Monsanto tiene bloqueado su maíz transgénico en México

La empresa productora de transgénicos Monsanto está desesperada: Este mes comienza el ciclo primavera-verano de siembra en el norte de México y no puede vender sus semillas de maíz modificado genéticamente. En 2012 solicitó el permiso para distribuirlas en 1 millón 840 mil hectáreas, pero un juez suspendió el procedimiento y otro ratificó la pausa.
Según productores del cereal, se necesitan aproximadamente 80 mil semillas de maíz para cubrir una hectárea, y cada bolsa de 60 mil semillas de Monsanto cuesta 3 mil pesos. La utilización de esa simiente implica además el uso exclusivo del herbicida de la trasnacional Roundup. Así que el mercado mexicano es multimillonario para la compañía: Un ciclo de siembra le daría –sólo por venta de semilla– 5 mil 520 millones de pesos.
Signo de la desesperación de Monsanto es el ataque jurídico que emprendió contra un juez que confirmó la decisión de frenar los permisos experimentales, piloto y comerciales de maíz transgénico en el país.

Hasta 2012 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) sólo entregó licencias para sembrar granos transgénicos con fines experimentales en superficies de pocas hectáreas. Pero a partir del 7 de septiembre de ese año el gobierno dio luz verde a las empresas de biotecnología para solicitar autorizaciones con fines comerciales.
En un año, entre el 7 de septiembre de 2012 y el 3 de septiembre de 2013, diferentes consorcios presentaron 14 peticiones de uso comercial de maíz transgénico, a distribuirse en 5 millones 973 mil hectáreas de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sinaloa y Baja California Sur, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
La suspensión en la entrega de avales fue dictada por primera vez el pasado 17 de septiembre por el Juzgado XII en Materia Civil del Distrito Federal, en el juicio de demanda colectiva que interpusieron organizaciones civiles contra la Sagarpa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y sociedades productoras de maíz transgénico.
En el texto de la demanda, cuya copia obtuvo Proceso, los demandantes exigieron al juez una medida precautoria con el argumento de que mediante la polinización los organismos genéticamente modificados (OGM) se escapan de las zonas donde los confina la ley, contaminan otras plantaciones y amenazan de esta manera la diversidad biológica de los maíces en el país. El juez concedió la medida solicitada.
El fondo de la denuncia, empero, aún se discute: Los inconformes piden a la justicia reconocer claramente que, al expedir permisos comerciales de siembra de maíz transgénico, se viola la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), instrumento que ordena proteger el grano nativo. En otras palabras, las organizaciones civiles reclaman la anulación definitiva de la entrega de autorizaciones.
Desde la resolución provisional, la Sagarpa, la Semarnat y las empresas productoras han tratado de cancelar la medida. No obstante, diversos fallos judiciales han frustrado sus intentos. Entre ellos se encuentra el que emitió el magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta el pasado 20 de diciembre, al reconocer que la LBOGM protege al cereal nativo. Puntualizó que la suspensión sólo aplicará mientras dure el juicio.
Marroquín arguyó que la medida precautoria no constituyó un “acto privativo” contra los consorcios (que les quitara algún bien o derecho), ya que las empresas todavía no empezaban la venta de semillas. Señaló que no existen pruebas “que pongan en evidencia que alguna de las demandadas esté sufriendo una afectación ruinosa”. Explicó en su sentencia que cancelar la medida podría incitar a la Sagarpa y a la Semarnat a extender las licencias actualmente en trámite y así liberar el transgénico, sin que pudiera controlarse su expansión. Y agregó: “Se podrían ocasionar daños de difícil o imposible reparación”.
Esas declaraciones, según Monsanto, ilustran la falta de imparcialidad del magistrado. El pasado 28 de febrero la empresa interpuso un “incidente de recusación” contra Marroquín, en el que exigió sacarlo del juicio. El magistrado, según la empresa, “ha externado su opinión respecto de las pretensiones demandadas, así como de la procedencia y legalidad de la medida precautoria”.
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