La propuesta de una nueva ley de ciencia y tecnología presentada por la senadora Ana Lilia Rivera ha causado revuelo mediático, la cual, sin embargo, está lejos de tocar el verdadero fondo de la controversia: durante casi dos décadas el sistema público de ciencia y tecnología en México ha sido modelado para convertirse en una fuente de jugosos subsidios para enormes empresas trasnacionales y nacionales, que sólo ha abonado a sus ganancias privadas sin dejar nada al país.
Los que más airadamente opinan en este debate mediático son quienes han construido y defienden ese statu quo, un sistema de ciencia y tecnología drenado por el huachicoleo científico legalizado, con líneas de trabajo que favorecen a las élites y que no responden a las necesidades de la mayoría de la población.
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