| Carmelo Ruiz Marrero |
El
pasado 11 de junio la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto
Rico realizó una audiencia pública sobre el proyecto de ley 624, el cual
pretende regular las semillas agrícolas del país. Como he declarado en
un comunicado anterior, el proyecto en cuestión parece hecho a la medida
de Monsanto y otras corporaciones transnacionales semilleras.
Monsanto
fue citado a testificar en torno al proyecto pero se negó. Eric Torres
Collazo, representante de la compañía, envió al senador Ramón Ruiz
Nieves, presidente de la comisión, una carta explicando la decisión de
no acatar la citación del senado. Citamos a continuación un reportaje de
El Nuevo Día:
"Monsanto
Caribe LLC no asumirá una postura a favor o en contra de dicha medida,
toda vez que las operaciones de Monsanto en Puerto Rico quedan
claramente fuera de su alcance", sentencia la escueta misiva dirigida al
presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Ramón Ruiz Nieves.
En
la carta, además, exponen que "Monsanto no produce, ni vende, ni ofrece
o expone para la venta semillas básicas o semillas certificadas (según
dichos términos son definidos en la medida) con propósito de siembra en
Puerto Rico". (1)
¿Por
qué se rehusó la compañía a testificar? No es como si en toda su
existencia esa comisión senatorial haya hecho algo para incomodar a las
grandes agroempresas y vendedores de pesticidas. Y de hecho, el proyecto
624 lee como algo que pudo haber sido redactado en el despacho de un
abogado de Monsanto.
He
aquí una hipótesis: A último minuto, cuando Monsanto Caribe, filial
local de la empresa, se disponía a testificar a la comisión y servirse
con la cuchara grande cantando las glorias de los transgénicos en el
hemiciclo, vinieron directrices de emergencia directo de las oficinas
centrales de la corporación, el world headquarters en la ciudad de St.
Louis. Y seguramente les ordenaron a no ir al Senado, ya que la
semillera de biotecnología enfrenta una verdadera crisis de relaciones
públicas en Puerto Rico y cualquier comparecencia pública en este
momento sería una oportunidad para que sus críticos la ataquen una vez
más.
Desde
su llegada a Puerto Rico en 1983, la semillera Monsanto había realizado
sus extensas e intensivas operaciones de experimentación y propagación
de semilla convencional y transgénica sin problema ni controversia
alguna, por lo menos hasta que este servidor comenzó a publicar
numerosos reportajes críticos sobre la biotecnología transgénica en las
páginas del semanario Claridad y por la agencia noticiosa IPS, entre los
años 1999 y 2004. En mayo de 2004 un grupo de colaboradores fundamos el
Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico, cuyo propósito es educar a la
ciudadanía sobre los riesgos y falacias de las nuevas tecnologías de
alteración genética y presentar alternativas basadas en la agroecología.
Los fundadores incluyeron el agricultor orgánico aiboniteño Raúl
Noriega, quien falleció el mes pasado, la comunicadora y activista Wanda
Colón Cortés, y el reverendo Angel Luis Rivera Agosto.
En 2005 publiqué mi libro Balada Transgénica,
en el cual abordo los retos de la biotecnología y la globalización
desde la perspectiva de la ecología social, los nuevos movimientos
sociales alternativos, y los nuevos paradigmas científicos holísticos.
El libro fue utilizado como texto de clase por profesores de los
recintos de la Universidad de Puerto Rico de Aguadilla y Mayagüez, la
Interamericana de Ponce, la Universidad del Turabo, y posiblemente en
otros recintos más. Desde entonces me he dedicado prácticamente a tiempo
completo a educar sobre estos temas.
Mi
campaña ha sido una cruzada más o menos solitaria hasta que el panorama
comenzó a cambiar rápidamente en estos últimos dos años. El 16 de
octubre de 2011 un grupo de activistas, agricultores y universitarios
participamos del Día Mundial de Acciones contra Monsanto con una
caravana educativa por los municipios de Juana Díaz, Santa Isabel y
Salinas, que es donde está el grueso de los semilleros transgénicos en
la isla, no solo de Monsanto sino también de Bayer, Pioneer y otras
empresas.
