De los 81 cantones que tiene el país, 57 ya se han declarado libres del
cultivo de transgénicos. Estas declaratorias municipales se han dado
gracias a la participación comunitaria: grupos en su mayoría integrados e
impulsados por jóvenes que han estudiado el tema, hecho propuestas y
que gracias a esto se ha logrado que una instancia del Estado acoja sus
argumentos y avance en un modelo económico distinto al que se impone
desde el poder hegemónico del neoliberalismo. Un movimiento que resiste
desde la defensa del bienestar común realizando marchas, actividades de
información, ferias, huertas, mercados locales y hasta fiestas. Nadie,
puede decir que este movimiento no es propositivo.
Los
organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos son
organismos vivos a los cuales se les ha introducido un gen para que
tengan una “nueva” característica. La gran mayoría de estos nuevos
organismos, contienen características que les dan resistencia a
herbicidas fabricados por las mismas empresas que llevan a cabo este
tipo de experimentos. Hace 20 años cuando comenzaron a hacer y liberar
transgénicos no se sabía a ciencia cierta cuales eran los impactos que
estos producen. A dos décadas de la llamada “Revolución Biotecnológica”,
múltiples estudios desde la misma academia y los movimientos sociales
esclarecen los verdaderos impactos que esta tecnológica conlleva.
Hace
50 años prometieron solucionar problemas del campo con la Revolución
Verde que creó el sistema agroindustrial responsable de producir entre
un 26% – 33% de las emisiones de efecto invernadero (solo contabilizando
la producción y el cambio de uso de suelo (1). A diferencia de lo que
nos dicen, esta situación no se solucionará con la Revolución
Biotecnológica porque propone exactamente lo mismo: monocultivos,
agrotóxicos, descampecinización con el factor adicional de los OGM
contaminan genéticamente y producen a su vez más impactos ambientales y
sociales. Al mismo tiempo tienen el potencial de afectar los derechos
humanos básicos con los que contamos todas las personas: el derecho a la
salud y el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado. Debemos señalar que solamente la amenaza a estos derechos
humanos implica su violación y de esta forma, existe una serie de
instrumentos y principios jurídicos que han sido desarrollados para su
salvaguarda.
Hace
ocho años, un grupo ecologista de Paraíso de Cartago, llevó ante el
Consejo Municipal una propuesta para que el cantón se declarara libre de
cultivos transgénicos y lo logró. De esta forma, Paraíso no solo se
convirtió en el primer cantón libre de transgénicos de Centroamérica
sino que también avanzó al evitar la contaminación genética y los
impactos a la salud, el medio ambiente y salvaguardar los agricultores y
agricultoras.
Luego
de Paraíso siguieron; San Carlos, Alajuela, Tarrazú, León Cortés,
Acosta, Poas, Valverdevega, Santa Bárbara, Upala, Puntarenas, Liberia,
Heredia, Atenas, La Unión, Flores, Guácimo, Goicoechea, El Guarco,
Puriscal, Escazú, Grecia, Guatuso, Naranjo, Palmares, San Ramón,
Alvarado, Oreamuno, Turrialba, Abangares, Hojancha, Nandayure, Nicoya,
Santa Cruz, Barva, Belén, San Isidro, Santo Domingo, Talamanca, Aguirre,
Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Esparza, Osa, Aserri,
Desamparados, Dota, Montes de Oca, Moravia, Perez Zeledón, San José,
Santa Ana, Tibás, Garabito y San Pablo, sumando al rededor del 70% del
territorio nacional.
El
movimiento ecologista a través de dos organizaciones desarrolló un
trabajo de información pública y logró que la Defensoría de los
Habitantes emitiera un pronunciamiento contra los OGM en el año 2005 y
llevó a cabo pruebas en laboratorios para detectar la presencia de los
mismos en la venta de semillas y granos. Además logró tener dos
representantes en la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, un
órgano poco conocido hasta ese momento, que sugiere al Estado políticas y
decisiones en relación a permisos de siembra de OGM.
Este
movimiento fue creciendo y empezó a evidenciar las relaciones
existentes entre los OGM con un modelo agrícola dominado por grandes
transnacionales que no benefician al país. De igual modo ha hecho
público cómo cultivos esenciales para la soberanía alimentaria, tal como
el maíz, se verían afectados por la liberación de especies de maíz OGM.
Este
movimiento ha ejercido su derecho, nuestro derecho, a la participación
civil autogestionada, un derecho que según el principio X de la
Convención de Río, es de suma importancia para la toma de decisiones que
afecten lo ambiental. Y como suele suceder, grupos de poder que ven
afectados sus intereses económicos por toda esta participación -y por
ende por todas las declaratorias de municipios libres de transgénicos-
han empezado a interponer acciones en la Sala Constitucional -lo mismo
sucedió con las declaratorias de moratorias al cultivo de piña en
cantones del atlántico en las que se favoreció a las agro-empresas.
Esperamos que esta vez la Sala privilegie no solo esta participación
civil que apunta a un modelo de desarrollo más justo en términos
sociales y ambientales al tiempo que vela por el derecho humano a la
salud y a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
(1) http://www.grain.org/article/entries/4364-alimentos-y-cambio-climatico-eleslabon-olvidado
Fuente:
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/81500
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