El objetivo de creación
de dicha Comisión es fortalecer el
principio de respeto a los Derechos
Humanos, así como registrar posibles
transgresiones a los mismos y, llegado
el caso, levantar las quejas y las
denuncias correspondientes, tanto a
nivel nacional como internacional.
Como primera actividad,
la Comisión solicitó una audiencia al
Sr. Gobernador y por su intermedio a las
autoridades de los organismos
involucrados, (Secretaría de Ambiente de
la provincia, Intendente de Malvinas
Argentinas, Fiscalías y Juzgados del
Poder Judicial, Tribunal Superior de
Justicia), exhortándolos a extremar
esfuerzos para enmarcar y resolver dicho
conflicto con criterios de equidad y
cumpliendo las normativas provinciales y
nacionales, y al Gobierno de la Pcia de
Córdoba a emitir una resolución sobre el
conflicto Monsanto que garantice los
Derechos Humanos.
Texto de la carta
Sr. Gobernador de
la provincia de Córdoba
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
Cc:
Presidencia de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, Sra. Alicia Pregno
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba Sr. Hugo Pozzi
Secretario de Ambiente Sr. Federico Bocco
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Presidente, Dr. Carlos García Allocco
Fiscalía General de la Provincia Fiscal Adjunto, Dr. Hugo Pittaro
Presidencia de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, Sra. Alicia Pregno
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba Sr. Hugo Pozzi
Secretario de Ambiente Sr. Federico Bocco
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Presidente, Dr. Carlos García Allocco
Fiscalía General de la Provincia Fiscal Adjunto, Dr. Hugo Pittaro
Académicos y miembros
de organizaciones de la sociedad civil,
de la provincia de Córdoba, del país, de
América Latina y del resto del mundo,
nos hemos convocado para la conformación
de una Comisión Veedora de los Derechos
Humanos en el conflicto generado por la
posible instalación de la planta de
Monsanto en la ciudad de Malvinas
Argentinas, la cual pretende ser la
acondicionadora de semillas de maíz
transgénico más grande del mundo.
Sabemos que los
procedimientos relacionados con la
Evaluación de Impacto Ambiental de dicha
planta han sido cuestionados mediante
peticiones ciudadanas, acciones
administrativas y acciones judiciales, y
que las mismas aún no fueron resueltas
por los organismos gubernamentales
correspondientes. Conocemos asimismo que
nunca se concretaron Audiencias Públicas
de consulta, y que las autoridades de la
Municipalidad de Malvinas Argentina
rechazan la realización de una consulta
popular, pese a haber sido
reiteradamente solicitada por los
vecinos a fin de que sea la propia
ciudadanía la que decida.
No es objeto de la
presente analizar cada una de esas
instancias públicas, administrativas y
judiciales, sino considerar que tales
cuestionamientos, oportunamente
fundados, han puesto en cuestión la
legalidad y legitimidad de las
decisiones gubernamentales. Tratándose
de decisiones que pueden afectar tanto
la salud de los vecinos de la ciudad de
Malvinas Argentinas y lugares próximos,
como impactar negativamente sobre el
ambiente, reducir la biodiversidad y
profundizar modelos extractivos
inadecuadamente debatidos con la
sociedad, la situación exige una
resolución institucional que garantice
los derechos consagrados en la
Constitución y las leyes, y en Tratados
de rango supraconstitucional que el
Estado argentino ha suscripto y
ratificado.
Como ciudadanos hemos
sido impactados por la represión
policial del día 30 de septiembre del
corriente año contra la protesta que
llevan adelante los vecinos de Malvinas
Argentinas, los integrantes de la
Asamblea "Malvinas lucha por la vida" y
los colectivos y personas que acompañan
su resistencia pacífica, represión que
puso en riesgo la integridad física de
quienes están ejerciendo su derecho a
manifestarse. También nos ha generado
una gran inquietud las actuaciones de
integrantes de la Unión de Obreros de la
Construcción de la República Argentina
(UOCRA), enfrentando física y
verbalmente a los ciudadanos que se
oponen a la construcción de la planta.
Consideramos que es
responsabilidad indelegable de las
instituciones democráticas procesar con
criterios de equidad los intereses
involucrados en un conflicto,
garantizando los derechos en juego
promoviendo el interés general, la salud
y el cuidado del ambiente.
Exhortamos a las
autoridades democráticas de los
organismos involucrados, entre ellos
Secretaría de Ambiente de la provincia,
Intendente de Malvinas Argentinas,
Defensor del Pueblo de la Provincia,
Fiscalía General, Fiscalías y Juzgados
del Poder Judicial, Tribunal Superior de
Justicia y a su persona como responsable
del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
a extremar los esfuerzos para enmarcar y
resolver el conflicto cumpliendo a
rajatabla la normativa provincial y
nacional, y evitar la violencia
represiva del estado y el uso de la
violencia entre ciudadanos.
Al mismo tiempo nos
constituimos como Comisión Veedora de la
Vigencia de los Derechos Humanos en el
conflicto generado por la instalación de
la planta de Monsanto en la ciudad de
Malvinas Argentinas, en la provincia de
Córdoba, para observar permanentemente
las acciones –privadas y estatales- con
el objetivo de fortalecer el principio
de respeto a los Derechos Humanos, así
como registrar posibles transgresiones a
los derechos y, llegado el caso,
levantar las quejas y las denuncias
correspondientes, tanto a nivel nacional
como internacional.
Firman
la presente nota :
Los miembros de la COMISIÓN VEEDORA DE LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los miembros de la COMISIÓN VEEDORA DE LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
RTF:
http://archive.attac.org/
PDF: http://archive.attac.org/
PDF: http://archive.attac.org/
SUSCRIPCIÓN
Y DES-SUSCRIPCIÓN A “El Grano de
Arena”o CAMBIO DE MAIL:
http://list.attac.org/wws/
http://list.attac.org/wws/
Para
obtener un número anterior entrar en
http://list.attac.org/wws/arc/
http://list.attac.org/wws/arc/
Distribución:
Tom Roberts
Edición Susana Merino
Edición Susana Merino
No hay comentarios:
Publicar un comentario