sumamente rentable y no tienen ningún reparo en avanzar en este
plan de ejecuciones. Desde el Poder Judicial y el Ministerio Público no
se investigan adecuadamente estos hechos y mucho menos se llega a una
condena a los autores morales. Hay un pacto tácito de complicidad entre
Ministerio Público, Poder Judicial y sectores de alto poder económico y
político”. El objetivo es entonces descabezar a los movimientos
campesinos, eliminar a sus líderes o principales referentes para
desmovilizar y generar miedo. “Hemos podido verificar el temor que queda
instalado en las comunidades donde se produjeron estos asesinatos y la
dificultad en encontrar personas que puedan asumir el papel de los
líderes que fueron ejecutados”, sostuvo el titular de la Coordinadora.
En
ninguno de los 115 casos se ha condenado a los responsables políticos.
De los 91 asesinatos que han llegado a instancias judiciales, sólo en
ocho los autores materiales han sufrido alguna sentencia, aunque ninguna
firme. Otros 47 se encuentran en proceso, 14 se declararon casos
perdidos y no localizables, 16 fueron cerrados judicialmente, y seis no
fueron investigados. La mayoría de los autores materiales, el 67%, son
sicarios parapoliciales. En algunos casos, se trata inclusive de
organizaciones civiles impulsadas por el Estado, como las “comisiones de
seguridad vecinal” implementadas por el presidente Nicanor Duarte
(2003-2008), responsables de varios ataques a movimientos campesinos.
Las fuerzas de seguridad, en cambio, fueron las responsables del
restante tercio de las ejecuciones, en número cada vez mayor luego de la
aprobación de la reforma penal de 1997, sus sucesivas ampliaciones en
el 2008 y la Ley Antiterrorista promulgada en 2010, que permite reprimir
varias de las acciones que las organizaciones campesinas llevan
adelante, como los cortes de ruta. Más recientemente, el actual
presidente Horacio Cartes aprobó la cuestionada Ley de Seguridad
Interna, que permite al Ejecutivo, sin aprobación del Parlamento, la
militarización y declaración de Estado de Sitio en enteras regiones del
país con la excusa de la lucha contra la insurgencia de Ejército del
Pueblo Paraguayo. “Se han hecho denuncias de atropellos en casas de
campesinos y dirigentes, y persecuciones sistemáticas a las
organizaciones en el marco de esta ley”, explicó Alberto Britez, del
Movimiento 15 de Junio. “Esto tiene que ver directamente con el avance
del modo de producción capitalista en el campo, el agronegocio. Este
período de asesinatos tiene directa relación con el de expansión del
territorio sojero y ganadero. En muchos de los casos, los autores
morales sospechados son dueños de estancias, grandes empresas
agroganaderas que contratan sicarios, o capangas como les decimos
nosotros. Esta expansión sojera ejerce presión sobre los asentamientos
de campesinos en el campo y población indígena.” Según Britez, esta
presión ha crecido exponencialmente bajo el gobierno de Federico Franco a
partir de 2012, y Cartes, que el pasado 15 de agosto cumplió su primer
año de mandato, mantuvo la misma política. “Es la política de firma de
convenios con grandes empresas, habilitación de cada vez más semillas
transgénicas de Monsanto que inclusive quiere plantar soja en el Chaco
Paraguayo, un territorio muy árido. Entonces se da la compra de tierras
campesinas e indígenas, expulsión vía fumigación de las poblaciones, que
no sólo aumenta los casos de enfermedad, sino que ahuyenta a los
campesinos”. Gran conmoción causó recientemente la muerte de Adela y
Adelaida Álvarez, de seis meses y tres años de edad respectivamente, a
causa de las fumigaciones en Huber Duré, departamento de Canindeyú.
“Muchos pobladores resisten en sus asentamientos y esto provocó que bajo
el gobierno de Cartes se haya rehabilitado una modalidad que ya se
usaba antes pero no era común, que es la protección policial para la
fumigación de los campos de soja. Esto genera una reacción natural de la
población y ha habido casos de enfrentamientos, inclusive con armas de
fuego, donde dirigentes campesinos fueron baleados”, explicó Britez.
La
Federación Nacional Campesina del Paraguay (FNC) es una de las
organizaciones más afectadas por los asesinatos. Desde 1989, 14 de sus
miembros han sido ejecutados. Marcial Gómez, secretario general adjunto
de la FNC, explicó que “la gran mayoría de las luchas campesinas que se
desarrollan en nuestro país son reprimidas violentamente por el Estado.
Es la lucha por un modelo de desarrollo nacional. Hoy tenemos un modo de
producción agroexportador empresarial basado en el monocultivo de la
soja. Esto expulsa al campesino del campo y va creciendo el latifundio
en pocas manos. Nosotros venimos organizando cortes de ruta y
ocupaciones de latifundios porque es la única forma de conquistar un
pedazo de tierra, defender a nuestras comunidades, u obtener pequeños
logros sectoriales. Pero lo que realmente importa es colocar en el
debate nacional un nuevo modelo de desarrollo. Basado en la reactivación
de la producción agrícola, la reforma agraria, el desarrollo
industrial, que son necesidades fundamentales para nuestro desarrollo”.
- Año 7. Edición número 328. Domingo 31 de agosto de 2014
Mini-documental radial sobre el mismo tema: http://ombelicodelmondoblog.wordpress.com/2014/08/18/paraguay-latifundio-violento/
De:
http://alainet.org/active/76686
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