Artículo publicado originalmente en Le Monde Diplomatique, mayo de 2014
La retirada de la Ley Monsanto-von Baer fue la primera medida del del
gobierno de la presidenta Bachelet, a través de la ministra secretaria
de gobierno y ex senadora, Ximena Rincón. El senado se aprestaba a votar
ese proyecto de nombre críptico: “Ley de Derechos de Obtentores
Vegetales”. Se requirieron seis años de lucha para atajar la iniciativa
firmada por Michelle Bachelet en 2008 e impulsada por Sebastián Piñera,
que garantizaba más lucro para las transnacionales semilleras a costa de
la agricultura familiar campesina y la biodiversidad. Interpelada
duramente en actos de campaña electoral en Limache y Temuco, la entonces
candidata había prometido “revisar” el proyecto.
En 2008, pocos sabían que Monsanto controla el mercado global de
semillas transgénicas y con sus empresas Anasac Chile y Seminis, es la
principal “obtentora” (dueña) de semillas híbridas. La gente tampoco
asociaba el cáncer y las enfermedades crónicas, con la agricultura
intensiva en uso de plaguicidas ni con los alimentos transgénicos. Fue
clave la visita a Chile de la documentalista francesa Marie Monique
Robin el 2009, invitada por la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-AL) a
lanzar su célebre video “El Mundo Según Monsanto”.
En el escenario actual, seguiremos trabajando por semillas libres de
patentes, transgénicos y plaguicidas. Nuestro desafío es asegurar la
protección de la semilla mediante los instrumentos legales
internacionales que Chile no ha ratificado, y contribuir a la
elaboración de una ley que resguarde la biodiversidad y asegure la libre
disposición y comercialización de la semilla local y del agua para la
producción agroecológica, garantizando mecanismos de comercialización
para las y los productores de la agricultura familiar campesina.
El triple pack pro transgénicos
Monsanto, Syngenta, Dupont-Pioneer, Bayer y su socio chileno, el clan
von Baer, buscan avanzar hacia la legalización de los cultivos
transgénicos, dañinos para el medio ambiente y la salud de las personas,
autorizados sólo para la exportación.
Empresas y gobiernos idearon un “triple pack” cuya primera parte era
lograr la aprobación del Convenio UPOV 91 de propiedad intelectual sobre
la semilla. La segunda era derogar la actual ley de semillas y
remplazarla por la Ley Monsanto. La fase 3 incluía retomar la discusión
de la Ley de Transgénicos (llamada de Bioseguridad). La movilización
social desbarató ese plan. El UPOV91 aprobado en 2011 por el senado,
sólo era válido si se aprobaba la Ley Monsanto.
Como RAP-AL estuvimos el 2010 en la Cámara de Diputados, alertando sobre
el real significado del proyecto de ley que propinaría un golpe mortal a
la agricultura familiar campesina, junto a agricultores orgánicos del
Biobio y Chiloé, ANAMURI, Grain, Biodinámicos, CET y el obispo emérito
de Chiloé Juan Luis Ysern. El entonces presidente de la comisión de
agricultura, Marco Enríquez-Ominami, se mostró receptivo a nuestros
planteamientos, sin embargo su ingreso a la carrera presidencial dejó
un vacío en la interlocución y en marzo de 2010 la Cámara aprobó el
proyecto de Obtentores Vegetales, un día antes que asumiera el
presidente Piñera y el nuevo parlamento.
Un año después, el Senado aprobó entre gallos y medianoche el Convenio
UPOV 91. “Senado chileno vendió a Monsanto la semilla campesina e
indígena” fue el titular de inicio de una serie de artículos que
publicamos sobre el tema. El Tribunal Constitucional se negó a declarar
ilegal ese convenio, solicitud formulada por 17 senadores apoyados por
organizaciones campesinas, indígenas, y sociales.
El gobierno de Piñera envió en 2011 al Senado indicaciones para el
proyecto de BioSeguridad/Transgénicos, pero no pudo avanzar: ya se
dibujaba otro paisaje social. La movilización estudiantil copó la
agenda, dándonos tiempo para compartir con comunidades campesinas e
indígenas y estar en debates estudiantiles, de Iquique a Chiloé, con
ayuda de “Chile, la semilla campesina en peligro”, mi libro reportaje,
el primero referido a las guardadoras de semillas, y a las leyes
relacionadas con el tema.
