Amigos de la Tierra: " La nueva ley de renacionalización de cultivos transgénicos supone una amenaza para la agricultura en España"
Ayer, 13 de enero, ha tenido lugar la votación final sobre la
renacionalización de cultivos transgénicos. El Parlamento Europeo ha
votado a favor de la nueva ley que dará la posibilidad a los Estados
Miembros de restringir o prohibir el cultivo de transgénicos en sus
territorios.
Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en
acción y PALT, consideran que esta decisión va a repercutir
negativamente en el sector agrícola español con la entrada masiva de
cultivos transgénicos. España es el país con más superficie de cultivos
transgénicos en la Unión Europea, muy por encima de los otros 4 Estados
que producen comercialmente organismos modificados genéticamente (OMG)
(República Checa, Eslovaquia, Rumanía, y Portugal) [1]. Lamentablemente,
el Estado español es el paraíso de la producción de cultivos OMG en
Europa. En la actualidad, hay un único cultivo transgénico permitido en
Europa, el maíz transgénico MON810 de Monsanto, pero con esta nueva ley,
el Estado podría abrir la puerta a muchas más variedades.
En
este contexto, la decisión final de aceptar la propuesta sitúa al Estado
Español en una posición muy vulnerable. La ley agilizaría la
tramitación de autorizaciones de nuevos transgénicos a nivel europeo.
Para España, esto significaría la entrada masiva e incontrolada de
cultivos transgénicos, contaminación transgénica de la cadena
alimentaria, así como la ruina del sector de la agricultura ecológica
(con más de 1,6 millones de hectáreas, 34.000 operadores y casi cuatro
mil industrias en 2013) [2].
¿Qué compromisos técnicos conlleva?
•
Existe la opción, que dependerá del Estado, de que la primera
valoración sobre la prohibición o no de un cultivo OMG provenga de las
empresas biotecnológicas. Aunque los Gobiernos también pueden prohibir
el cultivo sin la intromisión de la industria. Las organizaciones
firmantes critican la idea de que los Estados soberanos y gestores de
riesgos tengan la obligación de pedir permiso a las empresas para tomar
una decisión sobre los cultivos transgénicos en sus territorios.
•
Los gobiernos tienen el derecho de prohibir grupos de cultivos
transgénicos, ya sea por variedad de cultivo o por características del
mismo, por ejemplo, todas las plantas de maíz transgénico o todos los
cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas.
• Los estados
pueden iniciar la prohibición de los cultivos tanto en el proceso de
autorización europeo como posteriormente, hasta la duración total de 10
años. Además, el gobierno puede levantar una prohibición existente sin
previo aviso.
A su vez, con la nueva ley, se corre el peligro de
crear una Europa “a dos velocidades”: aquellos Estados más sensibles
ambientalmente y más preocupados por la sostenibilidad de su agricultura
tendrán la posibilidad de prohibirlos en su territorio, mientras otros
Estados miembros darán vía libre a la entrada de nuevas variedades
transgénicas.
Por si fuera poco, la propuesta no contempla la
obligatoriedad de proteger los cultivos tradicionales y ecológicos que
puedan verse afectados, lo cual implica un grave riesgo para la
biodiversidad, la agricultura y la alimentación.
Liliane
Spendeler, directora de Amigos de la Tierra España, ha señalado que "a
pesar de la situación de España, ésta es una gran oportunidad para que
el Gobierno cierre la puerta a los cultivos modificados genéticamente, y
encaminar nuestra agricultura hacia un enfoque más sostenible. La
ciudadanía ha rechazado continuamente los cultivos modificados
genéticamente y apoya una agricultura más ecológica y local. Esta nueva
ley permite a los gobiernos estatales prohibir todas las semillas de
maíz modificado genéticamente para que Europa sea libre de transgénicos,
y es necesario aprovecharla”. Es por tanto importantísimo, ha
recalcado Spendeler que “el Gobierno de España siga la línea de los
países europeos y represente de verdad a la ciudadanía y no a la
industria biotecnológica, rechazando completamente el cultivo de
transgénicos en el país”.
Ante este panorama, las organizaciones
firmantes instan al Gobierno español a tomar las medidas necesarias para
prohibir definitivamente el cultivo y la experimentación con OMG en
nuestro territorio.
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