Al
mes siguiente, el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico
publicó una serie de reportajes titulada “El experimento caribeño de
Monsanto”, escrita por Eliván Martínez, en la que, entre varios
señalamientos y cuestionamientos críticos, informa que la compañía puede
estar en violación de la Constitución de Puerto Rico al sembrar en unos
1,500 acres. Nuestra Constitución, en su Artículo VI, Sección 14,
prohíbe que un individuo o corporación tenga sobre 500 acres de tierras
agrícolas. Dice el artículo de Martínez:
“¿Estamos
ante una nueva colonización de la agricultura? ¿Es el principio de un
nuevo monopolio? “Aunque Monsanto esté alquilando esas tierras, y aunque
muchas de estas tierras sean privadas, yo interpreto que puede estar
violando la Constitución porque su intención era que una misma
corporación no tenga el control de los más de 500 acres para dominar la
agricultura”, sostiene el catedrático Carlos Ramos, especialista en el
tema y profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad
Interamericana. “Si esta ley ya no tiene sentido, vamos a abrir el
debate. La intención de la ley es tan vigente hoy como en los años de
1900. El Secretario de Justicia está obligado a hacer cumplir la
Constitución y tiene que pronunciarse”.” (2)
Desde
entonces, la imagen pública de Monsanto en Puerto Rico se ha ido
deteriorando paulatinamente. En lo que va del año 2013 la empresa
enfrenta en nuestro país varios miniescándalos. En abril un grupo de
ciudadanos de todas partes de la isla protestó en la sede del Colegio de
Agrónomos por un homenaje a Monsanto. Citamos una carta abierta del 3
de abril, firmada por varias organizaciones, incluyendo la Organización
Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica, el capítulo puertorriqueño de la
Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, y el Frente de
Rescate Agrícola:
“En
nombre de científicos, agrónomos, agricultores, estudiantes y
consumidores, denunciamos con firmeza la acción de incluir al “Salón de
la Fama de la Agricultura Puertorriqueña” a la corporación Monsanto
Caribe por parte de Acción y Reforma Agrícola y el Colegio de Agrónomos
de Puerto Rico. Exigimos que se revierta la decisión y en su lugar se
seleccione a un agricultor local utilizando criterios de sustentabilidad
y justicia social. Este reconocimiento a Monsanto, una compañía
dedicada a la producción de plaguicidas y cultivos transgénicos, resulta
oneroso en demasía para una corporación con credenciales tan nefastas a
nivel internacional.
...Es
totalmente inaceptable por parte de una organización que agrupa
agrónomos y agricultores la decisión de nombrar a Monsanto al “Salón de
la Fama de la Agricultura Puertorriqueña”, una compañía que se la pasa
demandando a agricultores alrededor de todo el mundo y que ha
contribuido a la destrucción de la agrodiversidad mundial. (3)
El
29 de abril Centro de Periodismo Investigativo expuso que quienes
tomaron la decisión del homenaje tienen lucrativos negocios con la
compañía. Citamos del reportaje, escrito por Eliván Martínez y Joel
Cintrón:
“Quedó
desenmascarada la organización privada que exaltó a la empresa Monsanto
al llamado Salón de la Fama de la Agricultura Puertorriqueña. Se
trata, en realidad, de un grupo de empresarios que cabildea en la
Legislatura a favor de la biotecnología agrícola, de lo cual se
beneficia Monsanto y otras semilleras, con las que estos mantienen
negocios jugosos. Un club que lleva a cabo sus premiaciones para
reconocerse por los contratos que se otorgan entre sí. Y piden fondos
públicos para celebrar sus actividades “sin fines de lucro” (4)
El
22 de abril, Día de la Tierra, la senadora María de Lourdes Santiago,
del Partido Independentista, y el senador Lawrence Seilhamer, del
Partido Nuevo Progresista, presentaron un proyecto de ley para el
etiquetado obligatorio de todos los alimentos con contenido transgénico
vendidos en Puerto Rico.