Nace la campaña YNQT
Ese año 2011 nació la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, en
cuya fundación participó RAPAL junto a BioBio Orgánico, la Red
SocioAmbiental de Valparaíso, la Asamblea Social del Limarí, la Red
Ambiental del Norte, Chiloé Orgánico, Tierra Nueva, la Revolución de la
Cuchara, OLCA, Consumidores Conscientes de Valdivia, Linares y Ancud, y
Permacultores de la BioRegión del Maipo, entre otros colectivos. Se
multiplicaron las actividades de difusión que incluyeron un video de la
campaña (seguido por un documental de los “Transgeniales”) y más
adelante, fotos con Vandana Shiva, Manu Chao y Natalia Contesse
adhiriendo a la causa. Hicimos cabildos en Chillán con BioBio Orgánico y
publicamos la Guía de Alimentos que Pueden Contener Transgénicos;
desarrollamos talleres y acciones de autoetiquetado de alimentos
transgénicos en supermercados de Santiago y regiones, con la iniciativa
Exige Vivir Sano.
En 2012, el testimonio de apicultores en una audiencia pública convocada
por el Consejo para la Transparencia, visibilizó por primera vez el
daño causado por las semilleras: polen contaminado por el maíz
transgénico. El significativo fallo del Consejo, que puso fin al secreto
en la ubicación de los cultivos transgénicos, fue la respuesta a una
demanda presentada por RAP-AL en 2009.
En brazos de la pujante campaña, la senadora Ximena Rincón presentó un
proyecto de moratoria a los transgénicos y etiquetado de los alimentos
con ingredientes de ese tipo. Un estudio del científico francés Gilles
Séralini evidenció daños en pulmón e hígado y enormes tumores en ratas
alimentadas toda su vida con maíz transgénico y Roundup de Monsanto, lo
que alertó a sectores cada vez más amplios de la población que estos
alimentos no son sanos ni seguros.
En 2013 el gobierno de Piñera puso urgencia a la Ley de Obtentores, y
la campaña la rebautizó como Ley Mosanto, aludiendo a su mayor
beneficiario, junto a las empresas semilleras. Nació la Red de Semillas
Libres.
Argumentamos en la Comisión de Agricultura del Senado, que era una ley
innecesaria. Las empresas registran todos los meses sus híbridos en el
Registro de Semillas (dependiente del SAG), nacido al amparo de la
actual ley de Semillas y del Convenio UPOV del año 1978, y obtienen
enormes ganancias por su venta. Dijimos que los países ricos en
biodiversidad NO han firmado el convenio UPOV 91 y tampoco lo han hecho
países como Canadá, Nueva Zelanda e Italia que están entre los
principales registrantes de semillas en Chile. Denunciamos que el
intercambio de semillas, una práctica ancestral, sería criminalizada y
los campesinos y campesinas ya no podrían disponer libremente de la
semilla. Explicamos que generaría pérdida de biodiversidad por erosión
genética y porque las semillas nativas, así como las locales campesinas e
indígenas no tienen protección legal. Podrían ser registradas mediante
cambios cosméticos obtenidos en laboratorio a fin de ser “distintas” de
otras variedades. Chile no tiene catastro de su patrimonio fitogenético
ni ha firmado los tratados internacionales de Naciones Unidas que
protegen esos bienes (el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la
Biotecnología: los Protocolos de Nagoya sobre Acceso a los Recursos
Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios
Derivados; y de Responsabilidad y Compensación por Daño; el Tratado
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos). Denunciamos que los
pueblos indígenas no habían sido consultados según dispone el Convenio
169. Señalamos que los consumidores dependeríamos de los supermercados y
la agroindustria porque los campesinos al no poder pagar todos los años
semillas caras, migrarían a la ciudad y en sus territorios los
monocultivos transgénicos remplazarían los cultivos alimentarios.
Lo dijimos en el Senado y lo gritamos en la calle, en marchas,
velatones, intercambios de semilla y ferias. Con mensajes viralizados en
redes sociales, los senadores sintieron la funa ciudadana expresada en
las listas “verde” y “roja” sobre su postura frente a esta ley. Y
nuestro lobby constante, junto al esfuerzo de muchos y muchas personas,
colectivos y organizaciones logró que 21 senadores comprometieran
públicamente su rechazo al proyecto de “Ley Monsanto” y también lo
hicieran los candidatos presidenciales alternativos al binominal. La
presidenta Bachelet entendió el mensaje. Por ahora…
De:
http://www.biobioorganico.cl/?p=3531
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