En México desde hace más de quince años la sociedad empezó a preocuparse por los transgénicos y a cuestionar esta tecnología que se inserta en nuestros cultivos y de ahí en nuestros alimentos.
Poco a poco se ha gestado una lucha que tiene un componente muy particular: el maíz, nuestra planta sagrada, base de nuestra civilización y de nuestra alimentación.
A lo largo de estos años, por una parte, los campesinos e indígenas han reivindicado su derecho legítimo a sembrar e intercambiar libremente sus semillas; al lado de ellos, ciudadanos defienden su derecho a alimentarse sanamente, cada día más conscientes del estrecho vínculo entre la calidad de sus alimentos y la supervivencia de la agricultura campesina. La creatividad y la diversidad de formas de lucha han caracterizado esta que se reconoce como una disputa por el maíz.
Una de ellas es la exigencia de nuestros derechos, eso que ha llamado Justiciabilidad y que significa no pedirle más al gobierno, representado por el Poder Ejecutivo, que cumpla con nuestras demandas, sino más bien exigirle, a través del Poder Judicial, que respete nuestros derechos humanos.
De esta manera la defensa legal contra el maíz transgénico se inició desde que se publicó en 2005 la Ley de Biosguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), mejor conocida como a Ley Monsanto porque lejos de proteger la bioseguridad fue una propuesta elaborada por las empresas con el objeto de liberar los transgénicos con facilidades.
No obstante, durante el debate gracias al trabajo de varias organizaciones, se logró incluir algunos mecanismos de bioseguridad como el Regimen de Protección Especial del Maíz y la prohibición de liberar transgénicos en los centros de origen.
Al entrar en vigor el Gobierno de Fox y después el de Calderón empezaron a avanzar en la liberación de transgénicos pasando por alto la propia Ley Monsanto y los mecanismos de bioseguridad que se señalaban. Así a lo largo de estos años interpusimos diversos recursos legales sin lograr que nos fuera siquiera reconocido nuestro interés jurídico.
Sin embargo el 5 de julio del año pasado demandamos de manera colectiva, utilizando un nuevo instrumento jurídico incluido en la Constitución desde 2010 conocido como Acciones colectivas, a las Secretarias de Agricultura (Sagarpa), de Medio Ambiente (Semarnat) y a las empresas: Monsanto, Dow Agrosciences, Syngenta y Pioneer. La presentamos 53 personas entre las cuales se encuentran expertos en el tema, personalidades y 20 organizaciones de productores, indígenas, de apicultores, de derechos humanos, ambientalistas y consumidores.
El objetivo es que los tribunales judiciales declaren que los límites y restricciones establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) son ineficientes, pues existe evidencia científica de contaminación transgénica de maíces nativos en diversos estados de la República. Ante la evidencia, los demandantes solicitamos medidas precautorias para que se suspenda la siembra de cultivos transgénicos a nivel nacional.
Nuestro argumento es que la ineficiencia de los límites y restricciones establecidas en la LBOGM ha propiciado que se vulneren los siguientes derechos: a un medio ambiente sano, al acceso de recursos naturales de diversidad biológica del maíz, a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como a derechos culturales y a la salud.
La gran noticia fue que el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil, en el Distrito Federal, emitió una medida cautelar en la que ordena a Sagarpa y Semarnat, abstenerse de realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz Genéticamente Modificado (OGM), prescindir de efectuar procedimientos para la liberación comercial, piloto y experimental al ambiente de OGM de maíz; y suspender el otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial de OGM de maíz.
La medida cautelar, basada en el riesgo de daño inminente al medio ambiente, impide liberar maíces transgénicos en el campo mexicano, en tanto se resuelva el juicio de acción colectiva.
Cumplimos hoy 10 meses de haber iniciado esta demanda y a la fecha llevamos 59 impugnaciones entre las cuales se encuentran las de las Secretarias mencionadas las cuales parece que litigan para defender el interés de las empresas y no a favor de quienes les pagamos. Es de destacar uno de los recursos de Monsanto que fue rechazado, en el que acuso al Juez de actuar a favor del interés de la colectividad. Aunque usted no lo crea:
¡Tenemos jueces capaces de señalar que el interés de la colectividad del maíz es superior al de las empresas!
De:
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle20220.html
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