Fulgura un nuevo resplandor de aliento en el país: hace unos días el
Juzgado Segundo de Distrito en Campeche, con sede en su ciudad capital,
amparó -con efectos para toda la entidad- a las comunidades mayas
Pac-Chen y Cancabchen del municipio de Hopelchén en el juicio 753/2012,
en contra del fatídico permiso (evento MON-04-032-6) otorgado el 6 de
junio de 2012 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) -con el aval de su homóloga de
Medio Ambiente y Recursos Naturales-, a la empresa Monsanto para sembrar
soya genéticamente modificada tolerante al herbicida glifosato en 253
500 hectáreas de siete estados de la República Mexicana: Campeche,
Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Su otorgamiento radicó en que ambas secretarías violaron el derecho de
las comunidades mayas a la consulta previa, libre e informada contenido
en el artículo 2 del texto constitucional y en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, así como el procedimiento del
Reglamento interior de la SAGARPA, al pasar por alto tres dictámenes
vinculatorios emitidos en sentido contrario por el Instituto Nacional de
Ecología, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad y la correspondiente de Áreas Naturales Protegidas. Con
este fallo judicial renace en el pueblo mexicano la confianza en los
órganos que imparten justicia en los estados de nuestra República, sobre
todo ahora que están pendientes amparos similares, como los de los
apicultores de Chiapas y Yucatán.
Sin embargo, el mayor problema
no es que se haya violentado el derecho de los pueblos indígenas a la
consulta ni que se haya dejado de cumplir con los procedimientos
administrativos, aunque su reconocimiento hoy sea el freno para el
avance de los transgénicos en el país. Lo es el funesto impacto
ambiental que este tipo de actividades económicas produce y el
irreversible daño a la salud de la población, no sólo por la
contaminación genética entre cultivos, sino porque la filtración del
glifosato en el subsuelo produce la contaminación masiva de los mantos
freáticos y de los ecosistemas acuáticos, máxime cuando se trata de
suelos kársticos, como los del sureste del territorio mexicano, siendo
Yucatán el estado de mayor vulnerabilidad debido a su extrema
dependencia a los acuíferos subterráneos.
Pero hay también otras
noticias preocupantes. Diversas fuentes periodísticas han informado en
las últimas semanas del presunto envío de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) a la Cámara de Diputados de un borrador de iniciativa de Ley
General de Aguas y de modificación a la Ley de Aguas Nacionales. La
Comisión de Recursos Hidrológicos de esta Cámara lo ha negado, pero si
es verdad y esta información se filtró, sería de enorme gravedad que
dicho documento prosperara porque los términos en los que aparentemente
está redactado son inadmisibles dado que refrendan la naturaleza
jurídica que actualmente ostenta la Ley de Aguas Nacionales en vigor,
esto es, que sus disposiciones son "de orden público e interés social";
argumento que sólo ha servido para legitimar toda clase de abusos en la
materia, como ha sido la sobreexplotación de más de un centenar de
acuíferos y la concentración de derechos de agua en manos de ciertas
empresas. Además, se dice que plantea modificar al texto constitucional
de forma que el agua dejaría de ser propiedad de la Nación y, algo peor,
que incorpora un apartado específico para regular el uso indiscriminado
de los millones de metros cúbicos de agua que requiere la explotación
del gas shale; agua que, como la empleada para el cultivo de
transgénicos y de la minería a cielo abierto, termina contaminada y sin
posibilidad de regeneración.
Si es sólo un rumor o si en verdad
existe esta iniciativa, el tiempo lo confirmará, pero de momento es un
foco de alarma para estar atentos frente a nuevas reformas
constitucionales y ante la inminente promulgación de la legislación
secundaria derivada de la reciente reforma al artículo 27 de nuestro
Texto Supremo en torno a los procesos extractivos que incentiva, como el
funesto fracking. Ello, porque nuestro país está muy lejos de contar
con un abasto suficiente de agua y, de permitirse su explotación masiva,
se estaría actuando en contra del mandato constitucional -que por lo
pronto establece que el derecho al agua deberá estar regulado a través
de un "acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos"- y
sobre todo, de forma irreversible, de la vida humana y del
medioambiente.
No obstante, resulta indubitable que sólo el día
en que la conciencia social se imponga, será cuando México pueda aspirar
a ser un país libre de transgénicos, de la devastadora minería a cielo
abierto y de todo aquel proceso industrial letal para la vida en el
planeta como el fracking. Por lo pronto, lo más lamentable es que negros
nubarrones se ciernen sobre nuestra Nación pues el agua, elemento
esencial para los tres procesos referidos, espera inerme el embate
irresponsable, negligente y criminal que podrían proferirle
representantes populares, funcionarios, servidores y aún miembros de la
propia sociedad civil de ser avalada una iniciativa de Ley que favorezca
el uso indiscriminado del agua, pretextando ser de orden público e
interés social, cuando en realidad es todo lo contrario.
bettyzanolli@hotmail.com
twitter.com/BettyZanolli www.facebook.com/bettyzanolli
De:
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3333746.htm
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