“El actual modelo productivo agrario, sustentado en la reproducción
agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u
organismos genéticamente manipulados (OGM), conlleva la utilización de
cantidades crecientes de plaguicidas que estarían afectando seriamente
la salud de la población que convive con estos cultivos”, aseguró la
legisladora.
Ese es, de hecho, uno de los principales motivos que
impulsó al bloque a trabajar en la iniciativa, ya que, según aseguraron
desde el FAP en la Cámara de Diputados, “desde hace varios años se
vienen levantando voces que alertan por la presencia inusual de un
número asombrosamente elevado de habitantes que presentan enfermedades
malignas, cánceres principalmente, y también una llamativamente excesiva
aparición de malformaciones congénitas en recién nacidos, abortos
espontáneos y trastornos de la fertilidad”.
En efecto, un informe
de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco,
creada por los gobiernos de esa provincia y el nacional, encontró que
los cánceres infantiles en las zonas fumigadas se encuentran en valores
por encima de lo esperado. Si la media mundial de esa enfermedad en
menores de 15 años es de entre 12 y 14 casos cada 100.000 niños, los
datos oficiales de Chaco indican que ese número trepa a 20,2 en La
Leonesa, pueblo recurrentemente fumigado en forma aérea con glifosato y
otros plaguicidas.
“A 20 años de la incorporación masiva del
cultivo de OGM en la Argentina, es imposible negar que la salud de la
población que convive con esta producción está reflejando muestras
evidentes de una agresión de gran magnitud, que se expresa,
principalmente, en las malformaciones, cánceres y abortos espontáneos
que hemos manifestado más arriba”, subraya Donda en los fundamentos del
proyecto.
La iniciativa expresamente pretende prohibir la
aplicación terrestre, dentro de un radio de mil metros a partir del
límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el territorio
nacional, de plaguicidas, agrotóxicos o biócidas químicos o biológicos,
“con destino al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros,
hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal,
cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis”. Su
incumplimiento prevé penas de hasta 25 años de prisión para los casos
más graves, como la muerte de una persona por su utilización.
La
diputada sostuvo la existencia de una relación directa entre las
enfermedades y el incremento en el uso de plaguicidas.
“Contemporáneamente al aumento de las tasas de cánceres y
malformaciones, creció, también exponencialmente, la utilización de
plaguicidas desde la introducción de los OGM: Cada vez se necesitan más y
más litros de glifosato y demás plaguicidas para sostener esta
producción”.
Y agregó: “La relación causa-efecto es motivo de
intensas controversias entre científicos vinculados a la industria
biotecnológica y científicos independientes. Pero la realidad es
incontrastable”.
De:
http://infocampo.com.ar/nota/campo/55207/el-fap-quiere-prohibir-las-pulverizaciones-aereas
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