La falacia como argumento

José Bruno del Río Cruz
¿Conoce usted alguna persona o empresa que pague por impuestos más de sus ingresos netos?, pues vea usted, entendido lector, que en el 2013 Petróleos Mexicanos pagó al fisco el equivalente a 124 por ciento de sus ingresos netos antes de impuestos, lo que ocasionó en parte que la empresa registrara una pérdida de 169 mil 93 millones de pesos, revelan informes de la paraestatal. Otros factores que influyeron en el balance negativo fue el menor volumen de producción y exportación, así como pérdidas cambiarias.
Pemex Exploración y Producción, el organismo subsidiario más importante, registró también una pérdida neta después de impuestos de 42 mil 78 millones de pesos, el primer impacto negativo en PEP desde 2004-2005. Pese a la reforma energética de 2008, tras la que se esperaba un alivio en el régimen fiscal de Pemex, el problema no ha cambiado e incluso se ha incrementado al pasar de una proporción de pago de impuestos sobre el rendimiento total antes de las contribuciones fiscales de 99.8 por ciento en 2012 a 124 por ciento en 2013.
¿Para qué aparentar una quiebra arreglada?
EL RIESGO DE LA ESCLAVITUD ALIMENTARIA

Quizá usted recuerde, amigo lector, cómo hemos insistido en el grave peligro de alterar la naturaleza del maíz, aportación de México al mundo y alimento fundamental de su pueblo. Como se acostumbra para introducir un nuevo producto al mercado, las gigantes trasnacionales encabezadas por Monsanto, iniciaron desde hace varios años una intensa campaña que llegó hasta las curules de nuestro Congreso, que el maravilloso grano modificado multiplicaría la posibilidad de alimentación para nuestra población, sin mencionar el peligro que significa quebrantar el orden natural sin realizar los necesarios experimentos que nos den la seguridad de no producir una catástrofe.
En la discusión en torno a la siembra del maíz genéticamente modificado, México no está más ante un problema político que científico. Se trata de la soberanía alimentaria, ya que se corre el riesgo de “acabar como esclavos de un monopolio gigantesco para la producción de alimentos”, sostuvo José Sarukhán, coordinador de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad.
El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México dijo lo anterior durante la presentación del libro “El maíz en peligro ante los transgénicos”, editado por la máxima casa de estudios del país y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.
El peligro, señaló, también reside en el abandono gubernamental de la investigación agrícola, pues eso generó dependencia de las empresas privadas, ya que seis firmas controlan 70 por ciento de la producción mundial de semillas. Durante su participación en el evento, que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, dijo que a partir de la reducción del presupuesto al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias “se dejó de generar ciencia básica de primera línea en campos esenciales para la producción de alimentos en el país.”
“No tengo problema con la biotecnología y los transgénicos, sino con la privatización en la producción de semillas, lo cual no es ético y debe encararse”, advirtió. Monsanto es la mayor empresa productora de semillas del mundo y pugna en México por la siembra comercial del maíz transgénico, señaló. Asimismo, destacó que mantener la diversidad genética de todas las semillas “no es meterlas en un refrigerador, sino mantener el proceso”. Cabe recordar que el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo se presenta como “el arca de Noé de los recursos genéticos”, por tener en refrigeración más de 175 mil muestras de maíz y trigo.
Elena Álvarez Buylla, integrante de la UCSS, dijo que la liberación de los transgénicos está empujada por el lucro, el cual “ha corrompido el debate científico. Se ha experimentado de manera antiética, y eso ha ocurrido porque implica beneficios económicos para muy pocos”. El compromiso, derecho y obligación de los científicos y de la sociedad es reservar el maíz, pero no con la tecnociencia empujada por el lucro. El reto es desarrollar una ciencia sin conflicto de intereses, que esté comprometida con el conocimiento, la vida, la justicia social y la sustentabilidad.
LAS ENSEÑANZAS DEL PASADO
En una de las “cartas de relación” que envió Hernán Cortés al Rey de España, se asombraba de la facilidad y rapidez con que resolvían sus dificultades los pueblos indígenas con una justicia pronta y eficiente, como la que ahora se trata de obtener por medio de los juicios orales y que ellos también quieren agilizar. En efecto, diversos pueblos indígenas del país han vuelto a poner en práctica modelos de resolución de conflictos en el seno de sus comunidades, que buscan sobre todo la conciliación entre las dos partes de un conflicto, más que encarcelar a la gente, imponer multas o buscar culpables.
Así lo ilustra el documental Raíces de Nuestra Justicia, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el que se muestran diversos esquemas de procuración de justicia de los pueblos originarios, basados en la “reeducación” de los infractores.
Uno de estos sistemas, ilustra la cinta, es el de los pueblos tzeltales de Chiapas, mediante el cual el banquilla o juez analiza un diferendo con la ayuda de los xuhts –quienes por lo general son jóvenes de la comunidad-, un secretario de acuerdos y un trencipal cuya labor es verificar que el juez actúe de manera imparcial.
Con esta figura, los “arregladores de conflictos” resuelven problemas regionales que van desde alcoholismo y drogadicción hasta violencia intrafamiliar y prostitución, mediante visitas a los acusados y pláticas entre ambas partes hasta que se llega a un acuerdo, al margen de dinero, multas o castigos. En el caso de los mixes o ayuuk, quienes habitan en el norte del estado de Oaxaca, la asamblea general del pueblo nombra a los encargados de impartir justicia al interior de la comunidad, con la ayuda de un consejo de ancianos o principales, quienes son los encargados de buscar la conciliación “con una forma más apegada a nuestra realidad más rápida y más humana”.
La etnia wirrarika, asentada sobre todo en Durango, Jalisco y Nayarit, también ha desarrollado su propia forma de justicia mediante un sistema colegiado, en el que participan las autoridades tradicionales (tatwanis y jicareros), civiles y agrarias, asesorados también por un consejo de ancianos.
Por último, el documental muestra la forma en que lleva a cabo su labor la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias en diversas poblaciones ñuu savi y mestizas de la región Montaña de Guerrero, interviniendo tanto en delitos menores como en otros de mayor gravedad.
En todos esos esquemas de seguridad local, coincidieron los indígenas, se privilegia la conciliación por encima del castigo físico o la imposición de multas económicas, lo que ayuda a resolver conflictos sin recurrir al Ministerio Público, que “sale muy caro, no soluciona los problemas y no traduce bien” el proceso judicial en las lenguas de los acusados. Como usted ve, no hay nada nuevo bajo el sol.

De:
http://eldiariodevictoria.com.mx/2014/03/02/la-falacia-como-argumento/