El maíz mexicano y otros productos locales nuevamente se ven en peligro frente a las empresas como Monsanto, Syngenta, Pionner y Dow Agrosciences, que buscan imponer sus organismos genéticamente modificados (GMO) en el país.
Después de la prohibición del 10 de octubre de 2013 dada por el Juzgado Federal, a plantar y comercializar maíz OGM, las transnacionales están buscando otras vías para entrar en el mercado. Es así que consiguieron una autorización de la Confederación Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para el consumo.
Esto se suma a la plantación ilegal de otros productos transgénicos en Campeche y Yucatán, denunciada recientemente ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
A principios del mes, Alejandro Monteagudo Cuevas, director ejecutivo de AgroBio México, anunció que Cofepris autorizó el consumo de maíz genéticamente modificado.
“Cada una de las solicitudes que se han sometido a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para autorización de siembra de maíz, cuentan con la autorización de la Cofepris para su consumo, lo único que se estaría esperando es la autorización de las dependencias y en su momento comercializar la semilla”, dijo el director, Dinero en Imagen el 11 de noviembre.
Se trataría de 132 autorizaciones, de las cuales el 50 por ciento corresponde a maíz, agregó el reporte.
El juicio que ya tiene la prohibición de plantar maíz transgénico desde 2013, fue promovido por 53 personas y 20 asociaciones civiles. Los demandados son justamente Sagarpa y Semarnat, además de las empresas de biotecnología — como Monsanto.
El Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil, en el Distrito Federal, estimó que “el riesgo de daño inminente al medio ambiente, impide a empresas trasnacionales tales como Monsanto y Pioneer -entre otras-, liberar maíces transgénicos en el campo mexicano, en tanto se resuelva el juicio de acción colectiva”, hecho que podría tardar unos años.
Por ello ordenó suspender el otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial de OGM de maíz.
Una carta impulsada por movimientos mexicanos y dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, está recolectando firmas desde el 14 de marzo. En el documento se cita la experiencia del Dr. David Shubert, investigador de renombre internacional, que explicó al Presidente las razones para evitar la contaminación de las tierras con estos productos. (Efectos de los transgénicos)
Miles de científicos se sumaron a la petición. Aun así la colectividad pide firmar a un mayor número de adherentes, iniciativa que en septiembre sumaba más de 100 mil personas, según Semillas de Vida.
Sobre los productos transgénicos en sí mismos hay incluso un reclamo de más de 800 científicos internacionales, para poner fin a la comercialización y la plantación.
Apelaciones de los demandados
En agosto pasado se reportó que Monsanto, Syngenta, PHI México y Dow AgroSciences junto al apoyo de Sagarpa y Semarnat, interpusieron 72 apelaciones ante el Poder Judicial para autorizar la siembra masiva de maíz, y éstas se debaten en 12 tribunales federales, informó Contralínea el 28 de agosto.
“El gobierno federal, a través de la Sagarpa y la Semarnat, ha impulsado 10 apelaciones contra la resolución judicial y la medida precautoria, entre las que destacan: dos amparos iniciados por la Sagarpa y un recurso de disconformidad de la Semarnat. Además de eso, las dependencias han presentado dos apelaciones, dos quejas, una revocación y dos impugnaciones contra la demanda”, señaló dicho medio.
A su vez Monsanto a través de sus filiales Semillas y Agroproductos Monsanto, SA de CV, y Monsanto Comercial, SA de CV, tiene otras apelaciones.
Evidencias de flujo de transgenes
La demanda colectiva mexicana sigue manifestándose con fuerza en los tribunales, con el apoyo de científicos internacionales.
Adelita San Vicente Tello, directora de la Fundación Semillas de Vida, AC, en entrevista a Contralínea, declaró al respecto que “se solicitó que tribunales judiciales declaren que los límites y restricciones establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) son ineficientes, pues existe evidencia científica de que ha habido flujo de transgenes (contaminación transgénica) a los maíces nativos en Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Guanajuato”.
“La ineficiencia de los límites y restricciones establecidos en la LBOGM ha propiciado que se vulneren los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la conservación, participación justa y equitativa, así como a la utilización sostenible que garantice su acceso a generaciones futuras de la diversidad biológica de los maíces nativos; a una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad; a derechos culturales y a la salud”, de acuerdo a las palabras de Vicente Tello, quien es parte de la colectividad demandante.
Demanda ante el Tribunal de los Pueblos
Entre otras acciones de la colectividad, en septiembre pasado, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, declaró en una audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que la demanda colectiva “significó enfrentar a un monstruo del tamaño de Monsanto, y se convirtió en una herramienta para hacer visibles las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los mexicanos”.
En esta fecha se presentó la demanda ante los garantes del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) –como un acto ético y no gubernamental–, por parte de Magdalena Gómez y Jorge Fernández, “como parte de la ampliación del expediente Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos, que lleva el tribunal”.
De:
http://www.lagranepoca.com/34124-maiz-transgenico-busca-entrar-mexico-al-margen-prohibicion-del-juez-federal
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