Dice la exposición de motivos:
Ante
el desconocimiento científico tan generalizado sobre los efectos a
corto, mediano y largo plazo de productos alimenticios producidos por
medios biotecnológicos, no es posible determinar el alcance de los
impactos o daños de estos productos, ya que estos efectos adversos en
buena medida, están por descubrirse. Sin embargo, los consumidores deben
tener la opción de comprar productos manipulados genéticamente,
contando con suficiente información sobre ello, de tal forma que puedan
hacer su propia elección. Así, el consumidor tiene la posibilidad de
elegir entre alimentos que contienen organismos genéticamente
modificados o producidos mediante la ingeniería genética y aquellos que
son producidos por métodos convencionales...
Esta
Asamblea Legislativa no puede sustraerse al debate sobre el peso que
deben recibir los alegados beneficios de los productos genéticamente
alterados, y la preocupación ciudadana, así como de la comunidad
científica por los efectos que el consumo de esos alimentos pueda tener
sobre la salud humana. En cumplimiento con el deber de velar por el
interés ciudadano, debe reconocerse el derecho a la información que
tiene todo consumidor, de tal forma que en el ejercicio de su albedrío,
sea la ciudadanía quien tome, de manera conciente, la determinación de
consumir o no, alimentos genéticamente alterados.” (5)
Este
proyecto de ley no es noticia buena para Monsanto o para las demás
compañías de biotecnología agrícola. Estas empresas se oponen tenazmente
a que los alimentos transgénicos estén etiquetados, y han recurrido al
cabildeo, publicidad millonaria y hasta amenazas de demanda contra los
estados de Estados Unidos que aprueben legislación a este efecto. Esto
nos lleva a la pregunta obvia: Si estos alimentos son tan sanos y
seguros como alega la industria, entonces por qué oponerse a que estén
identificados con etiquetas?
El
sábado 25 de mayo, cientos de manifestantes se congregaron frente a la
sede del Departamento de Agricultura de Puerto Rico en la avenida
Fernández Juncos en Santurce para participar de la jornada mundial de
acciones contra Monsanto, marchando hacia el Centro Minillas. El día
anterior, Eliván Martínez lanzó un misil certero desde la revista
cibernética 80 Grados:
“Usted
que rinde planillas, sepa que parte de sus impuestos ayudan a
enriquecer aún más a empresas multimillonarias como la polémica
Monsanto. El Departamento de Agricultura de Puerto Rico ha otorgado, en
los últimos seis años, más de $20 millones en fondos públicos a ésta y
otras siete multinacionales, que han llegado a la Isla a experimentar
con semillas modificadas genéticamente.”
En cuanto a Monsanto, informa Martínez que:
“Se
trata de una de las compañías más ricas del Planeta, que está en la
lista de Forbes 500, y acaba de informar un crecimiento sin precedentes
de un 22% en el último trimestre, en parte por el boom de transgénicos y
del herbicida Roundup en Brasil y Argentina. Entre 2006 y 2013, esa
empresa recibió $4.9 millones de dólares de los contribuyentes
puertorriqueños en forma de subsidios de salarios para sus empleados,
según la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias”. (6)
Definitivamente,
Monsanto no está pasando su mejor momento en Puerto Rico. Pero no nos
confiemos demasiado. La victoria es posible, pero la batalla por un país
libre de transgénicos y agrotóxicos, por la soberanía alimentaria y un
agro verdaderamente moderno y ecológico apenas comienza. No crean que el
adversario está a punto de meterse el rabo entre las piernas y
marcharse.
28 de junio 2013
Ruiz Marrero es autor, periodista investigativo y educador ambiental. Su cuenta Twitter es @carmeloruiz
Notas
(1)
Fuente:
http://www.alainet.org/active/65178&lang=es
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